La Fiscalía abrió tres investigaciones penales por el caso Ueno Bank, que involucra fondos públicos, presuntos conflictos de intereses y actuaciones de autoridades financieras. Peña presentó su renuncia mientras el Congreso aprobó someterlo a juicio político.
ASUNCIÓN, Paraguay.- Un escándalo financiero que ha puesto bajo investigación al presidente Santiago Peña sacude a Paraguay, luego de que las autoridades intervinieran Ueno Bank, una entidad privada que recibió millonarios depósitos de instituciones públicas y cuyos vínculos empresariales con el mandatario han desatado denuncias de presunta corrupción, tráfico de influencias y utilización de recursos estatales en beneficio de intereses particulares.
El caso ha adquirido dimensiones políticas e institucionales después de que el Ministerio Público anunciara este jueves la apertura de tres causas penales para investigar las operaciones del banco, la colocación de fondos públicos en esa entidad y las actuaciones de funcionarios y exfuncionarios de diferentes organismos del Estado.
La investigación alcanza al propio Santiago Peña, quien había mantenido participación accionaria en Grupo Vázquez, conglomerado empresarial vinculado a Ueno Bank, hasta marzo de 2025, según informaciones publicadas sobre sus relaciones comerciales. El mandatario sostiene que se desprendió de esas acciones y niega haber cometido irregularidades.
Fondos públicos y negocios privados
Uno de los aspectos más delicados del escándalo es la presencia de recursos pertenecientes a instituciones estatales en Ueno Bank.
La entidad llegó a administrar aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, de acuerdo con informaciones difundidas por Reuters.
Entre las instituciones señaladas figura el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra recursos destinados a la seguridad social y las pensiones de los trabajadores paraguayos.
Los cuestionamientos apuntan a que grandes cantidades de dinero público fueron colocadas en una entidad vinculada a un grupo empresarial con el que el presidente había mantenido relaciones económicas.
La oposición sostiene que existió un posible conflicto de intereses y cuestiona por qué las autoridades permitieron que esos recursos se concentraran en el banco mientras se deterioraba su situación financiera.
Créditos a empresas vinculadas y falta de supervisión
El Banco Central de Paraguay detectó que Ueno Bank había concedido préstamos a empresas relacionadas con su propio grupo empresarial por encima de los límites permitidos, además de encontrar operaciones con documentación insuficiente y gastos registrados incorrectamente como activos.
Las correcciones realizadas durante la revisión de sus cuentas dejaron su capital por debajo de la mitad del mínimo legal exigido para operar.
La situación provocó la intervención de la entidad y dejó a millones de clientes temporalmente sin acceso a sus depósitos.
Otro elemento que ha generado cuestionamientos es que Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido la financiera Ueno, ocupaba la presidencia del Banco Central, institución responsable de supervisar el sistema bancario.
Carvallo renunció el 3 de noviembre, en medio de las presiones generadas por el escándalo.
Tres investigaciones penales
El Ministerio Público informó que las investigaciones fueron abiertas mediante la Resolución FGE número 4474, del 5 de noviembre de 2026.
Las tres causas buscan esclarecer:
Las actuaciones relacionadas con la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno Bank.
La colocación de fondos públicos en la entidad financiera y las responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios.
Los hechos denunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas en relación con el caso.
La Fiscalía designó a los fiscales Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Christian Manuel Benítez, pertenecientes a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La investigación también contempla denuncias contra autoridades y exautoridades del Banco Central, el Instituto de Previsión Social y otras instituciones públicas.
Anteriormente, el Ministerio Público había confirmado detenciones de directivos y personas vinculadas al banco. Entre las hipótesis penales mencionadas figuran lesión de confianza, estafa y conducta indebida en situaciones de crisis.
El Congreso aprueba juicio político contra Peña
La crisis llegó al Congreso paraguayo, donde la Cámara de Diputados aprobó este jueves, con 78 votos favorables, el pedido de juicio político contra Santiago Peña.
El documento acusatorio cuestiona la participación empresarial del mandatario en el entorno de Ueno, el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social en la entidad financiera.
En medio de esta situación, Peña presentó su renuncia a la Presidencia.
La acusación deberá ser conocida por el Senado, que tiene la responsabilidad constitucional de decidir si corresponde declarar culpable al mandatario y separarlo definitivamente del cargo.
Los ciudadanos quedan en medio del escándalo
Mientras las autoridades investigan las posibles responsabilidades, los efectos de la crisis alcanzan a millones de paraguayos.
Ueno Bank tenía alrededor de tres millones de clientes y su intervención afectó el acceso a depósitos, pagos y otros servicios financieros.
Entre los perjudicados se encuentran ahorrantes, pensionados, trabajadores y personas que dependían de sus cuentas para cubrir sus necesidades cotidianas.
El Gobierno y las autoridades financieras han anunciado mecanismos para proteger y devolver los depósitos garantizados, pero la situación ha provocado protestas y reclamos ciudadanos.
El caso ha abierto un debate sobre la relación entre el poder político y los grandes intereses empresariales, así como sobre la responsabilidad de los organismos públicos cuando administran o depositan dinero perteneciente a la ciudadanía.
Por ahora, las denuncias y acusaciones deberán ser probadas ante los tribunales. Sin embargo, las investigaciones tendrán que establecer quién autorizó las operaciones cuestionadas, qué controles fueron omitidos y si recursos públicos terminaron favoreciendo intereses privados
