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Sede del Tribunal Superior Administrativom (TSA)
Sede del Tribunal Superior Administrativom (TSA)

¿Ha incurrido el TSA en un fallo ultra petita en la demanda del CONEP?

Por Jaime Fernández Lazala
El fallo emitido por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que acogió el recurso de amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) contra el monopolio del transporte de cargas de algunos sindicatos, ¿Se excedió y falló ULTRA PETITA, en razón de que impuso y ordenó decisiones que no se encuentran enmarcadas dentro de su competencia?

Existe un principio de correspondencia entre lo pedido y lo otorgado que los jueces al fallar deben tomar muy en cuenta, para no exceder sus decisiones. Al juez despacharse a favor o en contra de otras personas o poderes distintos de las partes , conceder o negar algo distinto a lo solicitado por las partes el pedido de la acción o reemplazar el derecho invocado por las partes la causa pretendida de la acción por otro diferente. Estos elementos de la acción son los que delimitan el el poder decisorio del juez, el ámbito dentro del cual el juez puede pronunciarse, y la consiguiente ilegalidad de una decisión judicial que otorgara más de lo pedido (ultrapetición) o algo diferente a lo pedido (extrapetición).

Hay una situaciónes  en la que,  el juez puede incurrir en ultra petita, sin que ésta configure un vicio procesal. Esto sucederá toda vez que lo haga haciendo uso de alguna facultad para actuar de oficio o de orden que contemple la legislación constitucional. Dicha facultad se suele otorgar con idea de proteger un bien jurídico determinado (por ejemplo, protección de una mujer o un menor). En ese caso, aunque la parte no lo pida, es la legislación la que “pide” por ella, en interés de la justicia. Un ejemplo típico es la facultad que otorgan algunos ordenamientos constitucionales al juez para declarar nulos  de oficio excesos en el aspecto legislativo con relación a los derechos fundamentales y actos jurídicos  cuando dicha nulidad aparezca de manifiesto y ninguna parte lo haya pedido, lo que tiende a tutelar el interés social en que ciertos actos jurídicos que se celebren sean válidos, por sobre el interés personal de las partes.

En el presente caso la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha establecido las bases jurídicas, donde le ha dado un mandato a seis instituciones del Estado de deben tomar las medidas para garantizar los derechos de las personas y la libertad de transporte, lo que podría considerarse un exceso, que ni el Tribunal Constitucional estaría en capacidad de atribuírse a pesar de que sus decisiones son vinculantes al Estado Dominicano.

En el dispositivo de la sentencia se ordena al Ministerio de Trabajo velar porque no se establezcan monopolios en provecho de particulares en trabajos de carga o descarga de buques o naves de cualquier naturaleza en los distintos muelles y puertos del país.

Mientras que al Ministerio de Industria y Comercio, les ordena dictar y vigilar el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precios, preservando en favor del mercado común, un régimen de competencia efectiva en el aspecto comercial del sector transporte de mercancías. En tanto que a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre les ordenó a cumplir con la obligación de dictar y adoptar todas las medidas necesarias para la organización y control del transporte terrestre de pasajeros…para eliminar toda especie de práctica anticompetitiva. Mientras que al Ministerio de Turismo adoptar todas les medidas necesarias a los fines de evitar cualquier tipo de práctica anticompetitiva existente en el transporte terrestre de turistas con el propósito de tutelar la libre competencia en este sector.

De igual forma, al Ministerio de Defensa se les ordena cumplir con su deber de vigilar el cumplimiento de manera íntegra y efectiva por parte de los órganos encargados de la vigilancia del Estado, para asegurar a las personas físicas y morales el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del territorio nacional

Mientras al Ministerio de Interior y Policía garantizar que las personas físicas y morales al momento de utilizar los servicios de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional así como realizar el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del país haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares obtengan la protección debida.

En tanto que a la Policía Nacional crear los mecanismos que aseguren a esta institución cumplir con el deber de protección a las personas físicas o morales.

Veremos que dirá el Tribunal Constitucional, si ha sido Ultra petita o no.

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