Asociación de Jueces y Jueza pasa balance al servicio judicial en tiempos de pandemia

Mediante el presente documento ASOJOURD procede a valorar en el marco de la propagación de la pandemia actual y su consecuente impacto en todos los estamentos de la sociedad dominicana, pero de manera principal examinando cuál ha sido el desempeño del Poder Judicial en el contexto del papel que le corresponde jugar a ese poder del Estado como garante de la seguridad jurídica, la prestación del servicio judicial y la seguridad ciudadana dentro de un Estado social y democrático de derecho.

El tema de la pandemia en la actualidad sigue siendo una realidad, solo así se justifica que el Poder Ejecutivo haya solicitado una prórroga de 45 días al Congreso Nacional; solo así se justifica el toque de queda dispuesto por el gobierno; solo así se justifica que cuando salimos a la calle todo el mundo lleve mascarilla.

Por efecto de la pandemia, muchos de nosotros hemos perdido padres, amigos, hijos, vecinos, seres queridos, a quienes ni siquiera pudimos acompañar en sus últimos momentos porque hasta eso nos ha quitado esta enfermedad;  por efecto de la pandemia, las escuelas, los colegios privados y las universidades, cerraron las puertas de sus recintos para abrir una puerta a la virtualidad, cada una a partir  de su propia realidad y dentro de sus posibilidades económicas porque, como siempre, el aspecto económico sigue jugando un papel determinante e igual que en la presencialidad tenemos  grupos más privilegiados que otros, con la agravante de que la accesibilidad a una educación virtual pone de manifiesto la cuestión social donde se agudizan más esas desigualdades; por efecto de esta pandemia, muchos pequeños negocios se fueron a la quiebra, muchas personas perdieron sus empleos o fuentes de ingresos, mientras a otras les fueron suspendidos sus contratos laborales.

No obstante la pandemia, el país hace ingentes esfuerzos por volver a una normalidad que definitivamente no es normal; no obstante la pandemia, la gente intenta regresar a la cotidianidad e inventa nuevas formas de abrazos, de saludos, de “te quieros”, pues se resiste a una realidad que nos obliga a mantenernos lejos de los nuestros y es que peleamos con un enemigo invisible que se mueve en el ambiente, así que sin miedo, pero con responsabilidad y con amor, debemos guardar distancias; no obstante la pandemia, los restaurantes, las cafeterías, los colmados, todos según sus posibilidades tratan de brindar el servicio, algunos solo despachan, otros a domicilio y los más agraciados pueden ofrecer algunas mesas, pero manteniendo el distanciamiento social.

Y, frente a esa realidad que nos toca a todos, ¿cuál ha sido la actitud del Poder Judicial de la República Dominicana?, ¿amilanarse frente al desafío?, ¿paralizarse frente a la situación?, ¿buscar responsables fuera o dentro de la Institución?, ¿asumir una posición pasiva y lamentarse?, ¿tomar medidas irresponsables que afecten a sus integrantes o que comprometan la salud de sus miembros o la de los usuarios del servicio?

La respuesta a todas estas interrogantes es negativa. El Poder Judicial desde el día 19 de marzo, cuando se decretó el estado de emergencia y sin tener consciencia todavía de la gravedad del problema, tomó medidas encaminadas a proteger su personal y afectar lo menos posible el servicio judicial, en ese sentido, se dispuso de un lado, mantener el funcionamiento de las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción penal a nivel nacional, para lo cual las audiencias se realizarían en las salas de mayor amplitud de la sede judicial correspondiente, con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio. Y de otro lado, se suspendieron los plazos procesales, registrales y administrativos para todos los organismos dependientes del Poder Judicial.

De igual manera, se dispuso que los servidores judiciales con condiciones especiales de salud o que por cuestiones de edad entraran en el grupo de vulnerabilidad permanecieran en sus hogares hasta que cambiaran las condiciones en que se encontraba el país; todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto núm. 134-20 de fecha 19 de marzo de 2020, dictado por el Poder Ejecutivo.

Más adelante, cuando se advirtió que la situación se extendería en el tiempo, el Poder Judicial tuvo que adelantar en su implementación uno de los objetivos de su plan estratégico, relativo a apoyarse en la tecnología, como única forma de, en medio de la crisis sanitaria, poder continuar brindando el servicio. Esto así porque el reto era garantizar la continuidad del servicio dentro del respeto al debido proceso y la garantía de los derechos fundamentales y legales de las partes, sin exponer a los servidores judiciales ni a los usuarios a un mayor foco de contagio.

En ese sentido, se crearon comisiones integradas por jueces y servidores judiciales de todos los departamentos para poder organizar los trabajos tanto en el orden administrativo como jurisdiccional que permitieran la implementación de la tecnología en la prestación del servicio judicial.

Esas comisiones trabajaron desde sus casas, sin horarios y con altos niveles de compromiso en definir los requerimientos de los jueces y servidores judiciales, así como de los usuarios internos y externos, para la ejecución del proyecto de la plataforma tecnológica del Servicio Judicial que permitiera, ante la imposibilidad de trabajar de forma presencial, continuar el servicio de manera virtual.

Fue necesario llevar a cabo un censo del Poder Judicial que permitiera recabar información encaminada a determinar quiénes disponían de las condiciones para realizar trabajo desde sus casas. Se hizo todo un operativo a nivel nacional a fin de permitir que los jueces y empleados que tuvieran conexión a internet, planta o inversor pudieran llevar a sus casas los equipos de computadora y otros para hacer teletrabajo y en todo ese proceso se recibió el apoyo técnico de personal del Poder Judicial.

El Poder Judicial acatando la extensión del plazo del estado de emergencia dispuesto por el Congreso a solicitud del Poder Ejecutivo definió mediante resolución de fecha 19 de mayo del año en curso el plan de continuidad de las labores del Poder Judicial, en ese sentido se elaboró una estrategia escalonada para la reintegración de algunas actividades administrativas y jurisdiccionales, todo ello para permitir el retorno a las labores presenciales, pero siempre manteniendo las medidas de higiene y distanciamiento físico para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

En una primera fase o fase Inicial, se dispuso la reapertura de todos aquellos asuntos urgentes que no tocaran el fondo de la cuestión y que tuvieran como propósito la culminación o instrucción adecuada, así como todas aquellas actuaciones vinculadas con la tutela de derechos y garantías fundamentales, siempre que pudieran ser resueltas a través de la virtualidad. Para la tramitación de los asuntos urgentes propios de esta fase y que requieran ser solicitados de forma presencial, se establecieron sedes abiertas por Distrito Judicial.

En la fase Intermedia, salvo los juzgados de paz, se pusieron en funcionamiento y acorde al nuevo contexto, los locales del Poder Judicial que alojan las sedes de los distritos judiciales en todo el país para el conocimiento de todos los procesos, siempre que fuera de manera virtual. Estableciendo que, en aquellos casos donde existiera una imposibilidad para la virtualidad porque el uso de la tecnología no permitiera garantizar el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, el conocimiento de los mismos tendría que pasar a la fase avanzada.

Para la fase Avanzada se habilitaron todos los servicios que brinda el Poder Judicial, pero manteniendo el distanciamiento físico, toda vez que subsiste el estado de emergencia, de ahí que el Poder Judicial ha tenido que seguir apoyándose en las herramientas tecnológicas. En ese orden de ideas, el servicio judicial a través de la virtualidad pasa a ser facultativo para las partes, debiendo los intervinientes aceptar la virtualidad, de lo contrario se impone el conocimiento del asunto de manera presencial.

Los tribunales, sin embargo, se reservan la facultad de desechar la virtualidad aun con el consentimiento de todas las partes, cuando por la naturaleza del proceso esta modalidad no salvaguarde el debido proceso. En ese mismo sentido, y en atención a las circunstancias imperantes en el país, cuando el uso de la tecnología para la utilización de los medios virtuales resulta indispensable para garantizar la administración de justicia y la efectividad de los derechos y garantías ciudadanas, el juez puede imponer excepcionalmente la virtualidad.

Actualmente, nos encontramos en la implementación de la nueva normalidad que, como hemos dicho, no es nada normal, porque no es a lo que estamos acostumbrados, pero es lo que demandan los tiempos que vivimos. Se abrieron todos los tribunales a nivel nacional incluyendo los juzgados de paz. Esta apertura, sin embargo, no significa que exista libre acceso y/o tránsito a lo interno de las diferentes sedes judiciales, para ello se han dispuesto centros presenciales de atención a los usuarios en cada sede judicial desde donde las partes podrán formular sus solicitudes, no obstante, se permite el ingreso a los tribunales para diligencias puntuales como son la verificación y desglose de los expedientes.

Resulta necesario destacar, en todo este proceso, el trabajo excepcional llevado a cabo por la Escuela Nacional de la Judicatura en la elaboración de talleres virtuales dirigidos a jueces, secretarios y personal administrativo en general para dotarlo de las destrezas necesarias para el manejo de la plataforma digital y las diferentes unidades de apoyo que han sido creadas para garantizar la eficiencia del servicio.

Históricamente, la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana se ha identificado con todos aquellos reclamos que buscan mejorar el servicio que se brinda desde el Poder Judicial, así como elevar el nivel y la calidad de vida de los hombres y mujeres, profesionales altamente calificados que han dedicado sus vidas a la difícil tarea de brindar justicia aplicando derecho.

Valga nuestro reconocimiento al Consejo del Poder Judicial que, desde el 19 de marzo del año en curso a la fecha, ha mantenido en nómina a todo su personal incluido los vulnerables y aquellos que no cuentan con las facilidades para hacer el trabajo desde sus hogares. Sabemos que unido al déficit con el que se ha manejado históricamente el Poder Judicial, en esta coyuntura enfrenta retos fuertes para ponerse a tono con los nuevos requerimientos, sin embargo, en ese sentido ha librado una lucha titánica para no suspender a uno solo de sus empleados.

En el año 2016, ASOJOURD lideró la lucha por la Autonomía del Poder Judicial exigiendo el cumplimiento a la Ley 194-04 que asigna al Poder Judicial el 2.66% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.

En un proceso reflexivo de introspección, estamos conscientes que la situación del Poder Judicial de cara a esta crisis fuera completamente distinta si este poder del Estado contara con el 2.66% del presupuesto nacional fijado como mínimo por la ley para poder ejercer de manera efectiva y en la practica una autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, tal como lo consagra la Constitución dominicana. Sin embargo, también estamos conscientes que estos no son tiempos de antagonismos, sino de un trabajo conjunto y armónico entre todas las fuerzas vivas de la nación donde cada uno haga lo mejor que puede con lo que tiene, sin que esto se interprete como renuncia a un reclamo legítimo que tendrá que ser tema de agenda de las diferentes fuerzas políticas y líderes del país para garantizar de una vez por todas la función social de Poder Judicial sobre la base de la sujeción al mandato constitucional y el cumplimiento de la ley adjetiva.

La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana quiere reconocer de forma especialísima a las mujeres y hombres, juezas, jueces y servidores judiciales por la vocación de servicio, el espíritu de solidaridad que han mantenido y por ofrecer su mayor esfuerzo para que el Poder Judicial pueda seguir cumpliendo con su misión esencial de garantizar los derechos de todos y todas.

Finalmente, esta ha sido una experiencia que nos ha marcado a todos como sociedad, incluso en el orden emocional, obligándonos a mantener distancias, sin embargo, el buen ánimo y la buena disposición de cada uno de ustedes nos ha hecho sentirnos cerca y acompañados. Tenemos deficiencias, decir lo contrario sería faltar a la verdad. El servicio judicial digital requiere de mejorías, se deben crear los sistemas que permitan la mayor capacidad de respuesta, es necesario eficientizar todas las formas de acceso hasta alcanzar niveles similares a los existentes antes de la pandemia, pero innegablemente, es mucho lo que hemos logrado y encomiable el esfuerzo del Poder Judicial.  Aquí el reto es cómo promover y sostener el uso de la tecnología en tiempos de pandemia y post pandemia junto a los servicios tradicionales en la medida de las posibilidades de salud lo permitan y para lo cual esta Asociación se declara a disposición de la Nación.

Por la directiva de ASOJURD

Yudelka Villanueva                                        Ysis Muñiz                                          María Garabito                

Presidenta                                                Vicepresidenta                                           Tesorera

 Radar Coronado                               Aloides Matías

Secretario General                                  Vocal