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El coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad de Santo Domingo, UASD, expresa la posición de los consumidores y el Sector Social del Pacto Eléctrico ante el anuncio de que se firmará este acuerdo
El coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad de Santo Domingo, UASD, expresa la posición de los consumidores y el Sector Social del Pacto Eléctrico ante el anuncio de que se firmará este acuerdo

Desenmascaran punto por punto la estafa del pacto eléctrico

Posición de los/as Consumidores/asy Sectores Sociales Ante el Pacto Eléctrico ¡No hay pacto eléctrico sin los consumidores/as!

¡No puede haber Pacto Eléctrico para aumentar la tarifa, sin saneamiento de las EDEs, sin veeduría social independiente y asegurando la violación de la ley!

Las organizaciones de consumidores eléctricos afirman que el Pacto Eléctrico fracasó y que la esperanza del país ha sido burlada debido a la que no es transparente la actitud del gobierno y de una parte de empresariado monopólico. La conducta del funcionariado público “pospone la superación de la crisis histórica del sector eléctrico, a un costo de miles de millones de dólares y la condena de nuestro país a la prolongación del subdesarrollo y la pobreza”.

Desde antes de la pre-plenaria del 17 de agosto pasado, el sector social unificado, en carta dirigida a Monseñor Agripino Núñez Collado y los integrantes del Pacto Eléctrico, señaló que: “Por estas razones, el grupo de organizaciones debajo firmantes, … le informamos que retira su apoyo a todos los consensos temáticos alcanzados hasta el momento, por lo que, de acuerdo a la metodología que nos dimos, todo el Pacto se encuentra en disenso. En este tenor le solicitamos que informe de esta situación a los demás participantes del Pacto antes de que se produzca la sesión plenaria del 17 de agosto próximo.” Este mismo proceso fue notificado mediante acto de alguacil y emplazamiento de recurrir en justicia el proceder irregular de las autoridades.

El Pacto de que se habla ahora es una simple maniobra que aparenta cambiar algo para que todo siga igual y empeore, profundizando la crisis del sector, asegurando el aumento de la tarifa eléctrica a consumidores/as y afectando más severamente las condiciones de la familia dominicana y las angustias del sector productivo del país y los/as usuarios empresariales medios y pequeños, que irán a la quiebra segura de sus negocios.

Nosotros, los consumidores y otros sectores sociales, después de tres años y más de 24 mil horas de trabajo técnico empleadas en estudiar, consultar y discutir el tema eléctrico, reiteramos que la imposición de los intereses del funcionariado y una parte de la cúpula empresarial monopólica, abortaron la posibilidad de un pacto que saneara el sector, terminara el esquema de fraude instalado en la distribución de energía, hiciera transparente el negocio de energía y los contratos de generación, promoviendo un servicio de calidad y con tarifas.

Desde hace tres meses el Sector Social se retiró de las discusiones y exigió el respeto a la metodología aprobada consensualmente y el funcionamiento del el Comité Técnico de Apoyo (CTA), pero la Dirección Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES) y los representantes del gobierno central “elaboraron” y presentaron un documento que llena de ilegitimidad el proceso y que recoge esencialmente las posiciones del gobierno y parte de la cúpula empresarial.

El falso consenso es un simple acuerdo entre funcionarios, vendedores de electricidad y generadores eléctricos

El documento presentado como propuesta de Pacto Eléctrico es un retroceso que deteriora mucho más los derechos del consumidor establecidos en la legislación vigente desde el año 2001: más del 80% del mismo constituye una reiteración de los contenidos de la legislación y las regulaciones vigentes y continuamente violadas, mientras que el otro 20% propone contra-reformas sobre los derechos del consumidor.

Lo que en verdad se pretende es:

● Desconocer la deuda de miles de millones de pesos que el gobierno adeuda a los consumidores/as de energía eléctrica, y suprimir de hecho LA COMPENSACIÓN POR APAGONES, que como establece la ley obliga al pago del 150% del costo de la energía a favor de los usuarios por cada hora de apagón;

● Eliminar el pago del 10% que los Usuarios No-Regulados (UNRs), deducible del ahorro que tienen por la compra de energía, para aplicarlo a la baja de la tarifa eléctrica.

● Violar la ley y las decisiones de justicia dejando en una especie de limbo y postergando hasta un futuro indefinido la mejora del alumbrado público municipal.

● Negar la creación de un sistema de Veeduría Social Independiente (que no sea nombrado por el gobierno) y la definición de un régimen de consecuencias, que castigue a los funcionarios y empresas estatales y a todos/as los/as que violen los acuerdos y lo establecido en las leyes y reglamentos.

● Mantener bajo control del Poder Ejecutivo a la Superintendencia de Electricidad, negar su independencia y autonomía en la regulación del mercado y la defensa del consumidor.

● Utilizar el Pacto para legitimar y encubrir la estafa contra el Estado dominicano que significa la construcción de las Plantas a Carbón de Punta Catalina.

Nos sentimos profundamente frustrados ya que las propuestas fundamentales de los consumidores y sectores sociales fueron declaradas en disensos, diluidas o simplemente eliminadas.

El balance refleja un empeoramiento de las condiciones y derechos de los consumidores con respecto a las provisiones originales de la reforma del sector establecidas en la Ley General de Electricidad (125-01) y sus modificaciones. El resultado parece más bien una contra-reforma eléctrica en contra de los consumidores y a favor de las empresas e instituciones estatales y los grandes monopolios de generación eléctrica.

Por tanto, NO HAY PACTO ELECTRICO SIN LOS CONSUMIDORES/AS Y LO PROPUESTO POR EL GOBIERNO Y UNA PARTE DE LOS GRUPOS MONOPÓLICOS no ofrece ninguna garantía en los siguientes temas:

● Que el consumidor no será abusado con aumento de la tarifa eléctrica en el larguísimo periodo (hasta 2022) de saneamiento del sistema eléctrico, el cambio de matriz y la conversión en eficientes de las empresas eléctricas del Estado.

● Que se implantará un Sistema de Seguimiento del pacto y Veeduría Social independiente y autónomo, con financiamiento garantizado, que no pueda ser manipulado por funcionarios públicos o los poderes económicos.

● Que se recompensará a los usuarios por los apagones reembolsándoles el equivalente del 150% por cada hora de interrupción del servicio eléctrico, como establece la ley 125-01.

● Que se cobrará el 10% de beneficios extraordinarios de los usuarios no regulados por comprar la energía más barata, con el fin de ser aplicado a la baja de la tarifa de los usuarios regulados, como establece la ley 125-01.

● Que se dispondrá de un sistema de alumbrado público decente, moderno y sustentable tal como es estipulado en la ley 125-01.

● Que las Empresas de Distribución Eléctrica (EDEs) serán saneadas hasta convertirlas en empresas eficientemente dimensionadas.

● Que se produzca la reestructuración y articulación eficiente de las instituciones del sector eléctrico para acabar con el clientelismo, tal como se plantea en las leyes respectivas.

● Que se saneará la Empresas de Generación Hidroeléctricas (EGEHID) para elevar su producción, productividad e inversiones.

● Que habrá compromisos concretos para la promoción de la energía renovable y alternativa, orientada a la reducción de las emisiones de CO2 y al cumplimiento de los convenios y tratados internacionales sobre el medio ambiente, de los que somos signatarios y como lo pauta la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2017).

Finalmente, entendemos que es moral, ética, política y espiritualmente inaceptable que los resultados principales del Pacto no incluyan el compromiso de rescindir el contrato de construcción de las centrales generadoras en Punta Catalina, la recuperación del dinero robado con las sobrevaluaciones, la aplicación estricta de la ley sobre sobornos y la expulsión de Odebrecht del país, de forma que permita abrir paso a un nuevo modelo de negocios más transparente tal y como hemos sostenido.

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