Cárcel de La Victoria: La corrupción desenfrenada corroe el sistema penitenciario dominicano
La depravación se extiende desde los contratistas de construcción hasta los encargados de seguridad, quienes en La Victoria recogen semanalmente $7 millones ilegalmente
El escándalo de la construcción fraudulenta de la nueva cárcel La Victoria en La Parra ha sacudido los cimientos del sistema de justicia en nuestro país.
Un proyecto multimillonario concebido para aliviar el hacinamiento y las condiciones infrahumanas de la vieja penitenciaría La Victoria se ha convertido en un monumento a la corrupción desenfrenada que impera en el sistema carcelario dominicano.
Las investigaciones revelan que el costo de construcción fue inflado en más de 3 mil millones de pesos, una cifra escandalosa que debería avergonzar a quienes se han enriquecido a costa del sufrimiento de los reclusos y los fondos públicos.
Lisandro Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla Tavárez durante la actual gestión del Presidente Luis Abinader, admitió su culpabilidad en el caso Operación Medusa para un juicio abreviado.
Los sobornos permitieron que su empresa fuera beneficiada en la licitación de la Procuraduría General durante la gestión de Jean Alain Rodríguez para construir la Nueva Victoria.
Asombrosamente, el movimiento de tierra en unos terrenos sin títulos y húmedos costó más de 1,097 millones de pesos.
A pesar de los años transcurridos, la nueva cárcel permanece inoperativa debido a irregularidades en su construcción, impidiendo el traslado de los presos de la obsoleta La Victoria.
Mientras tanto, la vieja cárcel sigue siendo un foco de violencia y miseria, donde un trágico incendio reciente cobró la vida de 12 personas, víctimas de condiciones inhumanas.
Lamentablemente, la corrupción no se detiene ahí.
Es un cáncer que se ha propagado por todo el sistema penitenciario, incluyendo el supuesto «nuevo modelo» que se ha convertido en un negocio lucrativo para directores y encargados de seguridad.
Estos individuos sin escrúpulos han encontrado formas de enriquecerse controlando y cobrando por todo lo que entra y sale de las cárceles.
Incluso en la vieja Victoria, los encargados de seguridad recaudan más de 7 millones de pesos semanalmente de forma fraudulenta, según el experto carcelario Roberto Santana.
Es una burla a la justicia y a los derechos humanos más básicos.
Mientras los reclusos se pudren en condiciones infrahumanas, sus supuestos custodios se enriquecen a sus expensas, convirtiéndose en verdugos en lugar de guardianes.
Y todo esto ocurre ante la mirada cómplice de las autoridades gubernamentales y la Procuraduría General de la República, quienes prefieren hacer la vista gorda ante la abrumadora evidencia de corrupción.
Es una traición a la confianza del pueblo dominicano y una negación de los principios fundamentales del estado de derecho.
Es hora de que la ciudadanía alce su voz y exija un cambio radical en el sistema penitenciario.
Necesitamos cárceles dignas donde se respeten los derechos humanos y se promueva la rehabilitación, no centros de enriquecimiento ilícito para funcionarios corruptos.