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Regidor Manuel Soto Lara
Regidor Manuel Soto Lara

¿Por qué El Cañero y un grupo de regidores podrían ir a prisión?

Por Robert Vargas
Por alguna razón muy poderosa, que solo ellos conocen en profundidad, el alcalde del municipio Santo Domingo Este y la mayoría de los regidores del ASDE han optado por exponerse abiertamente a ser destituidos de los cargos y a ser condenados a penas de cárcel de entre tres meses y dos años.

Al grupo no les importó la advertencia que les hizo el concejal Manuel Soto Lara de que no violaran la ley porque si lo hacían, él no dudaría en ir a los tribunales para hacer valer el imperio de la justicia.

También cerraron los oídos a las advertencias del regidor Daneris Santana, entre otros.

¿De qué hablamos?

Soto Lara le dijo a sus colegas que si decidían autorizar al alcalde Alfredo Martínez a comprar un terreno por casi 400 millones de pesos sin licitación, se exponían a comprometer sus bienes y su libertad.

El problema no es la compra de esos terrenos, en los que proyectan construir un nuevo cementerio en San Luis, sino que pretenden hacerlo sin convocar a una licitación como exige la Ley 340-06.

El artículo 65 de esa ley comienza diciendo que:

Art. 65.– En el caso de los funcionarios civiles de la rama ejecutiva del  gobierno, las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley se
aplicarán las previstas en el régimen de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. En los restantes casos, la aplicación de sanciones, se regirá por lo establecido en los respectivos estatutos disciplinarios.

Párrafo I.- Los servidores públicos serán pasibles de las siguientes  sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades detalladas que establezca el reglamento y
de las responsabilidades civiles o penales que prevean las leyes correspondientes, dependiendo de la gravedad de la falta:

  • i. Amonestación escrita;
  • ii. Suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses;
  • iii. Despido sin responsabilidad patronal;
  • iv. Sometimiento a la Justicia.

Párrafo II.- Los funcionarios y empleados de las instituciones sujetas a las  disposiciones de esta ley, que intervengan en una compra de bienes y servicios, contratación  u otorgamiento de una concesión, sin cumplir las disposiciones de la misma, serán sancionados con pena de tres (3) meses a dos (2) años de prisión, o con multa penal de hasta un monto igual al valor de los bienes y servicios adquiridos o del valor involucrado en el contrato y la concesión en cuestión, o ambas penas a la vez, y la prohibición de ejercer funciones públicas por cinco (5) años.

¿Ven lo que les digo?

Todos los regidores que cerraron filas con el alcalde Martínez, este incluido, ahora están expuestos  a ser destituidos, ir a prisión y a pagar con su patrimonio personal, en caso de que persistan en comprar esos terrenos sin licitación.

Entre todos se pusieron de acuerdo para aprobar, en una sesión extraordinaria, la Resolución que le da luz verde al síndico para hacer la compra.

El siguiente vídeo les muestra lo que le advirtió pública y directamente el regidor del BIS, Soto Lara.

Resulta interesante ver que un puñado de regidores  de “oposición” optó por cerrar filas con el oficialismo, sin dar ningún tipo de explicaciones al municipio ni a sus respectivos partidos, lo que hace creer que algunos de estos tienden a cerrar filas con el sector oficial y exponerse a eventuales consecuencias, quizás imbuidos de la experiencia de que “los peledeístas no van presos”.

¿Cuáles son los regidores de oposición que decidieron exponerse junto a los peledeístas a ser destituidos y hasta a ir presos?

Robert Arias, José Sánchez y Bernarda Aracena, del PRM.

Miguel Pacheco, del PQDC,

Abraham Reyes y Tácito Perdomo, del PRSC.

Y Giselina De los Santos, de Dominicanos por el Cambio.

Con sus votos, el PLD hizo mayoría fácil para aprobar la polémica resolución.

Todos, al parecer, tuvieron razones altamente poderosas para cerrar sus oídos a las advertencias que les hizo Soto Lara.

Claro, el peledeísta Danilo Mesa se abstuvo y así lo hizo contar en acta.

Por lo pronto, se conoce que los regidores del Frente Amplio se apuran a presentar un recurso de oposición a la polémica resolución, que fue aprobado en víspera de las fiestas  de la Nochebuena, cuando se supone que nadie está atento a las noticias.

El recurso de oposición del Frente Amplio frene de inmediato los efectos de la Resolución ansiada por El Cañero.

Si aún así los regidores oficialistas y sus aliados circunstanciales de la “oposición” la ratifican, entonces todos tendrán que verse en el Tribunal Superior Administrativo y, eventualmente, en el Tribunal Constitucional.

O sea, que quienes promueven abiertamente la violación de la Ley que regula las compras y contrataciones estatales, quizás tengan que pensar mejor lo que hacen.

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