La jueza Ariana Fajardo Orshan firmó la orden por la presunta participación del exlíder cubano en una conspiración para cometer asesinato; el caso dejó cuatro muertos.
Una jueza de Miami, Florida, firmó una orden de arresto estatal contra el exgobernante cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
La orden fue firmada por Ariana Fajardo Orshan, jueza del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una investigación que apunta a una presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado, según reportaron Telemundo y otros medios estadounidenses.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que ofrecería detalles sobre el caso este lunes 19 de octubre. La medida estatal se suma a la acusación federal presentada en mayo contra Castro y otras cinco personas por su presunto papel en los hechos.
Cuatro personas murieron en el ataque
El derribo ocurrió cuando aviones militares cubanos atacaron dos aeronaves civiles Cessna operadas por Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que realizaba vuelos para localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla.
Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Los tres primeros eran ciudadanos estadounidenses y Morales tenía residencia legal permanente en Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación federal, agentes cubanos infiltrados en la organización recopilaron información sobre sus vuelos y la transmitieron a las autoridades de la isla. Los fiscales sostienen que esos datos fueron utilizados en la preparación de la operación.
También enfrenta cargos federales
En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos federales contra Raúl Castro y otros cinco acusados por el caso. Entre ellos figuran conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y ocupaba una posición central en la cadena de mando militar.
La nueva orden representa una vía judicial estatal adicional para intentar procesarlo por los hechos ocurridos hace casi tres décadas.
Los cargos constituyen acusaciones que deberán ser probadas ante los tribunales; no equivalen a una condena.
