Waldys Taveras
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Los abusos en las aprobaciones y licencias de operación: Quita Sueño de Haina y SDE

Por Waldys Taveras
Los directores de Medio Ambiente y Salud Publica de San Cristóbal, por haber autorizado a FALCONDO a continuar derramando combustible en el sub suelo de Quita Sueño de Haina al igual que los Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que concurrieron con su voto o no hicieron constar que votaban en contra de la aprobación de una estación de expendio de combustible en un país con instituciones de control y de ciudadanía responsable, tendrían que dar explicaciones de porque tomaron esas decisiones de urgencia y sin consultar a los ciudadanos que pudieran ser afectados.

La constitución dominicana del 2010, constituye una revolución en los derechos de los ciudadanos frente a los políticos que administran la cosa pública, previo a esa constitución los funcionarios públicos no estaban sujetos o muy poco sujeto al escrutinio público, su elección o designación era una patente de corso para hacer lo que quisiera y tomar las medidas que quisiera en la institución que dirigían sin tener que consultar a nadie y sin consecuencia por sus actuaciones.

Aunque todavía hay funcionarios públicos que no han asimilado el cambio y muchos ciudadanos desconocen sus derechos ante la administración pública, derechos que han sido consagrados en una ley titulada Los Derechos de las Personas en Sus Relaciones con la Administración (Ley 107 del 2013), que tiene como fin fundamental garantizar que el funcionario público sea un servidor que consulte y rinda cuenta a los ciudadanos que lo eligieron para la administración del patrimonio público y la regulación de los bienes colectivos.

Esta ley impacta significativamente en la administración pública y el desarrollo de las actividades municipales porque limita a los todopoderosos funcionarios, especialmente en la formulación y ejecución del presupuesto pero también en la facultad para el otorgamiento de licencias y permisos de operación de establecimientos comerciales y construcción, piedra de escándalo en muchos ayuntamientos en virtud de que dichas licencias y permisos se emiten sin la previa información y consulta a los ciudadanos, por lo que cabe la pregunta ¿tenían derechos los funcionarios de medio ambiente y de salud pública de San Cristóbal a ordenar de urgencia la continuación de los trabajos que realiza Falcondo sin previamente informar sus motivos a los ciudadanos  del entorno? ¿tenían derecho los regidores de Santo Domingo Este de aprobar de urgencia la ampliación de una estación de expendio de combustible sin previamente oír los ciudadanos de ese entorno?

Consideraciones con relación a Quita Sueño la limito por prudencia procesal, del litigio que ahora comienza y del que formo parte en representación de la comunidad y de la Junta de Distrito Municipal.

En cuanto a lo del Concejo de Regidores de Santo Domingo Este  el art. 199 de la constitución establece que la administración local goza de una serie de prerrogativas y competencias entre ella ¨autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo fijado de manera expresa por la ley y sujetas al poder fiscalizador del Estado Y EL CONTROL SOCIAL DE LA CIUDADANIA¨

Este control ciudadano establecido en la constitución lo ha reglamentado la ley 107/13 que entre otras disposiciones establece estos derechos de los ciudadanos en su Artículo 4. Se reconoce el derecho de las personas a una buena Administración Pública, que se concreta, entre otros, en los siguientes derechos subjetivos de orden administrativo:

  1. Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que les puedan afectar desfavorablemente.
  2. Derecho de participación en las actuaciones administrativas en que tengan interés, especialmente a través de audiencias y de informaciones públicas.

¿Afecta desfavorablemente a los ciudadanos la medida de cambio de uso de suelo o la instalación de establecimientos donde se realicen actividades que se enmarcan dentro de las contaminantes o riesgosa?  me inclino por decir que los establecimientos donde se almacena, se distribuye o comercializa con combustible se enmarcan dentro de los que afectan desfavorablemente determinados entornos, sostengo que los establecimientos de uso masivo por la alteración del tránsito cuando no están o no colindan con vías principales o no están separadas sus vías por isletas afectan desfavorablemente el entorno y afectan los derechos de los ciudadanos.

El acápite 9 de ese artículo 4 no merece comentario cuando se producen estas situaciones la autoridad está en la obligación de convocar las audiencias públicas y prestar previamente las informaciones los que serán afectados o tengan interés.

Pero más significativo es la obligación que tienen los funcionarios públicos de en sus decisiones señalar los motivos de porque la toman y la conveniencia para la colectividad, pues  Artículo 9 de la Ley 107/13 señala: Sólo se considerarán válidos los actos administrativos dictados por órgano competente, siguiendo el procedimiento establecido y respetando los fines previstos por el ordenamiento jurídico para su dictado; Párrafo II. La motivación se considerará un requisito de validez de todos aquellos actos administrativos que se pronuncien sobre derechos, tengan un contenido discrecional o generen gasto público, sin perjuicio del principio de racionalidad previsto en el Artículo 3 de esta ley.

Previo a la valoración de las decisiones de las autoridades locales de medio ambiente y salud pública de San Cristóbal y del Concejo de Regidores de Santo Domingo Este sería prudente conocer las motivaciones de la urgencia y bajo qué criterio en ambos casos las autoridades se dieron el lujo de  violar los Derecho de los Ciudadanos su relación con la administración pública ¿sabían estos funcionarios la existencia de esta ley? ¿no saben estos funcionarios que si las instituciones de control y fiscalización funcionaran estarían siendo procesados? SU CALIFICATIVO DEBE SER FUNCIONARIOS ABUSADORES

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