Fuente Externa
Santo Domingo, R,D., Cañeros Organizados expresa su profunda preocupación y su más enérgico rechazo ante las denuncias de graves abusos ocurridos durante operativos migratorios desarrollados en distintas comunidades del país, particularmente en zonas cañeras, y exige al Estado dominicano una investigación independiente, imparcial y transparente que permita esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
La organización señala que estos operativos se producen en un contexto nacional que diversas comunidades describen como una “cacería migratoria”, donde personas haitianas, personas negras y dominicanos de ascendencia haitiana denuncian sentirse perseguidos, intimidados y sometidos a controles basados en su apariencia física, color de piel u origen familiar.
Cañeros Organizados reconoce que el Estado dominicano tiene la facultad soberana de regular la migración y aplicar sus leyes. Sin embargo, esa facultad no puede ejercerse mediante prácticas que generen miedo colectivo, discriminación, violencia o desconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en las leyes nacionales.
Las denuncias recibidas por la organización señalan que algunos operativos se han realizado durante horas de la madrugada, incluyendo intervenciones alrededor de la medianoche y las tres de la mañana, cuando las familias se encuentran dentro de sus hogares descansando.
Los testimonios comunitarios describen entradas abruptas a viviendas, momentos de pánico, presencia de agentes armados, disparos, personas heridas y actuaciones que deben ser investigadas con urgencia por las autoridades competentes.
Particular preocupación generan las denuncias provenientes de comunidades cañeras del municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de
Macorís, incluyendo el sector La Siria, donde residentes y líderes comunitarios han señalado abusos durante operativos migratorios realizados a las 4:00 de la madrugada del viernes 31 de julio de 2026. Según testimonios comunitarios, durante estas intervenciones se habrían producido momentos de tensión, disparos y situaciones que generaron temor entre las familias residentes. Asimismo, se ha denunciado que una mujer migrante haitiana habría resultado lesionada durante uno de estos operativos, presentando un golpe contuso en uno de sus ojos, hecho que requiere una investigación seria, independiente y transparente para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.
Estos hechos revisten una gravedad especial porque ocurren en comunidades cañeras, donde durante generaciones han vivido trabajadores y familias que han contribuido al desarrollo económico y social de la República Dominicana mediante su esfuerzo en la industria azucarera.
Las comunidades cañeras no son territorios sin derechos. Son comunidades históricas construidas por hombres y mujeres que han aportado al país con su trabajo y que merecen la misma protección constitucional que cualquier otro ciudadano o residente en territorio dominicano.
Cañeros Organizados también expresa preocupación por las denuncias sobre un clima de temor que estaría afectando la vida cotidiana de muchas familias, quienes manifiestan miedo de salir de sus hogares para realizar actividades esenciales como acudir a centros de salud, comprar medicamentos, adquirir alimentos o trasladarse a sus lugares de trabajo por temor a ser detenidas durante operativos migratorios.
Especial preocupación generan las denuncias relacionadas con detenciones de mujeres, niños y familias completas, así como el traslado de personas al Centro de Retención Migratoria de Haina, sin que, según testimonios recibidos, siempre se hayan considerado las condiciones particulares de vulnerabilidad de cada caso.
La organización recuerda que la Constitución de la República Dominicana protege la dignidad humana como fundamento del Estado; garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación; protege la libertad y seguridad personal; reconoce el derecho al debido proceso y establece la inviolabilidad del domicilio.
El artículo 44 de la Constitución dominicana establece que el hogar, el domicilio y todo recinto privado son inviolables, y que solo pueden realizarse intervenciones en esos espacios conforme a las condiciones establecidas por la ley y con las garantías correspondientes.
Por tanto, cualquier denuncia de ingreso a viviendas sin las formalidades legales requeridas debe ser investigada de manera seria y transparente. Ningún operativo migratorio puede estar por encima de la Constitución ni justificar actuaciones arbitrarias contra familias o comunidades enteras.
Asimismo, el debido proceso exige que toda actuación del Estado respete garantías mínimas, incluyendo la identificación de las personas, la evaluación individual de cada situación y el derecho a una defensa efectiva. La condición migratoria de una persona no elimina sus derechos fundamentales.
Cañeros Organizados advierte que las denuncias de presuntos allanamientos irregulares, agresiones, disparos, sustracción de pertenencias, intimidaciones y posibles extorsiones, de confirmarse mediante las investigaciones correspondientes, constituirían hechos incompatibles con un Estado social y democrático de derecho.
La República Dominicana tiene compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que obligan al Estado a garantizar la igualdad, la protección contra detenciones arbitrarias, el respeto al debido proceso y un trato digno para todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación por nacionalidad, color de piel u origen.
Por estas razones, Cañeros Organizados exige:
• La apertura inmediata de una investigación independiente sobre los operativos denunciados en Quisqueya y otras comunidades del país.
• Que el Ministerio Público investigue cualquier denuncia de abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, presunta extorsión, apropiación indebida de pertenencias o cualquier conducta ilícita.
• Que la Dirección General de Migración revise sus protocolos de actuación y garantice que todos los operativos respeten la Constitución, la ley y el debido proceso.
• Que la Defensoría del Pueblo dé seguimiento a estas denuncias y acompañe la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
• Que cualquier funcionario o agente que haya actuado fuera del marco legal responda ante la justicia.
Cañeros Organizados reafirma que la defensa de la soberanía nacional y el control migratorio son compatibles con el respeto absoluto a los derechos humanos. Lo que no puede aceptarse es que la aplicación de una política pública se convierta en una fuente de miedo, humillación o vulneración de derechos.
Las comunidades cañeras han aportado históricamente al desarrollo de la República Dominicana. Sus habitantes merecen respeto, justicia y protección.
La ley debe cumplirse, pero la Constitución debe cumplirse primero.
CAÑEROS ORGANIZADOS
