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Abogados someten a la justicia privatización de servicios de Hemodiálisis en hospitales Públicos

Advierten privatización de estos servicios constituye la pena de muerte para pacientes renales de escasos recursos económicos.

Fuente Externa
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Fundación Primero Justicia en compañía de un grupo de abogados, sometió un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la resolución no. 11-2023, que privatiza los servicios de Hemodiálisis en toda la red de hospitales del Estado dominicano, en perjuicio de pacientes renales de escasos recursos económicos.

Miguel Surun Hernández, en representación del grupo, calificó dicha resolución como “una condena de muerte”, ya que la vida de muchas personas dependen del acceso oportuno a los servicios de hemodiálisis, lo cual dependerá de la voluntad o no del empresario propietario de dichos servicios.

“Lo grave del caso es que de conformidad con la propuesta de privatización aprobada por el Estado dominicano, las ganacias del sector privado ascenderían a cinco mil millones de pesos, pues sobre el Estado se cargarían los espacios físicos y el pago del personal técnico y de enfermería, quedando el sector privado prácticamente con el cobro del dinero que genere dicho servicio, lo cual es un despropósito contra los intereses de la Nacion”, manifestó Surun Hernández.

El jurista indicó, además, que la disposición es contraria al artículo 61 de la Constitucion que garantiza el derecho a salud, el cual no se está garantizando a las personas más desposeídas.

Recordó que el Estado dominicano ha realizado cuantiosas inversiones en la adquisición de máquinas de hemodiálisis “las cuales van a ser entregadas y desechadas en favor del sector privado a quien se le entregan no solamente las máquinas existentes, sino también los espacios físicos y el personal que operará esas máquinas. Es decir, al sector privado se le entregará el cobro de los servicios y al pueblo la obligación de pagar”.

El grupo dijo esperar que el Tribunal Superior Administrativo actúe en consecuencia, dejando sin efecto un atentado contra la salud de los pacientes renales de escasos recursos económicos.

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