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Alvaro Arvelo y Cladia Pérez, La Tora.
Alvaro Arvelo y Cladia Pérez, La Tora.

Alvarito, La Tora y la cultura del “¡Tránquelo!”

Por Robert Vargas
Los más mayorcitos recordamos a la perfección aquella época en la que cualquier sargento u oficial de teniente en adelante, ordenaba encerrar en la cárcel a quien le diera la gana con una simple orden: “¡Tránquelo!”.

No solo lo hacían policías y militares, sino altos cargos de los partidos Dominicano y Reformista Social Cristiano.

Bastaba una orden en ese sentido para que aquella persona fuera encarcelada… sin tiempo.

Si era un oficial quien ordenaba el arresto, el desdichado era mantenido en la cárcel hasta que él tipo aquel apareciera.

-“Ese es un preso de fulano”, decían en el cuartel.

Esos arrestos podrían ser dispuestos por cualquier motivo, entre estos, porque la persona en cuestión fuera opositora al gobierno; tuviera un “perfil 144” (sospechosa); porque tenía un corte de pelo “raro”; vestía con los colores comunistas (rojo y negro y/o verde y negro).

O, sencillamente, “porque estaba enamorando mi mujer”.

No mediaba entre la la orden de detención y el arresto propiamente dicho, una disposición judicial de una autoridad competente, vale decir, de un juez con autoridad para tal cosa.

Era la voluntad “del jefe”.

Con el paso de los años, y luego que el país fuera sembrado de muertos por los distintos gobiernos desde Trujillo hasta hoy, las cosas fueron cambiando poco a poco.

Esos cambios han costado un río de sangre.

Ahora no es tan fácil que una persona pueda ser arrestada sin la mediación de una orden judicial.

Ya la gente sabe que se requiere de la orden de un juez y la presencia de un fiscal para poder penetrar a una residencia o local, a menos que se trate de circunstancias muy especiales en que la vida de alguien está en peligro inminente.

Cuando los ciudadanos perciben que van a ser víctimas de un abuso por la autoridad, paran el pecho y le gritan a la cara:

-“¿Por qué tú me vas a llevar preso?”.

-“¿Dónde está la orden de un juez?”.

Incluso, si el fiscal se presenta, la gente le exige a este que le presente la orden de ese juez.

En otros tiempos, la respuesta habría sido un garrotazo acompañándo de un “¡cállese! y “¡Yo soy la autoridad!”.

Quien así actúe en estos tiempos, sabe perfectamente que corre con el riesgo de ser demandado en los tribunales por abuso de autoridad y violentar derechos fundamentales.

Esa cultura del “¡Tánquelo!”, poco a poco ha quedado en el pasado.

Mucha sangre ha corrido y muchos muertos hay por ahí.

Las conquistas actuales no son un regalo de nadie, al contrario, es el fruto de muchos sacrificios, heridos, destierros, encarcelamientos, desapariciones y muertes.

Sin embargo, muchos dominicanos tenemos metida en  el cerebro esa cultura.

No es fácil despojarse de ella y, con una facilidad absoluta e impresionante, se la aplicamos a otros, sin darnos cuenta que estamos “amolando cuchillos para nuestra garganta”.

Quienes han saltado de alegría al conocer que a Alvaro Arvelo (Alvarito) y a Claudia Pérez Ramírez (La Tora), la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía les prohibió hablar por la radio y la televisión durante cierto tiempo, no se han dando cuenta de que estaban celebrando un regreso al pasado trujillista.

Con ellos, la CNEPR aplicó la misma orden de “¡Tránquenlos!“, sin que mediara una orden de un juez, por tanto, les fueron violentados a ambos sus derechos fundamentales.

Si Alvarito y La Tora cometieron alguna violación a las leyes, no es a esa comisión trujillista a quien le correspondería establecer sanciones, sino a un tribunal, donde los presuntos infractores tuvieran la oportunidad de defenderse tal como manda la Constitución de la República.

Por igual, si fuere necesaria la adopción de una medida drástica como la prohibición de hablar por radio o televisión, tampoco sería a esa comisión trujillista a la que le correspodería dictarla, sino a un juez, que muy bien podría ser uno de atención permanente.

Desde mi punto de vista, la CNEPR ha violado derechos fundamentales de Alvarito y La Tora y lo menos que podría hacer ese órgano trujillista es levantar esas sanciones cuanto antes y sujetarse al imperio de la ley.

Si Alvarito violó la Ley al decir lo que dijo de Duarte, eso debería ser decidido en los tribunales, donde las partes presenten sus alegaciones y el tribunal decida, tras escucharlos y comparar lo que dicen con el contenido de la Cosntitución y las leyes.

Lo mismo diríamos para el caso de La Tora. Es en los tribunales donde se debe decidir, no en una oficina que opera al amparo de una ley trijillista y a atrasada.

Es posible que algunas personas se desgarren las vestiduras al leer este punto de vista, sin embargo, es necesario hacer constar que la libertad de expresión de la que hoy disfrutamos no puede ser tirada por el suelo.

Es posible que algunas personas no entiendan lo que decimos, por tanto, vamos a explicarselo de forma más simple:

Asumamos, por ejemplo, que el poder de censura de esa comisión trujillista sea extendida a las redes sociales, ¿Cuántas personas serían prohibidas de expresarse en las redes sociales”, en Youtube, en WhatSaap o cualquier otra?.

Somos del criterio de que el país consciente debería levantarse a defender el derecho de Alvarito y La Tora a continuar usando la radio y la televisión y, si ellos o cualquier otro viola la ley, entonces, que sea un tribunal que decida qué hacer, siempre apegados a las leyes y la Constitución de la República.

Quienes no entiendan este detalle tan simple, es muy posible que en un futuro no muy lejano se estén arrepintiendo, pero quizás ya sea demasiado tarde.

Esto me recuerda aquella ocasión en que Ciudad Oriental se atrevió a aceptar y publicar los artículos de opinión del convicto Mario Redondo Llenas.

Sin embargo, tenemos la satisfacción de que el Tribunal Constitucional, en un fallo histórico, reconoció el derecho constitucional de este y todos los reclusos a publicar artículos de opinión, no solo en Ciudad Oriental, sino en cualquier medio.

Visto de lejos, esto no tiene mayor importancia.

Pero, si recordamos que durante los tiempos de la represión política las mujeres metían en su vagina los escritos de los presos políticos para llevarlos a los periódicos legales o clandestinos, arriesgándose a ser encarceladas con un “¡tránquenla!, si recordamos ese detalle, entonces entenderemos mejor la importancia del fallo del TC respecto de Redondo Llenas.

Por igual, sería importante que alguien o alguna institución recurra a los tribunales para hacer trizas, de una vez y por todas las violaciones que comete la CNEPR.

Más importante que eso sería lograr que la gente entienda la importancia de preservar derechos fundamentales, que bastante sagre y muertos han costado a este pueblo.

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