l deterioro de nuestra sociedad ha llegado a tal punto que muchos derechos se han convertido en obligaciones para los ciudadanos, y los pocos que aún subsisten suelen ser de baja calidad. La salud, la educación, la seguridad y los servicios básicos, entre otros, se han transformado en necesidades que deben obtenerse en el sector privado a elevados costos.
Cuando se realizan trabajos sociales o comunitarios, que en su mayoría dependen del sector público, suelen observarse ciertas características recurrentes: apatía, descuido, ausentismo, tardanzas, excusas, licencias médicas frecuentes e impuntualidad. A ello se suman la falta de
recursos, facilidades e instrumentos de trabajo.
Por el contrario, en el sector privado suele apreciarse una dinámica distinta. Entendemos que esta diferencia se origina, entre otros factores, en la aplicación de la misión y la visión institucional. En muchas entidades públicas, la misión se ve afectada por la falta de requisitos claramente definidos para el desempeño de las funciones, así como por la insuficiente valoración de la formación académica o de la experiencia requerida para determinados puestos. En cuanto a la visión, esta suele depender de las prioridades del funcionario de turno, limitando la continuidad de los procesos y reduciendo las posibilidades de innovación. Como consecuencia, algunas instituciones terminan
funcionando únicamente como estructuras sujetas a intereses políticos circunstanciales.
Quienes aceptan incorporarse al sistema estatal muchas veces lo hacen por necesidad de subsistencia y no necesariamente con la intención de contribuir a procesos de transformación y desarrollo. Esta diferencia resulta perceptible en los distintos niveles jerárquicos de ambos
sectores.
Cabe preguntarse: ¿Quién se siente plenamente confiado al acudir a un hospital público, salvo en situaciones de emergencia? Del mismo modo, ¿Quién enviaría a sus hijos a una escuela pública si dispone de recursos para otras alternativas? Para muchos ciudadanos, la seguridad también ha pasado a ser una responsabilidad privada mediante la instalación de cámaras, verjas, sistemas de vigilancia y contratación de guardianes.
No sorprende, por tanto, que numerosos servicios que antes eran ofrecidos exclusivamente por el
Estado hayan encontrado espacio para desarrollarse dentro del sector privado.
No se trata de una crítica personal hacia individuos específicos, sino de una reflexión sobre las debilidades del sistema. Entre algunos de los problemas más evidentes del sector público pueden mencionarse:
• La meritocracia laboral suele ceder espacio a relaciones de compañerismo o afinidad política.
• En ocasiones se crean redes de influencia orientadas a obtener beneficios económicos o posiciones de poder que permitan abandonar definitivamente el oficio o profesión de origen.
• El uso excesivo del teléfono móvil provoca desatención al ciudadano. Asimismo, las líneas telefónicas institucionales con frecuencia no reciben respuesta.
• Los activos institucionales suelen presentar una menor vida útil y, en algunos casos, son objeto de sustracciones o uso inadecuado.
• Funcionarios y empleados de instituciones relacionadas con servicios públicos a menudo omiten reportar situaciones que requieren corrección, tales como averías eléctricas, fugas de agua, inundaciones, acumulación de basura, deterioro vial o abandono de espacios públicos.
• El servicio de recogida de basura puede interrumpirse cuando el camión alcanza su capacidad, presenta averías, supera determinados horarios o se modifica su ruta. Como consecuencia, muchos usuarios terminan pagando servicios privados para retirar sus desperdicios.
• Una parte significativa de las resoluciones de las salas capitulares se orienta al reconocimiento
honorífico, mientras que numerosos regidores permanecen prácticamente desconocidos para los habitantes de sus propias circunscripciones.
• La actividad proselitista suele mantenerse de forma permanente y, en ocasiones, parte del tiempo laboral se emplea promoviendo candidaturas a través de aplicaciones como WhatsApp.
Se olvida así que la mejor publicidad para un servidor público es el cumplimiento eficiente de
sus responsabilidades.
Con el propósito de desarrollar, financiar, operar y mantener infraestructuras y servicios de interés social, fue creada la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Entre sus objetivos figura el fortalecimiento de las capacidades del sector público. Se trata de una iniciativa valiosa, aunque de difícil asimilación dentro de determinadas estructuras tradicionales.
Algunas instituciones públicas muestran características similares a las del sector privado. Incluso podría pensarse en la privatización de ciertos ámbitos de la administración pública. Sin embargo, ello podría generar riesgos relacionados con la concentración del poder económico, el autoritarismo y una distribución desigual de la riqueza.
La integración de ambos sectores no se produciría por motivos filantrópicos. Aunque resulta deseable una mayor cooperación a largo plazo, es difícil que muchos empleados públicos se adapten a las exigencias del sector privado, especialmente en un contexto donde la tecnología es
cada vez más sofisticada y determinante para el desempeño laboral.
Utopía
Si todo el sistema público adoptara la filosofía de eficiencia, responsabilidad y orientación a resultados propia del sector privado, sería considerablemente más eficiente y eficaz.
