Por Dr. Juan Antonio Mateo Ciprián
Abogado-docente investigado
n la actualidad, cada vez que un hombre le quita la vida a la mujer a la que llama pareja o expareja, y luego se quita la suya, lo que suele aparecer en los periódicos se reduce normalmente a dos cuerpos, una escena del crimen y una investigación que, en este caso, no conducirá a un procesamiento. Pero el drama del homicidio-suicidio va más allá de la retirada de los cuerpos o de los rituales funerarios y lamentos de los familiares porque la sociedad queda herida en su totalidad. Los efectos perduran durante años en la vida de los hijos, los padres, los hermanos, los vecinos y la comunidad que sobreviven.
Por ello, el homicidio-suicidio es la privación de la vida consecutiva en la que una persona mata a otra y, después, se desvive. Aunque sea un acontecimiento que ocurre raramente, estadísticamente en comparación con otras formas de violencia, sigue siendo algo que debe estudiarse de manera conjunta y no como dos eventos aislados (Blanco, A., & Ibáñez del Prado, 2018).
Para citar, un ejemplo sobre los homicidios en el contexto de una relación de pareja en los que el agresor comete suicidio después, el suicidio no convierte un asesinato en un amor unilateral fatal ni reduce su gravedad. Tampoco debería enmarcarse el delito como un “delito pasional” hoy día infracción. Estas ocurrencias a menudo son el resultado final de amenazas, acoso, celos extremos, abuso psicológico, dominación económica, agresiones físicas, acceso fácil a armas y una negativa a aceptar el divorcio. Además, analizar los homicidios únicamente como hechos policiales nos llevará a las consecuencias sin atender las causas. La verdadera batalla contra la violencia comienza mucho antes de que se produzca una muerte (Garrido, C., 2026).
En este contexto, la ideación suicida cuenta con elementos esenciales como la premeditación, el uso de armas y la depresión previa como factores de riesgo, así como el rechazo de su pareja o expareja desencadena en algunos agresores una posesividad patológica en la que la mujer es amenazada con el abandono y es retirada (Blanco, A., e Ibáñez del Prado, 2018).
Por ello, esto es lo que permite dar sentido al hecho de que una expresión como: “Si me dejas, te mataré y yo me mataré”, entre otras expresiones de intimidación que aparejan consigo violencia psicológica y verbal. Antes del desenlace fatal, llega a un rincón de la mente en el que esa formulación, nacida no de una simple conducta de celos. Un detonante para la intervención familiar e institucional debe ser una amenaza inminente.
Demasiadas veces, el daño colateral termina siendo los niños. Presencian las amenazas, oyen los disparos o descubren los cadáveres. Algunos aprenden que su padre mató a su madre y luego se mató a sí mismo. Pierden, en cuestión de minutos, sus referentes emocionales, la estabilidad de su familia y, con mucha frecuencia, su fuente de subsistencia económica. Los niños pueden acabar asustados, ansiosos, culpables, deprimidos y/o con falta de sueño; además, demostrarán que están fracasando en la escuela, se aislarán de amigos y familiares y les costará desarrollar relaciones sanas. Además, tienen que soportar un dilema emocional especialmente desgarrador: amar al padre que también asesinó a su madre.
Asimismo, el daño va más allá de lo psicológico. De repente, pueden ser los abuelos, un tío u otros familiares con un trato más cercano quienes tengan que criar y cuidar a los menores, nutriéndolos, educándolos e incluso atendiendo sus necesidades de salud. La familia de luto estará sometida a nuevos factores de estrés a través de deudas, la pérdida del hogar, disputas por la sucesión y la reducción de ingresos.
Por eso, limitarse a identificar a los niños como “huérfanos” no es suficiente. Deben ser vistos como víctimas secundarias que requieren apoyo psicológico específico, protección social, un acogimiento escolar, un abordaje jurídico y un seguimiento continuado. Romper la violencia inercial es una tarea colectiva. Requiere voluntad, compromiso y una firme decisión de no aceptar la agresión como parte normal de nuestra convivencia. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más segura, más justa y más humana para todos (Rodríguez, S., 2026).
En el contexto legal, los instrumentos pertinentes para comprender el curso de esta violencia pueden encontrarse tipificados en el artículo 124 de la ley 74-25, que estatuye el Código Penal dominicano, que la violencia doméstica o intrafamiliar se define como el uso de la fuerza física y la violencia económica, patrimonial, verbal o psicológica, así como la intimidación y la persecución. Esta definición es importante porque reconoce que la amenaza no comienza en el momento del homicidio. Puede escalar desde el control de las finanzas, la destrucción de bienes, la supervisión de la comunicación, la humillación, el aislamiento y el acecho después del fin de una relación.
Asimismo, el artículo 125 del Código penal prevé penas de entre treinta y cuarenta años de prisión cuando la violencia es intrafamiliar y conduce a la muerte. Para nuestros fines, el artículo 126 incluye especialmente casos graves como el uso de armas, las amenazas a la vida, la privación de la libertad, el incumplimiento de órdenes de protección y la violencia en presencia de niños o adolescentes.
Por el contrario, el artículo 127 clasifica la conducta de someter a una persona a violencia únicamente por razones de sexo como violencia física, económica, relacionada con bienes o psicológica, o como intimidación o persecución como un delito que constituye violencia basada en el género. También endurece la pena si el agresor acude armado, realiza amenazas de muerte o comete actos frente a menores. Ahora incluye el feminicidio como un delito separado, que puede conllevar una pena de entre treinta y cuarenta años por el asesinato de mujeres por razones basadas en el género. Esta regulación indica que esas muertes ya no pueden tratarse como una disputa privada o doméstica por parte de la ley, según el artículo 93 del Código Penal.
Si, en cambio, el autor comete suicidio, su muerte elimina la opción de castigo. No exime al Estado de su deber de investigar, establecer la verdad, identificar fallas en la prevención y proteger a quienes sobrevivieron. Sostener que todo homicidio-suicidio es el resultado íntegro de la pobreza, la depresión o una crisis emocional es inexacto. El suicidio tiene una etiología multifactorial, posiblemente de origen psicológico, familiar, económico y social. Un estudio realizado en trece países de América Latina mostró que la asociación entre pobreza, desigualdad, homicidios y suicidios no es universal, por lo que deben evitarse los datos generalizados como guía para respuestas simplistas (Naranjo & Navas, 2022).
Además, la enfermedad mental tampoco debe ser nunca una defensa automática que se utilice. Pocas personas deprimidas son asesinas. Se trata de los casos en los que tenemos que analizar, en combinación, la intención homicida, el grado de posesividad, el historial violento, la disponibilidad de armas de fuego y las amenazas previas.
Por su parte, las evaluaciones de riesgo deben completarse de manera oportuna; las órdenes de protección deben monitorearse de forma eficiente; si es necesario, las armas de fuego deben retirarse aun mediante medios legales; y también debe haber asistencia psicológica. Es necesaria la coordinación entre la fiscalía, la Policía Nacional, los servicios de salud y los organismos de protección de menores.
Ahora bien, aprovecho para hacer un llamado a los hombres dominicanos, diles que no valen porque las mujeres no les pertenecen, sino que son sus parejas como seres humanos iguales, que conviven a su lado en la sociedad. Tu pareja íntima no es una mercancía, otro objeto que posees y controlas, ni una persona no dispuesta a la que se le obliga a mantener una relación que no desea. Amar no es controlar; proteger no es dominar, y los celos no autorizan amenazas, hostigamiento ni asesinatos.
Habida cuenta, el homicidio-suicidio es una forma extrema de violencia doméstica y basada en el género. En lugar de presentarse como un acto de amor, un crimen pasional o la reacción definitiva al colapso de una relación, debe representarse como el fin del control patriarcal que implica control, amenazas, acecho y agresiones; debe representar la posesividad. Suma amargura a la vida de más personas que aquellas que sucumbieron, afectando profundamente a niños, padres, hermanos y otros miembros de la familia.
Por ello, el Código Penal dominicano contiene clasificaciones de delitos para las infracciones relacionadas con violencia de género e intrafamiliar, así como factores agravantes por el uso de armas, amenazas de muerte, presencia de menores y el incumplimiento de las órdenes de protección. Pero no debería existir una respuesta puramente penal, ya que la prevención, la evaluación del riesgo, la atención psicológica y la protección social forman parte de la respuesta que exige una coordinación efectiva entre las instituciones.
Creo que la verdadera masculinidad no consiste en inspirar miedo ni en gritar por encima del ruido, ni en agarrar un arma. Ser lo bastante valiente como para soltar duele, buscar consejería, alejarse de una pelea y ninguna cantidad de irritación te da derecho a arruinar otra vida.
Quien ama a una mujer no puede encarcelarla por voluntad del hombre. Esta es la voz del amor que honra su dignidad, su libertad y su capacidad para elegir.
Por último, un llamado a la reflexión entre los hombres aquí en la República Dominicana: una mujer no pertenece a nadie. Es más que una ayuda idónea un ser humano libre y digno que puede decidir sobre su propia vida y relación. Las mujeres, con razón, no son posesiones, sino que merecen parejas y compañeras en la vida. El amor consiste en honrar, valorar y aceptar la libertad de otro ser humano, nunca en querer dominar, amenazar o destruir.
Referencias bibliología:
Blanco, A., C., & Ibáñez del Prado, C. (2018). El suicidio de los feminicidas, una revisión. Revista de Victimología, 8, 81-102.
Naranjo Navas, A. D., & Naranjo Navas, C. P. (2022). Homicidios y suicidios en relación con la inequidad en América Latina. Kairós, 5(9), 9-27.
República Dominicana. (2025). Ley núm. 74-25, Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana.
Garrido, C., (2026). La violencia no comienza cuando alguien dispara, sino cuando la sociedad deja de considerar el diálogo como una opción válida. https://elnuevodiario.com.do/la-violencia-no-comienza-cuando-alguien-dispara-sino-cuando-la-sociedad-deja-de-considerar-el-dialogo-como-una-opcion-valida/
Rodrigez, S., (2026). La violencia inercial: cuando la violencia se convierte en costumbre. https://www.eljaya.com/259813/la-violencia-inercial-cuando-la-violencia-se-convierte-en-costumbre/
