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Empresa de recogida de basura demanda al Ayuntamiento de SDN por deuda de más de 8.4 millones de pesos

Fuente externa

Santo Domingo.- La empresa recolectora de desechos sólidos «Romero LC, SRL» inició un proceso de demanda en contra del actual alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, por presunto incumplimiento de pago a trabajos realizados en el referido municipio entre junio de 2022, así como mayo y julio de 2023.

Según el documento jurídico de la demanda enviado a este medio, la empresa realizó en tres ocasiones la labor de recogida de basura, por un monto total de RD$8,409,088.64. Sin embargo, según la denuncia, el alcalde Carlos Guzmán no cumplió con el pago acordado luego de finalizado el trabajo por parte de Romero LC, SRL.

A raíz de esta situación, la empresa ha requerido a la justicia disponer que el alcalde imputado le pague una suma superior a los 16.8 millones de pesos debido a daños y perjuicios ocasionados.

 

 

Demanda íntegra

Al: Magistrado Procurador Fiscal de la Provincia de    Santo Domingo, República Dominicana.

Asunto: Formalización de Querella en acción pública a instancia privada con constitución en actor Civil presentada por la Razón Social ROMERO LC, SRL en contra del AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE y el Sr. CARLOS GUZMÁN en calidad de Alcalde Por haber violado éstos en perjuicio las disposiciones de los artículos 01, 02, y 03 de la Ley 3143 así como los artículos 401, 405 del Código Penal Dominicano.-

Querellante: ROMERO LC, SRL representada por el Sr. YEFERSON MIGUEL ROMERO LIARIANO el cual tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al DR. CESAR MONTAS ABREU y a la LICDA. MARIELA MARBELLÍ GONZALES MEDINA.-

Imputado: AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE, y su Alcalde el Sr. CARLOS GUZMÁN.-

Honorable Magistrado

Quien suscribe la razón social ROMERO LC, SRL, Entidad  constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social establecido en la Calle Segunda, No. 11, urbanización Palma Real, República Dominicana, con su  RNC No. 131328997, debidamente representada por su presidente el señor YEFERSON MIGUEL ROMERO LIRIANO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-1701571-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito nacional, Capital de la República Dominicana, quien tiene como abogados constituidos y apoderados a los señores, Dr. CESAR MONTAS ABREU y a la Licda.  MARIELA MARBELLI GONZALEZ MEDINA ambos dominicanos, mayores de edad, Portadores de las cedulas de identidad y Electoral Nos. 001-0052421-4 y 402-2585142-3, respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, con estudio Profesionales abiertos en la Avenida San Vicente de Paul, No 152, plaza Jaison, local 3-B, Municipio santo Domingo Este, Republica Dominicana,  con los  correos cesar_montas@hotmail.com, aacone7@gmail.commarielagm0813@gmail.com y  los teléfonos 809-880-4130y 809-591-4710; que es donde mi requirente hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias que se desprenden de la presente Querella.-

Datos Relativos A La Identidad Del Imputado

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE, Institución constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominica, con su oficina en la Avenida hermanas Mirabales, esquina general Modesto Díaz, villa Mella, Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, Republica dominicana, debidamente representada por su Alcalde el Sr. CARLOS GUZMÁN.

Según lo dispuesto por el artículo 29 del Código Procesal Penal, el presente escrito corresponde a una Acción Pública, toda vez que el mismo establece lo siguiente

Art. 29.- Ejercicio de la acción penal. La acción penal es pública o privada. Cuando es pública su ejercicio corresponde al ministerio público, sin perjuicio  de la participación que este código concede a la víctima. Cuando es privada, su ejercicio únicamente corresponde a la víctima.

Art 30.- Obligatoriedad de la acción pública. El ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes.

Artículo 31 del Código Procesal Penal, el presente escrito corresponde a una Acción Pública a Instancia Privada, toda vez que el mismo establece lo siguiente: “Cuando el Ejercicio de la Acción Pública depende de una instancia privada el ministerio público solo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima. Dentro de los casos que se conocen está el número siete del artículo 31 que se refiera a trabajo realizado y no pagado.

La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima.

Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de todos los imputados del caso punible.

Según Lo Establecido Por La Ley  4133 Del Once De Diciembre De 1951

Articulo 1 Toda persona que con motivo de una profesión, arte u oficio, reciba dinero, efectos u otra compensación, ya sea como anticipo o pago total del trabajo que se obligó a ejecutar o como materiales para el mismo, y no cumpla su obligación en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, será castigado como autor de fraude y se le aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal según la cuantía, sin perjuicio de la devolución de las sumas, efectos o materiales avanzados y de las indemnizaciones que procedan

Art. 2.- También constituirá fraude y se sancionará con las mismas penas indicadas en el artículo anterior, el hecho de contratar trabajadores y no pagar a éstos la remuneración que les corresponda en la fecha convenida o a la terminación del servicio a ellos encomendados, después que el que hubiere contratado los trabajadores haya recibido el costo de la obra, aun cuando sea sin ninguna estipulación sobre el pago a los trabajadores. Todo, sin perjuicio de las acciones civiles que sean procedentes.

Art. 3.- Para los fines indicados en los artículos 1 y 2 de la presente ley, la intención fraudulenta se comprobará por la circunstancia de no ejecutar el trabajo en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, o por no pagar a los trabajadores la remuneración que les corresponda en la fecha convenida o a la terminación del trabajo, que un caso de fuerza mayor, debidamente comprobado, o el hecho de no haber recibido el costo de la obra haya impedido el oportuno cumplimiento de tales obligaciones.

Art. 401.- Los demás robos no especificados en la presente sección, así como sus tentativas, se castigarán conforme a la siguiente escala:

1.- Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos.

2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos.

3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos;

4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos

En todos los casos, se podrá imponer a los culpables la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo.

El que a sabiendas de que está en la imposibilidad absoluta de pagar, se hubiere hecho servir bebidas o alimentos que consumiere en todo o en parte en establecimientos a ello destinados, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez a cien pesos.

El que, sin tener los recursos suficientes para pagar el alojamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles, pensiones o posadas u otro establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la forma y plazos convenidos, comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a doscientos pesos.

Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de los casos previstos en el artículo 401, inciso 1o. y en los dos últimos acápites de mismo artículo.

Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también condenados a la accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los casos de falsedad.

Párrafo.- Cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables serán castigados con pena de reclusión si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos públicos si alcanza una suma superior, y, en ambos casos, a la devolución del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de ese valor ni mayor del triple del mismo.

RELATO CIRCUNSTANCIAL DE LOS HECHOS

RESULTA: Que en las fechas Treinta (30) Mayo del dos Mil Veintitrés (2023), Treinta (30) Junio del dos Mil Veintitrés (2022) y Quince (15) Julio del dos Mil veintitrés (2023) la razón ROMERO LC, SRL produjo las facturas de Recogida de Desechos  Solido,  por los montos de TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 32/100, (RD$3,363,636.32), TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 32/100,  (RD$3,363,636.32) Y UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00/100 (RD$1,681,816.00) AL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE 

RESULTA: Que el AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE con forme las facturas emitidas por la razón Social ROMERO LC, SRL con comprobante Fiscal o valor fiscal marcado con los números B1500000171, B1500000172, B1500000173, comprobantes con fecha de vencimiento al 31 de diciembre del 2024, lo que indica que las facturas fiscales están ventajosamente vencidas acarreando un daño fiscal a la razón social reclamante ROMERO LC, SRL

RESULTA: que en fecha Ocho (08) de Septiembre del Dos Mil Veintitrés (2023) se le notifico una intimo pago al AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  y/o al señor CARLOS GUZMÁN en calidad de Alcalde mediante acto No. 1488/2023 instrumentado por el ministerial Agustín Vilaseca castillo, alguacil de estrado de la unidad de citaciones, notificaciones y comunicaciones Jurisdicción Penal de Santo Domingo, por la suma de portador de las piezas necesarias para extender formal recibo de descargo, la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL, OCHENTA Y OCHO PESOS  CON 64/100 (RD$8,409,088.64) que totalizan las tres facturas.

RESULTA: que conforme las tres facturas antes señaladas se puede establecer la prueba por excelencia del trabajo realizado y no pagado, que nos ocupa en esta ocasión.

LOS HECHOS RELATADOS SE VERIFICAN Y COMPRUEBAN MEDIANTE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS SIGUIENTES:

Para fundamentar los hechos contenidos en la presente acusación y la solución pretendida, la parte querellante y actor civil hará uso de los elementos probatorios que se indican a continuación.

PRUEBAS LITERARIAS

Factura No. 000171, de fecha 30 de mayo del 2023, por concepto de Recogida de Desechos Solido del 1ro de mayo al 30 del 2023, la cual tiene un monto de TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 32/100 (3,363,636.32);

Factura No. 000172, de fecha 30 de junio del 2023, por concepto de Recogida de Desechos Solido del 1ro de junio al 30 del 2023, la cual tiene un monto de TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 32/100 (3,363,636.32);

Factura No. 000173, de fecha 15 de Julio del 2023, por concepto de Recogida de Desechos Solido del 1ro de julio al 15 del 2023, la cual tiene un monto de UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL, OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00/100 (1,681,816.00).

DERECHO

A que el Articulo 50 del Código Procesal Penal el cual entre otras cosas, establece lo siguiente: “Art. 50. Ejercicio. La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable.

La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil”.

El artículo 270 del Código Procesal Penal, el cual, entre otras cosas, establece lo siguiente: “La querella debe presentarse antes de que se dicte auto de apertura a juicio. Si la querella es presentada en la audiencia preliminar, deben cumplirse todas las condiciones de forma y de fondo previstos en su etapa.” Como en efecto en este caso ha sucedido.

A que el artículo 268, en su tema, forma y contenido, del Código Procesal Penal, entre otras cosas, establece lo siguiente: “La querella se presenta por escrito ante el ministerio público y debe contener los datos mínimos siguientes:

LOS DATOS GENERALES DE IDENTIDAD DEL QUERELLANTE;

La denominación social, el domicilio y los datos personales de su representante legal, para el caso de las personas jurídicas;

El relato circunstanciado del hecho sus antecedentes o consecuencias conocidos, si es posible, con la identificación de los autores, cómplices, perjudicados y testigos;

El detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la

Indicación del lugar donde se encuentra.”

El artículo 269, “Admisibilidad” del Código Procesal Penal, entre otras cosas, establece lo siguiente: “Si el ministerio publico estima que la querella reúne la condición de forma y de fondo y que existen elementos para verificar la ocurrencia del hecho imputado, da inicio a la investigación. Si esta ya ha sido iniciada, el querellante se incorpora como parte en el procedimiento.”

Según lo establecido por la Ley 4133 del once de diciembre de 1951

Articulo 1 Toda persona que con motivo de una profesión, arte u oficio, reciba dinero, efectos u otra compensación, ya sea como anticipo o pago total del trabajo que se obligó a ejecutar o como materiales para el mismo, y no cumpla su obligación en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, será castigado como autor de fraude y se le aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal según la cuantía, sin perjuicio de la devolución de las sumas, efectos o materiales avanzados y de las indemnizaciones que procedan.

Art. 2.- También constituirá fraude y se sancionará con las mismas penas indicadas en el artículo anterior, el hecho de contratar trabajadores y no pagar a éstos la remuneración que les corresponda en la fecha convenida o a la terminación del servicio a ellos encomendados, después que el que hubiere contratado los trabajadores haya recibido el costo de la obra, aun cuando sea sin ninguna estipulación sobre el pago a los trabajadores. Todo, sin perjuicio de las acciones civiles que sean procedentes.

Art. 3.- Para los fines indicados en los artículos 1 y 2 de la presente ley, la intención fraudulenta se comprobará por la circunstancia de no ejecutar el trabajo en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, o por no pagar a los trabajadores la remuneración que les corresponda en la fecha convenida o a la terminación del trabajo, que un caso de fuerza mayor, debidamente comprobado, o el hecho de no haber recibido el costo de la obra haya impedido el oportuno cumplimiento de tales obligaciones.

Art. 401.- Los demás robos no especificados en la presente sección, así como sus tentativas, se castigarán conforme a la siguiente escala:

1.- Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos.

2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos.

3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la   cosa o las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos;

4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos

En todos los casos, se podrá imponer a los culpables la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo.

El que a sabiendas de que está en la imposibilidad absoluta de pagar, se hubiere hecho servir bebidas o alimentos que consumiere en todo o en parte en establecimientos a ello destinados, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez a cien pesos.

El que sin tener los recursos suficientes para pagar el alojamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles, pensiones o posadas u otro establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la forma y plazos convenidos, comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a doscientos pesos.

Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de los casos previstos en el artículo 401, inciso 1o. y en los dos últimos acápites de mismo artículo.

Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también condenados a la accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los casos de falsedad.

Párrafo. – Cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables serán castigados con pena de reclusión si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos públicos si alcanza una suma superior, y, en ambos casos, a la devolución del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de ese valor ni mayor del triple del mismo.

Fundamento De La Acción Civil Ejercida Por El Querellante. –

De acuerdo con el artículo 50 del Código Procesal Penal la acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal, conforme a las reglas establecidas por dicho Código. Y esa ha sido la opción que ha adoptado el querellante con la interposición de la referida querella con constitución en actor civil de que se trata, la cual es reiterada por el mismo con la presente instancia.-

La postulación en justicia de las víctimas, constituyen acciones judiciales netamente individuales, no sociales, por una doble vía: porque están basadas en derechos personales y propios de los querellantes y porque se trata de cuestiones que están debidamente sancionados en nuestro sistema jurídico represivo. Por tanto, el interés del querellante en especie no solamente es legítimo, sino también jurídico, personal, nato y actual en razón de este haber sido y ser de manera individual y directamente perjudicado por las actuaciones delictivas del imputado;

Los artículos: 1382 y 1383 del Código Civil, se disponen lo siguiente:

“Art. 1382.- Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo.

Art. 1383.- Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia.

En el caso de la especie los ilícitos penales cometidos por los imputados  le han ocasionado a la querellante un gravísimo perjuicio económico, estimado por ellos en la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL, OCHENTA Y OCHO PESOS  CON 64/100 (RD$8,409,088.64) que es el monto adeudado por las facturas de los trabajos realizados y no pagado, más el duplo del monto antes señalado que asciende a la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 28/1000 (RD$16,818,177.28) como justa reparación de los daños ocasionado con su negativa, razón por la cual procedieron  a radicar la querella   de que se trata y a constituirse en actor civil con la finalidad de resarcir los  daños y perjuicios que la comisión de dichos ilícitos le han ocasionado.-

El artículo 83 del Código Procesal Penal define lo que debe ser entendido por el concepto de víctima y delimita en forma taxativa cuales  personas  pueden  acudir a la justicia y promover una acción. A tal suerte, el referido texto dice lo siguiente:

“Art. 83. La víctima. Se considera víctima:

Al ofendido directamente por el hecho punible; Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los herederos, en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte del directamente ofendido;

A los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que  afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan;

En su obra Nuevo Código Procesal Penal, Doctrinas, Jurisprudencia, Leyes Complementarias y Tratados, Tomo I., p. 226, Ramón E. Montero, Juan Ramón Vásquez y Ramón B. Poueriert R. señalan lo siguiente:

“La  organización  de   las   Naciones  Unidas  (ONU)   en  el   año  mil  novecientos Ochenta y cinco (1985), emitió una declaración sobre principios fundamentales de los que debe considerarse como víctima, señalando que: “Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluso lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violenten la legislación penal vigente de los Estados Miembros, incluida la que proscribe abuso de poder.”

De acuerdo con el párrafo capital del artículo 68 de la Constitución de la República, la constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente constitución y por la ley. El artículo 51 establece el derecho de propiedad. El estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia, en su Resolución número 1920/2003 de fecha 13 de noviembre del año 2003, ha dicho que el bloque de constitucionalidad encierra entre sus principios y normas una serie de valores como el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad y otros que, al ser asumidos por nuestro ordenamiento jurídico, se configuran como patrones de racionabilidad, principio establecido en el artículo 8 numeral 5 de nuestra Constitución, en tal virtud, ha dicho lo siguiente:

“Atendido, que, en un Estado constitucional y democrático de derecho, el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales, constituye la dimensión sustancial de la democracia;

Atendido, que estos derechos tienen como fundamento los atributos de la persona humana que emanan de su dignidad inherente y son reconocidos por    el sistema constitucional;

Atendido, que la Constitución asume esta dimensión, al establecer en su Artículo 8 que: “Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general, y los derechos de todos”;

Atendido, que en el artículo 8, precitado, se encuentra enunciado el conjunto de garantías mínimas que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa   de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial;

Atendido, que estas garantías procuran asegurar que ninguna persona pueda ser privada de defender su derecho vulnerado y reclamar su reparación ante los tribunales de justicia.”

SOLUCION PRETENDIDA

Por tales motivos y los que tengáis a bien suplir con vuestro elevado conocimiento jurídico y sentido de justicia, la querellante, víctima y Actor Civil, la razón social  ROMERO LC, SRL representa por  el señor  YEFERSON MIGUEL ROMERO LIRIANO,  por medio de la presente instancia ratifican la referida querella radicada contra el Ayuntamiento santo Domingo Norte y su alcalde el sr. Carlos Guzmán , por haber violado estos en su perjuicio las disposiciones de los artículos 01,02 y 03 de la Ley 3143 así como los artículos 401, 405 del  Código Penal Dominicano y se constituyen en actores Civiles contra dichos imputados y  os solicitan disponer :

PRIMERO: Admitiendo en su totalidad la querella contenida en la presente instancia, formulada por, la razón social ROMERO LC, SRL representada por el señor YEFERSON MIGUEL ROMERO LIRIANO, actor civil, contra del AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE y su Alcalde el señor CARLOS GUZMÁN por haber violado éstos en su perjuicio las disposiciones legales antes mencionadas, y ante el tribunal que resulte apoderado;

SEGUNDO: Condenar a AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  y su Alcalde el señor CARLOS GUZMÁN,   al pago de  OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL, OCHENTA Y OCHO PESOS  CON 64/100 (RD$8,409,088.64) que es el monto adeudado por las  facturas de los trabajos realizados y no pagado, más el duplo del monto antes señalado que asciende a la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 28/1000 (RD$16,818,177.28) como justa reparación por los daños materiales y los perjuicios morales sufridos con motivo de las acciones ilícitas de los imputados, en virtud de las previsiones contenidas en los artículos: 1382, 1383 y 1384 del Código Civil Dominicano.-

TERCERO: Condenar a la razón social AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE y su Alcalde el señor CARLOS GUZMÁN,   al pago de las costas  civiles  del  procedimiento,  ordenando  su distracción  en  provecho  del Dr. CESAR MONTAS ABREU y a las Licda. MARIELA MARBELLI GONZALEZ MEDINA abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad.

CUARTO: Disponiendo cualquier medida que sea necesaria para la ejecución de la resolución a intervenir o corrección de la presente querella. –

Y haréis justicia. –

En el Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, a los Cuatro (04) día del mes de Septiembre del año dos mil veintitrés (2023). –

_________________________________________

ROMERO LC, SRL representada por el señor

YEFERSON MIGUEL ROMERO LIRIANO

Querellante. –

 

___________________________________

  1. CESAR MONTAS ABREU

Abogado.-

 

_____________________________________________

LICDA. MARIELA M. GONZALEZ MEDINA

Abogado.-

ANEXOS:

  1. Acto de Intimación de pago, marcado con el 1488/2023,  de Fecha 8 de Septiembre del 2023;
  2. Factura No. 000171, de fecha 30 de mayo del 2023, por concepto de Recogida de Desechos Solido del 1ro de mayo al 30 del 2023, la cual tiene un monto de TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 32/100 (3,363,636.32);
  1. Factura No. 000172, de fecha 30 de junio del 2023, por concepto de Recogida de Desechos Solido del 1ro de junio al 30 del 2023, la cual tiene un monto de TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 32/100 (3,363,636.32);
  1. Factura No. 000173, de fecha 15 de Julio del 2023, por concepto de Recogida de Desechos Solido del 1ro de julio al 15 del 2023, la cual tiene un monto de UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL, OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00/100 (1,681,816.00).

DERECHO.

  1. Cedula de identidad del señor YERFERSON MIGUEL ROMERO LIRIANO.

  2. Cedula de identidad del CESAR MONTAS ABREU.
  3. Cedula de identidad de la MARIELA MARBELLÍ GONZALEZ MEDINA


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