Home / Opiniones / Alcaldes están obligados a aceptar fallo del TC sobre uso de suelo
Regidor Manuel Soto Lara, del BIS
Regidor Manuel Soto Lara, del BIS

Alcaldes están obligados a aceptar fallo del TC sobre uso de suelo

Por Manuel Soto Lara,
En el caso del innecesario conflicto de competencia en los ayuntamientos por el otorgamiento de uso de suelo y de permisología de construcción a partir del cambio normativo del año 2007, el Tribunal Constitucional ha tenido que encender la linterna de Diógenes a plena luz del  día.

Tal es la obstinación de muchos alcaldes por no querer ver lo que era más que evidente, que el uso de suelo, en virtud de la ley de la materia, es competencia de los concejos de regidores.  Muchos expertos municipalitas contribuyeron a forjar y luego  a afianzar ese errático criterio en la siquis arrogante de  muchos alcaldes.

Cuenta la crónica que cierto día, Diógenes,  el filósofo ateniense, andaba a plena luz del día alumbrando con una lámpara por las calles de Grecia y al ser interpelado sobre su extraña conducta habría respondido “Busco a un hombre serio”.

En Ciudad Oriental, testigo de excepción,  reposa la memoria histórica de mis esfuerzos sobre el particular. El Tribunal Constitucional me ha dado la razón y lo comienzan a aceptar los municipalitas.  La normativa es clara.  El otorgamiento de uso de suelo es una atribución de los concejos de regidores. No de las alcaldías.  Estas se parapetaron en una ley del 1963, la No. 6232, sobre planificación urbana. Obviando que la ley 176-07 es de 2010, y que “la última en el tiempo es la primera en el derecho”.

Nuestro Tribunal Constitucional sentó precedente, con voto salvado del magistrado Idelfonso Reyes,  con la sentencia TC/0152/13 al establecer “(…)   DECLARAR que el Distrito Municipal de Verón-Punta Cana es un órgano desconcentrado del municipio Salvaleón de Higüey, y por tanto, carece de competencia para crear una Oficina de  Planeamiento Urbano y la concesión de permiso para la construcción, demolición y uso de suelo en su demarcación territorial, así como para la creación de arbitrios de cualquier naturaleza, sin previa autorización del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey, por ser este el órgano con facultad normativa y reglamentaria, conforme a las previsiones de la Constitución y las Leyes núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y 6232-63 sobre Planificación Urbana”.

Es evidente que el Tribunal Constitucional, al disponer que el uso de  suelo y demás facultades periféricas corresponde a los concejos de regidores, “por ser este el órgano con facultad normativa y reglamentaria”,  tomó su decisión con la Ley de planificación urbana del año 1963 a la vista. Lo que ha quedado implícito entonces es que, conforme a la Ley Municipal No. 176-07 y la interpretación que de ella hace el Tribunal Constitucional, el otorgamiento de uso de suelo no es un acto administrativo puro y simple, sino  normativo y reglamentario. De ahí que su competencia no corresponda al ente administrativo, sino al órgano colegiado.

El Tribunal Constitucional, afianzando su criterio en lo relativo a ese conflicto de competencia, al momento de fallar, anulando una sentencia de amparo dictada en Higüey en contra de la alcaldesa,  por presuntamente no haber otorgado una licencia de uso de suelo, el tribunal retuvo que “…, corresponde la facultad para la aprobación de los proyectos a los fines de otorgar el permiso de uso de suelo y edificación al Concejo de Regidores, no así a la alcaldesa como erróneamente interpretó el juez de amparo, …”.

Ahora ha quedado claro que, como lo he sostenido siempre, no había motivos para darse en el pecho, en señal de arrepentimiento, cuando suspendimos a la entonces Directora de Planeamiento Urbano sin disfrute de salario, por usurpar las funciones del Concejo otorgando uso de suelo, paralizando obras e incautando equipos, de construcciones, como hicieron algunos luego de un ameno encuentro con el entonces alcalde.

Este tema, ahora a propósito de la irresponsable instalación de una turbo-planta de generación energética en el corazón mismo de la emblemática y colorida comunicad de   Los Mina, cuyo uso de suelo fue otorgado administrativamente, planta que ha sido definida como una bomba de tiempo que en cualquier momento podría convertir la localidad en una catastrófica  nube de fuego,  ha concitado la atención del prominente municipalita y amigo entrañable Waldys Taveras.

A Waldys debo parte importante de mi humilde acervo municipal. En trabajo sobre el tema publicado en este mismo medio con el título: El TC lo ha dicho: “Los Concejos de Regidores aprueban uso de suelo y construcción”,  expresa su pesimismo, al establecer: ¿Bajo qué criterio técnico aprobarán los Concejos de Regidores lo usos de suelo y los permisos de construcción? ¿Cuántos ingenieros o arquitectos tenemos en nuestros Concejos de Regidores?” Olvida mi maestro que en nuestro país desde el año 1952 con las leyes Nos. 3455 para los municipios y 3456  para el Distrito Nacional, hasta el año 2007 cuando fue promulgada la actual Ley No. 176-07, esa fue competencia de los concejos de regidores, y como ahora estos no tenían ingenieros.

Aunque Waldys concluye su citado trabajo de opinión diciendo “QUE DIOS NOS SAQUE CON BIEN”, en ese mismo párrafo dice “…requerirá comprensión de la corresponsabilidad en el gobierno municipal entre Alcaldes y Regidores”. Como se observa, él mismo alude la solución. Hacer lo que durante más de medio siglo hicimos bajo el imperio de las citadas leyes de 1952: Planeamiento urbano es la oficina requisitoria del cumplimiento técnico y de las formalidades legales. Una vez agotados estos procedimientos tramita al Concejo  con su opinión favorable o no. El concejo decidirá. Como se observa, es una labor combinada.

No hay dudas de que se trata de una atribución de los Concejos Edilicios. Soy de opinión que, no obstante,  todo lo relacionado con uso de suelo y permisos de construcción no debe ir al concejo. Por eso soy partidario de una reglamentación para delegar las “cuestiones ordinarias” a la administración municipal para hacer más ágil su despacho. No conozco una prerrogativa que haya hecho más daño a la imagen pública de los concejales que la permisología. Ella también ha corrompido a la administración.

Vea también

Danilo Mesa

Esta es la advertencia de Danilo Mesa tras conocer condena al ex alcalde Raúl Mondesí

Por Robert Vargas Tras enterase de la condena a ocho años de prisión y al …

Leo Calderón

¿Está el ASDE a las puertas de un nuevo escándalo? + Vídeo

Por Robert Vargas ¿Será que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este estaría a las puertas …

Comentarios: