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Alcalde Alfredo Martínez
Alcalde Alfredo Martínez

El Cañero bloquea él mismo una iniciativa suya que pudo derivar en su destitución

Por Robert Vargas
El alcalde Alfredo Martínez se habría visto obligado a bloquear él mismo una iniciativa suya adoptada el pasado diciembre y que, eventualmente, pudo derivar en su destitución y envío a prisión junto a un grupo de concejales que siguieron sus orientaciones sin importarle las potenciales consecuencias.

Según ha publicado un medio digital cercano a El Cañero, este funcionario ha adelantado un recurso de reconsideración a la resolución que del Concejo de Regidores que aprobó la compra por unos 400 millones de pesos  de más de 200 mil metros cuadrados de terreno en San Luis para la construcción de un cementerio.

La adquisición sería hecha sin cumplir con lo establecido por la ley de compras y contrataciones que lo obliga a convocar una licitación.

Esa infracción, en caso de haberla ejecutado, lo habría puesto a él y a los regidores que le respaldaron de camino al banquillo de los acusados con la posibilidad de tener que pagar ese dinero de sus bolsillos, ser destituido y ser enviado a prisión por hasta dos años.

No solo eso, sino que, en caso de ser condenados de forma definitiva, tendrían prohibido asumir cargos públicos durante al menos cinco años.

En caso de ser cierta la información del medio, sería  la primera vez en la historia del Ayuntamiento Santo Domingo Este que un alcalde bloquea una resolución que él mismo animó a los regidores para que la aprobasen. 

El pasado 23 de diciembre, poco más de 20 regidores optaron por desafiar la ley para respaldar la iniciativa de El Cañero, que les pidió que le aprobaran ¡en una sesión extraordinaria! la resolución que lo autorizaba a comprar los terrenos sin atender los requerimientos de la Ley, tal como en su momento lo advirtió el concejal del Bloque Institucional Socialdemócrata, (BIS), Manuel Soto Lara.

De los regidores peledeístas solo dos se abstuvieron en esa votación: Danilo Mesa y Monserrat Calderón.

Sin embargo, El Cañero logró el respaldo los dos regidores del Partido Reformista Social Cristiano, (PRSC); la única regidora del Partido Dominicanos por el Cambio (DxC); los tres regidores del Partido Revolucionario Moderno, (PRM); y al menos uno de los dos regidores del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, (PQDC), Miguel Pacheco, que desafió las orientaciones del pastor Dío Astacio, quien le recomendó reclamar una licitación y no votar por el proyecto de Martínez.

Se opusieron además los concejales del Frente Amplio y  los del Partido Revolucionario Social Demócrata.

Soto Lara anunció ese mismo día que iría a los tribunales para imputarlos de cargos a todos por violar la Ley de Compras y Contrataciones.

Sin embargo, al parecer El Cañero aprovechó el fin de año para recapacitar y decidió zafarse de esos pleitos judiciales que lo pudieran llevar a comprometer su patrimonio persona que, según su declaración jurada, asciende a unos 84 millones de pesos.

En un esfuerzo por dar a su iniciativa la transparencia a la que se negó hace menos de dos semanas, según el medio, ha sugerido la integración de una comisión en la que estén involucrados sacerdotes, pastores evangélico y gremios de profesionales.

Al parecer, el alcalde ahora quiere que sean estos quienes asuman una responsabilidad que le compete a él y a los concejales.

No está claro cómo reaccionarán ahora los poco más de 20 regidores que el 23 de diciembre pasado aprobaron la resolución que su promotor ahora pide reconsiderar.

En caso de acceder a su solicitud, podría quedar demostrado que ese grupo carece de cabeza propia para pensar y actuar y, en caso de insistir en la permanencia de la resolución, se arriesgarían a perder sus puestos y a ir a la cárcel.

En pocas palabras, el grupo de regidores y el alcalde parece que han hecho “un papelazo”.

Por lo pronto, el síndico ya dio el primer paso para “sacar la pata”.

 

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