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Dos casos que golpean de lleno en la cara al Poder Judicial en SDE

Por Robert Vargas
A simple vista, cualquiera que el Poder Judicial es garante del cumplimiento de las leyes por igual para todos los usuarios del sistema, sin importar su condición económica o social, pero la realidad no parece que sea esa.

Lo mismo acontece con la Defensoría Pública: no parece que este ente esté muy interesado en hacer valer los derechos de los los imputados, al menos en el Distrito Judicial de Santo Domingo Este.

Vamos a mencionarles dos casos de los cuales Ciudad Oriental ha obtenido algunos detalles y que, en caso de ser ciertos, revelarían las violaciones a los derechos de los imputados.

Estos son solo dos casos, pero como estos, hay cientos que se mantienen en silencio por una razón sencilla “nadie sufre el dolor de riñón ajeno”.

Primer caso

A mediados del año 2020 un hombre vecino de Santo Domingo Este, Carlos Salas Ortiz, se vio implicado en un hecho que riñe con la ley.

El individuo fue imputado de varios cargos y el tribunal le impuso varias medidas de coerción, entre estas, libertad, pago de una fianza e impedimento de salida.

Hasta ahí, todo bien. Salas Ortíz, para recobrar su libertad, solo tendría que pagar la fianza, y esperar  a que el impedimento de salida le fuera comunicada a la Dirección de Migración, para evitar que saliera del país.

¿Dónde comienzan los problemas?

Inician en el momento en que se hace necesario comunicar la decisión del tribunal a la Dirección de Migración por la sencilla razón de que Salas Ortíz es uno de esos muchos dominicanos que carecen de cédula de identidad.

Sin cédula, no se puede colocar el impedimento de salida.

Así, de repente, las autoridades se encuentran con un problema por tratarse de una “medida era de imposible cumplimiento”.

Ante esa situación, la defensa técnica del imputado se presenta ante el tribunal y solicita la revisión de la medida de coerción por ese mismo motivo: no se puede cumplir por carecer de cédula.

El tribunal, en forma administrativa, varía la medida de coerción y retira el impedimento de salida admitiendo porque no se puede cumplir.

Cualquiera podría creer que el asunto quedaría resuelto allí mismo, pero no ha sido así.

La variación de la medida de coerción fue dictada en junio del año 2020 y todavía hoy, al momento en que escribimos esta información, la  resolución con la variación de la medida de coerción no ha sido emitida, según nos comenta una fuente con conocimiento pleno del caso.

Por tanto, Salas Ortíz sigue encerrado en la cárcel de San Luis, donde da señales de un avanzado estado depresivo.

Debió salir en libertad en junio del 2020 y ya febrero superó la mitad del mes. Ocho meses encerrado con el Poder Judicial violentando sus derechos.

El asunto no se queda ahí.

Ocurre que la cárcel de San Luis no fue concebida para que una persona permanezca allí encerrada más de dos o tres días y, en consecuencia, ni siquiera tiene un patio donde los reclusos puedan salir a tomar el sol y a ejercitarse.

Esto significa que Salas Ortíz ha sido mantenido en una celda durante ocho meses, mirando cuatro paredes, solo porque a alguien en el Poder Judicial en Santo Domingo Este no le ha dado la santa voluntad de emitir la resolución con la variación de la medida de coerción.

Segundo caso

En el año 2019 un hombre y una mujer se vieron implicados en otro caso reñido con la ley. Fueron imputados de cargos. Los dos fueron enviados a prisión a la espera de un juicio de fondo.

En el trayecto, la parte acusadora y los acusados llegaron a uno de esos acuerdos que se hacen entre las partes bajo la observación del Ministerio Público.

El hombre, recobró su libertad en octubre pasado, pero la mujer, Luisa Perdomo, continuó encerrada en la cárcel de Nayajo Mujeres a la espera de que la solicitud de la variación de la medida de coerción fuera conocida por un tribunal.

Finalmente, a mediados de enero de este 2021, un tribunal conoció la solicitud de la variación de la medida de coerción y, teniendo como base lo acordado entre las partes, ordenó la liberación de la mujer.

Hace un par de noches, la madre de Perdomo, Mirna Terrero, se puso en contacto con Ciudad Oriental para narrar lo que le sucede.

Según Terrero, desde enero pasado ella ha estado asistiendo casi todos los días al Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle en busca de la resolución que dispone la libertad de su hija, pero en la Secretaría solo le dicen que “la resolución no ha salido”.

Visiblemente desesperada, Terrero se pregunta si es que van a dejar morir a su hija en la cárcel.

No es que Terrero esté pidiendo ningún favor, sino que se cumpla con el mandato del tribunal que dispuso la libertad de su hija “hace un mes”.

Silencio cómplice de la Defensoría Pública

Mientras esto ocurre, la Defensoría Pública guarda un extraño silencio y, al menos en estos y otros casos, no hace nada por hacer valer los derechos de los imputados.

Actúa de la misma forma que lo hace ante la gran cantidad de presos que son retenidos en la cárcel de San Luis y en el camión-cárcel solo porque el Poder Judicial mantiene un cuello de botella con escasas emisiones de resoluciones.

En este momento, surge una pregunta simple: ¿Por cuáles motivos la Defensoría Pública no exige al Poder Judicial actuar con la celeridad que se requiere en lo referente a las resoluciones y a las variaciones de las medidas de coerción? ¿Cuántos personas están afectadas por la pésima gestión del Poder Judicial y el silencio de la Defensoría Pública?

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