Por: Edward Andrés Núñez-Merette P.
Al inicio del mandato del presidente Luis Abinader, el eslogan de campaña era un ministerio público independiente.
través del tiempo el presidente cumplió su palabra y apostó a que la política anticorrupción administrativa fuese diáfana, tenaz, oportuna y fría. Con la propuesta del presidente ante el consejo nacional de la magistratura, de la procuradora y sus adjuntos, simplemente válido un voto de confianza a la carrera del ministerio público que está apartada en la ley orgánica No.133-11, y que otorgó rango constitucional a partir de la reforma del 2010.
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Ahora nos encontramos con una modificación a la carta magna en donde se otorga poderes al CNM, a fin de rectificar o no, lo propuesto. Cabe destacar, que la ponderación ante el CNM, no es descabellada, apoyo la misma, aunque me inquieta que la cuota del poder ejecutivo es lacerada con miembros de carrera que al igual pudiesen ser rectificados por la cuota de la procuradora y no por la del poder ejecutivo.
Sin embargo, aplaudimos ese desprendimiento del poder ejecutivo, de designar un 80% de la cuota consagrada a través de la constitución de la república. Lo que se vislumbra a futuro es que los 14 adjuntos que acompañarán al titular de la procuraduría general de la república, todos provengan de la carrera del ministerio público.
La Procuradora General de la República, Licenciada Yeni Berenice Reynoso, posee varios retos que atacar como lo son el modelo de gestión, el escalafón, la adecuación de las fiscalías titulares en toda la geografía nacional, la consolidación del sistema de pensión del ministerio público, incrementar la matrícula de fiscales de carrera, y lo más importante retomar la confianza ante la sociedad.
La persecución de los casos anticorrupción debe seguir, pero, sin dejar de lado el papel fundamental que fomentan las fiscalías en todo el territorio nacional.
Destacamos como un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país es que, por primera vez, contaremos con una Procuradora General de la República independiente e inamovible por un período de dos años, no estando sujeto a intereses partidarios.
Lo que la sociedad dominicana ha exigido a gritos es un Ministerio Público fortalecido y dinámico, que responda a los retos de los nuevos tiempos y beneficie a toda la ciudadanía.
