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En el limbo jurídico juicio de fondo Natasha y Suleika luego de recusación de jueces

Desde que fue generada la recusación a la fecha, han transcurrido dos meses y medio, sin que los jueces de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo tomen una decisión para reiniciar el juicio.

Por Julio Benzant / **Videos
Santo Domingo Este. El juicio de fondo por los asesinatos de Natasha Sing German y Zuleika Flores Guzmán, se mantiene en un limbo jurídico, luego que a principio del mes de octubre fueran recusados los jueces del tribunal de primera instancia que conoce el proceso.

El abogado Rigoberto Rosario Guerrero, defensa técnica de la encartada Sanhy Dotel Ramírez (a) Sandra, en la audiencia del viernes 04 de octubre recusó al pleno, por entender que existían violaciones a los derechos de la defensa.

La recusación recayó sobre los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, compuesto por los magistrados Josefina Ubiera Guerrero (presidente), Kelvys José Henríquez Rodríguez y Nelson Romero (miembros).

La postura del abogado, fue luego de oponerse a que la fiscalía tratara de iniciar la interpelación y escucha de sus testigos, sin revelar el orden de los mismos.

“No puede haber sorpresa procesales, y que las partes deben conocer con anticipación, las formas y el momento en que se van a ser presentadas las pruebas, sean esta testimoniales o documentales”, dijo el abogado.

La posición asumida por el togado Rosario Guerrero, generó intensos debates entre las partes en el plenario.

El abogado dio a entender que existía, a su juicio, un presunto contubernio entre el ministerio público y los jueces, pero que él no lo permitiría.

“La defensa no pueden estar merced del capricho del ministerio público”, advirtió el togado, minutos antes de formalizar la recusación de los magistrados.

Su decisión de solicitar que no intervengan los tres jueces proceso judicial, fue por considerar existía una presunta imparcialidad por parte del pleno.

Esa solicitud fue fundamentada en el artículo 78 del Código Procesal Dominicano (CPP), que establece que los jueces pueden inhibirse o ser recusados por las partes, cuando esta petición este fundada en motivos graves, que afecten su parcialidad e independencia.

“Toda decisión judicial está sujeta a recurso, aun este taxativamente prohibida, para salvaguardar el derecho de defensa”, indicó Rigoberto Rosario Guerrero.

La recusación incoada por el letrado, debió ser conocida por la Corte de Apelación en un plazo de tres días, emanando una decisión que no estaría sujeta a recurso alguno, de acuerdo al Artículo 82 del CPP.

Lo cierto que desde generada la recusación a la fecha, han transcurrido dos meses y medio, sin ninguna decisión por parte de los jueces de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo.

Luego de varios años de haber sido apoderado el Segundo Tribunal Colegiado, han sido infructuosos los intentos para conocer el proceso por la pérdida del principio de inmediación, establecido por el Artículo 315 del CPP, que consagra el principio de continuidad que rige el juicio de fondo.

Lo cierto es que el juicio ha estado cargado de incidentes procesales, que obligó a la Fiscalía a solicitar fuera iniciado de nuevo el proceso, argumentando motivos no claro, como la presunta “ausencia de un abogado”.

Desde octubre del 2017, cuando fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado para conocer el Juicio de Fondo, los incidentes procesales han obligado a iniciar desde cero el proceso, por los plazos establecidos en el Artículo 315 del CPP.

La primera suspensión del juicio de fondo, se produjo en octubre del 2017, por solicitudes de los abogados de la defensas y por la espera del fallo al recurso de apelación de los seis imputados que fueron excluidos del expediente en la fase de la instrucción.

Ese día, el tribunal, entonces presidido por el juez Eduardo De los Santos, suspendió para el 24 de noviembre de ese año, la nueva fecha.

El primero de marzo del 2019, el tribunal falló en su nuevo intento por iniciar el juicio de fondo, luego que las defensas de los imputados Luis Abel Mariano Pérez (Luisito) y Amauris Soriano García (Nevado), solicitaran la extinción de la acción penal, por presuntamente haber vencidos los plazos y superado el tiempo máximo del proceso.

A la petición de los defensores públicos, Alberth Delgados y Sandy W. Abreu, los demás abogados se adhirieron al pedimento, por considerar que también sus defendidos llevan más de 4 años presos.

Ese día primero de marzo, los incidentes procesales de los abogados de la defensa de los 11 imputados, obligó a fijar la nueva para vienes 26 de abril.

La primera audiencia en el fracasado juicio de fondo, fue el 11 de octubre del año 2018, luego que el tribunal acogiera la petición formulada por el Ministerio Público, que solicitó la fusión de los expedientes del Primer Juzgado de la Instrucción y el generado por Segunda Sala de la Corte de Apelación.

Los expedientes fusionados en aquella ocasión, fueron el Auto de Apertura a juicio de fondo contra ocho de los 14 imputados emitido por el Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo y la revocación del auto de no ha lugar que favoreció a tres de los imputados en el expediente, dictado por la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación.

El primera sentencia que envió a juicio de fondo a ocho de los encartados fue dictado por la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, mientras los de la Corte de Apelación fueron los magistrados Manuel A. Hernández Victoria (presidente), José Aníbal Madera Francisco y Pilar Antonia Rufino Díaz (miembros).

La Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación, con la sentencia número 1419-2018-SSEN-00080 revocó el auto de no ha lugar que favoreció a los imputados Catherine Berioska Medina, Abraham Tavarez Dotel y Fraisy Novas Ramírez (estos dos últimos sobrinos de la encartada Sanhy Dotel Ramírez), enviándolo con nuevo Auto de Apertura a Juicio.

Esa decisión de la Corte de Apelación declaró a lugar parcialmente, el recurso de apelación incoado por el Ministerio Público, en contra de la resolución número 578-2017-SACC-00184, emitida por del Primer Juzgado de la Instrucción, en fecha ocho de mayo del 2017.

La fiscalía en el juicio está representada por los fiscales Pedro Medina Quezada, Juan Miguel Vásquez Minaya, Jonathan Elías Pérez Furcal y Ivette Mateo, todos de la Unidad de Litigación Definitiva de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este.

Los imputados en los asesinatos son Sanhy Dotel Ramírez (Sandra), Dionary Elizabeth Trinidad Ramírez, Amauris Soriano García (Nevado), Luis Abel Mariano Pérez (Luisito), Francis Alexander Fermín González,  Jesús Manuel Mendoza Benítez (El Patrón),  Johnny Sencion Gómez , Juan José Dotel Ramírez (oficial de la Armada de República Dominicana y hermano de Sanhy Dotel Ramírez), Catherine Berioska Medina, Abraham Tavarez Dotel y Fraisy Novas Ramírez (estos dos últimos, también, sobrinos de la imputada Sanhy Dotel Ramírez).

En tanto, están excluidos del expediente la ex jueza Cibelis Martínez, el empresario Julio Cepeda Ureña (esposo de Dotel Ramírez) y Ela Ramírez, favorecidos con un Auto de No a lugar, el cual fue confirmado por Segunda Sala de Corte de Apelación, por entender que tal decisión fue justa y fundamentada en derecho.

A los 11 justiciables, el Ministerio Público imputa la acusación y  la presunta responsabilidad penal de Complicidad, Asociación de Malhechores, Asesinato y Porte Ilegal de Armas de Fuego, en perjuicio de las jóvenes Sing Germán y Flores Guzmán, hoy occisas, y sus familiares, constituidos en actores civiles.

Estos ilícitos penales son sancionados por los Artículos 59, 60,265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 39 y 40 de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego.

Se recuerda que Las jóvenes Sing Germán y Flores Guzmán, fueron asesinadas presuntamente por encargo de la imputada Dotel Ramírez (Sandra-La Patrona), en hechos por separados ocurridos el siete y 28 de abril del 2014 en este municipio.

De acuerdo al expediente acusatorio, la abogada Dotel Ramírez, presuntamente contactó al imputado Fermín González, que a su vez solicitó los servicios de sicariato a Mendoza Benítez (El Patrón), pagándoles a los dos hombres la suma de 800 mil pesos.

“El Patrón” hizo contacto con la persona que ubicó a los presuntos gatilleros de los dos asesinatos antes señalados, quienes cobraron 400 mil pesos por cada caso.

Se trata de Amauris Soriano García (Nevado) y Luis Abel Mariano Pérez (Luisito), quienes son señalados como los autores materiales de los asesinatos.

La joven Sing Germán fue asesinada la mañana del lunes 07 abril cuando salió para su trabajo desde su residencia.

Se trasladada en su vehículo marca Daihatsu, modelo Sirio, Color Gris, el cual coincidía en color y marca con el de Flores Guzmán, quien era el objetivo a eliminar.

Al salir por la Calle Privada que da acceso a la salida del residencial Vereda Tropical, en la autopista de San Isidro, lugar donde también vivía la joven Flores Guzmán.

Allí fue seguida por los imputados Nevado y Luisito, a bordo de una motocicleta Yamaha, RX-115, color negro y que al detenerse la joven Sing German en un tapón, se desmotaron, realizándole varios disparos con un revólver.

Al enterarse la imputada Dotel Ramírez del error cometido, contrató nueva vez a los castilleros, y 21 días después dieron seguimiento a la joven Flores Guzmán, alcanzándola en la avenida Ecológica, próximo a la marginal con autopista de San Isidro, donde la asesinaron.

Las dos mujeres tenían en común que vivían en el mismo residencial y tenían el mismo tipo de vehículo, de color gris y con placas parecidas, según los informes.

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Actualizado el: 15 mayo, 2021 - 8:04 AM (-04:00)
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