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Inspectores y Policías Municipales ¿Autoridades o Bandas Municipales?

Por Waldys Taveras
Soy un defensor de la autoridad de los gobiernos locales, he dicho hasta la saciedad que el Poder Ejecutivo especialmente en el gobierno que encabeza Danilo Medina, las competencias de los ayuntamientos han sido secuestradas, que el Presidente Medina como todo emperador de nuevo cuño, ha ahogado económicamente los gobiernos locales, que ha anulado la autoridad de los Alcaldes y Regidores en sus territorios, lo que da como resultado que los ciudadanos no sientan respeto por ellos ni los considere una autoridad, por lo que muchas autoridades locales y los tumba polvos que los acompañan, desahogan sus frustraciones y pérdida de poder cebándose en los más humilde ciudadanos.

Conmovido por el incidente que publica magistralmente Ciudad Oriental, acontecido entre empleados del A.S.D.E. que dicen ostentar la condición de inspectores municipales de defensoría del espacios público del Municipio Santo Domingo Este y el ciudadano Edwin Reyes Caraballo quien violando las disposiciones legales ocupa el espacio público para provecho particular con un negocio de venta de pollos horneado, hago la siguiente anotación:

La ley 176/07 del Distrito Nacional y los Municipios dispone en su Art. 159 que: El concejo municipal a propuesta del sindico/a, designará inspectores para ………………….velar por el cumplimiento de las ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales. Los mismos deberán prestar el juramento constitucionalmente establecido antes del inicio de sus funciones.

En la mayoría de los Ayuntamientos no existe resolución del Concejo de Regidores que designe los inspectores que son los ciudadanos con competencia para velar por el cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos municipales, por lo que quienes se presentan y asumen la condición de inspectores para perseguir a los violadores de las normas municipales sin estar designado por el Concejo de Regidores cometen el crimen de usurpación de una función pública, de esa debilidad no se escapa el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que según las resoluciones ese Concejo solo ha designado a Guillermo Castro Suárez, Director de la Defensoría y Uso del Espacio Público, por lo que solo el tiene la condición de autoridad municipal para perseguir a los ocupantes de los espacios públicos municipales de Santo Domingo Este.

Como no hay otras designaciones por el Concejo de Regidores quienes golpearon a Edwin no tiene la condición de inspectores municipales por lo que son simples ciudadanos que se han arrogado unas funciones públicas para las que no están regularmente designados, por lo tanto sus acciones son ilegales y por tratarse de una acción reservada a una autoridad debidamente nombrada y juramentada estos ciudadanos son reos del delito de usurpación de funciones públicas, Y CONSTITUYEN SIN QUERERLO BANDA DELINCUENCIAL QUE ACTUA ILEGALMENTE EN NOMBRE DE LA AUTORIDAD Y LA LEY MUNICIPAL.

El art. 88 de la Ley 176/07, constituye una revolución en torno a las responsabilidades de los funcionarios municipales cuando señala: Los miembros de los ayuntamientos están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo; de la disposición del art. 159 de la Ley 176/07, podemos colegir que tanto el Alcalde Alfredo Martínez, por su acción de enviar a la calle a ciudadanos a realizar acciones para la que no están investidos regularmente, como los miembros del Concejo de Regidores por omitir su responsabilidad en esta designaciones de funcionarios públicos, pudieran tener que responder por la acciones que han cometido estos usurpadores de la función pública de inspector municipal, y en consecuencia podrían ser demandados por los daños y perjuicios que estos ciudadanos compañeros de partido, deseosos de demostrar tener autoridad y poder cometen contra los ciudadanos violadores o no de las normas municipales.

Ees prudente recordar que no hace mucho tiempo un importante Alcalde del Gran Santo Domingo vio comprometido su patrimonio personal de dos apartamentos con sentencias definitiva de los tribunales como resultado de las acciones de los llamados defensores del espacios público no regularmente designados.

LOS POLICIAS MUNICIPALES.

Otro peligro que asecha a los Gobiernos Locales (Ayuntamientos) es la designación de los llamados Policías Municipales, que actúan también dentro del marco de la ilegalidad con una mayor peligrosidad que los impostores inspectores municipales, estos Policías utilizan armas de fuego como instrumento de reglamento para imponer una supuesta autoridad.

Instituidos en la Ley Municipal 176/07, en los Art. 173, y 174, que señalan: La Policía Municipal es la organización con jurisdicción dentro de los límites del municipio, integrada en un cuerpo policial único y especializado para asuntos municipales, de naturaleza jerárquica, adscrita al ayuntamiento y bajo la autoridad inmediata del sindico/a con la supervisión técnico profesional de la Secretaria de Estado de Interior y Policía. La Policía Municipal es una institución obligada a preservar los bienes municipales y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones municipales.

Si tomamos en cuenta esta disposición ante la realidad de que los Policías Municipales se han convertido mayoritariamente en cuerpos al servicio del ego de grandeza de muchos Alcaldes y nido de protección a actos vandálicos es preciso preguntarse ¿qué especialidad en asuntos municipales y donde han adquirido esa especialidad los compañeros investidos con la condición de Policías Municipales? ¿Qué supervisión técnico profesional realiza el Ministerio de Interior y Policía sobre ellos? ¿Cuáles reglamentos de puestos y funciones ha dictado el Concejo de Regidores para sus actuaciones? Pero su propia designación colide con las competencias de los inspectores municipales preservar los bienes municipales y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones municipales.

Reconozco del Alcalde Alfredo Martínez su cercanía con los ciudadanos y agradezco sobre manera la amigable conversación telefónica que sostuvimos esta mañana sobre este tema, aunque degeneró en otros tópicos relacionados con el tema pero coincidimos grandemente en que este país está obligado a recuperar la autoridad de los gobiernos locales y esa autoridad cercana a los ciudadanos, en mi caso reitero que esa autoridad local no se recupera mientras quienes la pretendan ejercer lo hagan en violación a las leyes y derechos de los ciudadanos, sin que se fiscalice quienes salen a la calle en nombre y representación de la institución municipal.

Espero que los ciudadanos afectados comprendan que tienen derechos pero también deberes sin embargo es inaceptable que un grupo de ciudadanos en nombre de la municipalidad y sin ostentar esa calidad se conviertan en banda delincuencial poniendo en peligro la responsabilidad civil y penal de Alcaldes y Regidores como sucedió en Santo Domingo Este.

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