Por Maribel Núñez
Santo Domingo, RD. 26 de mayo.– En la República Dominicana somos el resultado de un sistema colonialista-esclavista que marcó el arranque del sistema capitalista en el “nuevo” mundo. Este, con su ideología de muerte y desprecio hacia el otro (la cosa racializada que define Fanon, el negro y la negra), sumado a la gravitación histórica del esclavista e imperialista Estados Unidos, han moldeado lo que hoy somos como país pluricultural y pluriétnico. Sin embargo, estas características han sido sistemáticamente negadas por el blancófilo poder oligárquico y político, que, apoyado en el aparato social, mediático y la educación formal, reproduce una narrativa excluyente que configura al Estado dominicano como estructuralmente racista.
En este territorio existió la esclavización del hombre y la mujer negra. Por aquí comenzó el horror instaurado por los colonizadores españoles. Posteriormente, saltando al siglo XX, tras las dos intervenciones militares de Estados Unidos en Haití y en la República Dominicana, se instauraron formas de trabajo cuasi esclavizantes en las plantaciones cañeras, los ingenios y sus bateyes. A Haití la llevaron a proveer la mano de obra -braceros- que sostuvo la industria azucarera, convirtiéndola en una fuente multimillonaria de riqueza para sectores blancos dominicanos y capital extranjero que explotaban las tierras dominicanas para el cultivo de caña. Aquí están los guetos de exclusión: los bateyes; también muchos de los megamillonarios que se beneficiaron del sistema de “cuota azucarera” y los bajos impuestos que pagaban, negocio redondo.
Durante años, trabajadores haitianos, incluyendo adolescentes, fueron traídos al país en condiciones de explotación, en su mayoría identificados por la “ficha de bracero cañero”, recibiendo pagos ínfimos, muchas veces en “vale” de coger “fiao” para comprar arroz, arenque, aceite, sal, azúcar entre otros, en colmados propiedad de los dueños de las plantaciones azucareras y de los bateyes. Sus hijos e hijas, nacidos en territorio dominicano, enfrentaron posteriormente una estructura de exclusión institucionalizada. Sectores racistas con poder político lograron consolidar esta injusticia histórica mediante la negación de documentos de identidad a gran parte de esta población. Solo algunos trabajadores de la amarga caña lograron inscribir en el registro civil a sus hijos e hijas con las “fichas de trabajo” provistas por el empleador, muy a pesar de que la Constitución de la República vigente reconocía como dominicano a toda persona nacida en territorio de la República Dominicana.
Este proceso de negación de otorgamiento de acta de nacimiento y, por ende, de la nacionalidad, alcanzó un punto crítico con la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en 2013, bajo la presidencia de Milton Ray Guevara, que sentenció retroactivamente hasta 1929 despojar de la nacionalidad a cientos de miles de personas descendientes de trabajadores haitianos y haitianas, no importando que algunos de los padres o madres fueran de nacionalidad no cuestionada como dominicana. En ese momento gobernaba Danilo Medina; heredó un caramelo envenenado de Leonel Fernández y su fidelidad con la “familia más facha y racista” del país. El presidente Medina expresó públicamente su intención de resolver la situación, especialmente ante jóvenes del movimiento Reconoci.do, que recibió en el Palacio Nacional.
Después del entonces Presidente Medina visitar todos los altares del poder político en RD, buscando un consenso menos racista y violatorio de los derechos fundamentales que los de la Sentencia 168-13, promulgó la Ley 169-14, que buscaba dar salida al problema de la desnacionalización, tanto a los anteriormente inscritos en el registro civil como a los que, aun nacidos en RD, sus padres trabajadores no habían podido sacarles un acta de nacimiento. Sin embargo, lejos de restituir plenamente derechos conforme a la Constitución previa a la reforma del 2010 y la propia Ley 169-14, se exigieron múltiples requisitos burocráticos, “papeles que salían caros y difíciles de conseguir”, y han permanecido cientos de miles en un limbo jurídico, en apatridia, como ciudadanos nacidos en Dominicana pero sin el reconocimiento de la nacionalidad, y eso, al pasar de los tiempos, lo heredan sus descendencias.
Del 2020 en adelante, la situación ha empeorado significativamente. Durante el gobierno de Luis Abinader, político de origen libanés, que cuando buscaba votos y el apoyo de “poderosos” activistas anti-PLD para llegar a la presidencia, reconoció públicamente en el encuentro UASD/de “Los Abrazos” -5 de diciembre de 2013- que sus abuelos llegaron al país en condición migratoria irregular, lo que evidenció que, de haberse aplicado la Sentencia de manera igualitaria, sectores blancos y económicamente privilegiados, como era él y su familia, también habrían sido afectados por la Sentencia 168-13. Sin embargo, a pesar de que en dicho encuentro el Presidente de el PRM prometió resolver la situación, se produjo un retroceso en los avances alcanzados. En el contexto de la pandemia de COVID-19, se cerraron oficinas clave del proceso para la garantía de la nacionalidad plena, dejando a cientos de miles de personas en un limbo jurídico sin los “beneficios” de la Ley 169-14.
Observadores de la temática creen que personeros con posturas abiertamente fascistas dentro de instituciones como el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración, con apéndices en la “familia fascista”, han asfixiado en la práctica la Ley 169-14, con el logro del cierre de la oficina que la regenteaba. Como consecuencia, las políticas migratorias implementadas por el gobierno de corte fascista de Abinader, que además es seguidor de la política de Donald Trump, han derivado en acciones que vulneran derechos fundamentales para dominicanos de ascendencia haitiana, dominicanos no cuestionados afrodescendientes e inmigrantes haitianos: redadas en autobuses de transporte público, en cualquier calle, en viviendas de los bateyes; deportaciones nocturnas, detenciones en hospitales e incluso expulsiones al convulso Haití de mujeres recién paridas junto a sus bebés en inhumanos camiones cárceles. Estas prácticas han sido ampliamente documentadas en redes sociales.
En este contexto, el movimiento Reconoci.do se movilizó este 22 de mayo, a 12 años de la promulgación de la Ley Danilo Medina-169-14, en la destinada explanada lateral del Palacio Nacional, en un espacio fuertemente controlado, semejante a un corral rodeado de policías. Se sigue criminalizando el derecho a la protesta y, en este caso, se combina la “protección” ante las amenazas de nazis-fascistas. La convocatoria se realizó de manera discreta, de boca en boca, para evitar agresiones de reconocidas organizaciones fascistas. No obstante, la información se filtró y los llamados públicos para ir a agredir la manifestación fueron apareciendo a través de sus redes sociales. Algunos lo intentaron, incluso supuestos creadores de contenidos. Supuestos periodistas cubrieron mientras lanzaban preguntas acusatorias a manifestantes; unos portaban en sus bolsillos hasta audibles radios de comunicación. Otros transmitían en vivo, mientras le decían al manifestante que obligarlos a vivir sin nacionalidad no era ninguna violación a los derechos humanos, pues ellos eran ilegales inmigrantes… y qué no decir de importantes medios que iban publicando: “haitianos se movilizan…”. Periodismo alejado del periodismo.
Durante la manifestación, la presencia policial fue masiva. Sin embargo, lejos de garantizar plenamente el ejercicio de derechos, les impusieron restricciones a manifestantes. Cuando estuvieron cantando, con cánticos como “Yo nací en esta tierra / y dominicano soy / lo mío no me lo quita / o si no peleo yo / yo vengo del campo a la capital / ohoo / yo tengo derechos, me los quieren quitar / yo nací en esta tierra y dominicano soy…”, oficiales de la Policía Nacional llamaron a la voz principal del canto y le dijeron “sin música”; se les prohibió cantar, tocar la tambora, la güira; ya antes les habían impedido tocar piano, usar micrófonos y bocinas. Esto resulta particularmente significativo, considerando que instrumentos como la tambora y la güira forman parte esencial de la cultura afro- dominicana, la episteme que han bebido estos muchachos y muchachas desde pequeños, y que no hay merengue ni dominicanidad sin el toque de una tambora y una güira.
Estas acciones reflejan una profunda coherencia del PODER: se limita la expresión cultural y política de personas dominicanas, mientras se les aplica la “Sentencia” de no pertenecer a la nación, justo cuando el canto enarbola identidad. La lucha de estas negreadas comunidades continúa siendo, fundamentalmente, una exigencia de reconocimiento, dignidad y restitución plena de sus derechos civiles y humanos, que incluyen el de libre opinión y libre tránsito; el terror ante posibles agresiones y la “seguridad” impuesta por la policía para la salida del corral que formaban las vallas anti-motines y acceder a los vehículos fue más que evidente. El PODER sabe de qué es capaz el fascismo que se viste de negro, pero no hacen nada para detenerlo, el fascismo no es nada democrático, promueve el odio y la violación de derechos del otro.
