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Carestía de alimentos e inflación desbordan a los hogares dominicanos

Consumidores denuncian incapacidad para adquirir canasta básica familiar debido a altos precios

Por William Perdomo para Ciudad Oriental
En un sondeo realizado este viernes en diferentes supermercados del municipio Santo Domingo Este, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Consumidores, la población dominicana alzó su voz para denunciar las vulnerabilidades que enfrentan como consumidores ante el alto costo de los alimentos y los deficientes servicios brindados por algunas instituciones públicas y privadas, sin intervención efectiva del Gobierno.

Múltiples clientes coincidieron en señalar el encarecimiento de los productos de la canasta básica, el robo de identidad, la inflación galopante y los salarios estancados, particularmente en el sector público debido al incumplimiento de la Ley 105-13 que regula los salarios.

Asimismo, lamentaron la falta de políticas claras para una transición hacia energías limpias y económicas.

«El arroz está caro, la leche, las carnes, el pollo, los huesos, los embutidos, el azúcar, los víveres, los productos para la higiene, la energía eléctrica, los servicios telefónicos, el combustible… Todo ha subido de precio de forma descomunal», expresaron indignados los consumidores consultados en supermercados como La Sirena, El Bravo, Jumbo, Nacional y Ole.

Parte de este efecto se atribuye a los intereses de los préstamos contraídos por la gestión del Presidente Luis Abinader, que ascienden a 38 mil millones de dólares en apenas tres años, y a su mala administración, según denunciaron los ciudadanos.

La población sostiene que bajo el mandato de Abinader, el costo de la vida ha aumentado considerablemente, erosionando el poder adquisitivo de los dominicanos y dificultando su acceso a bienes y servicios básicos.

Destacaron la disparidad entre el promedio del costo de la canasta familiar, que ronda los 42,000 pesos mensuales, y el bajo promedio del salario mínimo, que apenas alcanza los 17,610 pesos.

Ante esta situación, los consumidores hacen un llamado al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) a brindar un servicio más accesible, no solo en la capital, sino también en diferentes lugares a nivel nacional, habilitando estafetas o enlaces donde las personas puedan tramitar sus reclamaciones de sus derechos.

Asimismo, señalaron que a pesar de existir un marco legal en la Constitución, las leyes no se aplican adecuadamente, lo que conlleva a que los productos pasen por múltiples intermediaciones y los consumidores terminen comprando a sobreprecio.

En consecuencia, exigen una respuesta contundente del Gobierno para proteger sus derechos y garantizar su acceso a bienes y servicios a precios justos.

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