Por Jose Nuñez
as funerarias municipales y los servicios de exequias administrados por los gobiernos locales tienen una razón de ser fundamental: garantizar asistencia social y preservar la dignidad humana, especialmente cuando una familia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su existencia.
Su naturaleza no debe confundirse con la de una empresa comercial. Son servicios de vocación pública, concebidos para corregir desigualdades económicas y garantizar que la falta de recursos no impida despedir dignamente a un ser querido.
Por esa razón, deben existir tarifas subsidiadas, mecanismos de gratuidad y facilidades de acceso para las familias de escasos recursos. La muerte de un familiar no puede convertirse en una carga económica que profundice el sufrimiento de quienes ya atraviesan una situación dolorosa.
Lo que ocurre en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) merece una seria denuncia pública.
Los aumentos tarifarios que aproximan los costos de las funerarias municipales a los del sector privado desnaturalizan su función social y plantean una pregunta inevitable: ¿para qué sirven las funerarias municipales si terminan cobrando como establecimientos comerciales?
Estas instalaciones se construyen y mantienen, en buena medida, con recursos del presupuesto municipal, provenientes de los impuestos de los ciudadanos. Resulta socialmente cuestionable que esos mismos ciudadanos, particularmente los más pobres, tengan que pagar tarifas que contradicen la finalidad para la cual fueron creadas.
Esta situación ha generado quejas comunitarias y cuestionamientos en el propio Concejo de Regidores, lo que hace necesaria una revisión de las decisiones administrativas y tarifarias.
Desde el punto de vista jurídico y social, deben examinarse tres aspectos fundamentales:
1. Desnaturalización del servicio público. Un servicio municipal concebido para la asistencia social no puede administrarse exclusivamente bajo criterios de rentabilidad económica. Su finalidad debe ser el bienestar colectivo.
2. Exclusión de los más vulnerables. Cuando las tarifas impiden el acceso a quienes más necesitan estos servicios, el Ayuntamiento convierte una política de asistencia en una barrera económica. Ninguna familia debería endeudarse para despedir dignamente a sus seres queridos.
3. Desviación de la finalidad de los recursos públicos. Las instalaciones municipales deben responder al interés general. No es razonable que espacios financiados con dinero público reproduzcan las mismas condiciones comerciales del sector privado, olvidando su responsabilidad social.
EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE CONFUNDIR ADMINISTRACIÓN CON NEGOCIO, NI RECAUDACIÓN CON SERVICIO PÚBLICO.
Las funerarias municipales no fueron concebidas para competir comercialmente con las empresas privadas, sino para ofrecer una alternativa digna, accesible y solidaria a quienes no pueden costear sus servicios.
Por tanto, corresponde al ASDE revisar sus tarifas, transparentar los costos operativos y garantizar mecanismos reales de gratuidad y subsidios para las familias de menores ingresos. Asimismo, corresponde al Concejo de Regidores ejercer su función fiscalizadora y verificar que las disposiciones tarifarias se ajusten al marco legal municipal.
La muerte no puede convertirse en una oportunidad de recaudación a costa de la pobreza.
Una funeraria municipal que no protege al ciudadano más necesitado pierde su razón de ser.
Cuando la administración municipal olvida que su primera obligación es servir a la gente, la denuncia pública se convierte en un deber ciudadano.
¡La dignidad humana no puede tener tarifas de mercado!
¡Que las funerarias municipales vuelvan a estar al servicio del pueblo!
