Por la Redaccion
Santo Domingo.– El Partido Esperanza Democrática (PED) depositó este miércoles ante el Congreso Nacional un documento con observaciones y propuestas de modificación a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la soberanía nacional y la protección de los derechos fundamentales.
CARTA CONGRESO MODIFICACIONES CODIGO PENAL
En una comunicación dirigida al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, la organización política reconoce el esfuerzo realizado por el Congreso para dotar al país de un Código Penal moderno, tras más de un siglo de vigencia del texto anterior. Sin embargo, considera que una legislación de esta importancia puede perfeccionarse mediante una revisión responsable.
El PED afirma que las propuestas buscan lograr un mejor equilibrio entre la protección de los derechos individuales, el interés público y la defensa de la nación.
Entre los principales cambios planteados figura la eliminación del privilegio penal especial para los funcionarios públicos. El partido solicita derogar cualquier disposición que otorgue una protección penal privilegiada frente a expresiones ofensivas dirigidas contra servidores públicos.
Argumenta que quienes administran recursos del Estado y ejercen funciones delegadas por la ciudadanía deben estar sometidos a un mayor nivel de escrutinio público y no disfrutar de privilegios superiores a los de cualquier ciudadano. Asimismo, sostiene que, cuando un funcionario sea víctima de una imputación falsa que afecte su honor, debe acudir a las mismas acciones penales y civiles disponibles para cualquier persona.
Otra de las propuestas consiste en una reforma integral del régimen de difamación e injuria, mediante un sistema escalonado que diferencie entre insulto simple, injuria, difamación negligente, difamación dolosa y difamación agravada.
Según el documento, este modelo permitiría aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de cada caso, incluyendo retractación pública, rectificación, multas, indemnización civil y prisión únicamente en los casos más graves, especialmente cuando exista una campaña organizada, utilización de inteligencia artificial, falsificación documental, reincidencia o un perjuicio económico significativo.
En materia del derecho a la vida, el PED propone revisar las disposiciones del Código Penal relativas al aborto para eliminar las eximentes o causas de exclusión de responsabilidad penal actualmente previstas y garantizar una protección uniforme de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
La organización entiende que el derecho a la vida constituye el primer y más importante derecho protegido por la Constitución y sostiene que el ordenamiento jurídico debe brindar tutela penal efectiva a toda vida humana. Al mismo tiempo, plantea fortalecer las políticas públicas de prevención, atención médica, asistencia social y acompañamiento integral a la mujer embarazada.
El documento también propone la incorporación del delito de Traición a la Patria por colaboración con la inmigración ilegal.
La iniciativa plantea sancionar severamente a cualquier funcionario o particular que facilite el ingreso ilegal de extranjeros, participe en redes de tráfico ilícito de migrantes, utilice funciones públicas para impedir la aplicación de la ley migratoria, reciba beneficios económicos derivados de la inmigración ilegal o colabore deliberadamente con organizaciones dedicadas a introducir extranjeros de manera irregular al territorio nacional.
En el caso de funcionarios públicos, militares, miembros de organismos de inteligencia o autoridades migratorias, el PED propone que las sanciones incluyan destitución inmediata, inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas, pérdida de beneficios derivados del cargo y las responsabilidades penales correspondientes.
Otra propuesta es incorporar como circunstancia agravante el uso de inteligencia artificial para fabricar pruebas falsas, producir videos manipulados (deepfakes), clonar voces, alterar imágenes, manipular procesos electorales, cometer fraudes, extorsionar o difamar.
En materia de corrupción administrativa, el partido solicita fortalecer las sanciones mediante la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en casos de corrupción grave, agravantes cuando el patrimonio público afectado sea elevado, decomiso ampliado de bienes provenientes del delito y responsabilidad patrimonial integral.
Respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes, el PED plantea aumentar las penas por delitos sexuales contra menores, establecer agravantes cuando los responsables sean docentes, religiosos, tutores o funcionarios públicos y reforzar la persecución de delitos cometidos a través de plataformas digitales.
Finalmente, el partido reitera la necesidad de fortalecer el principio constitucional de igualdad ante la ley, insistiendo en que ninguna persona debe recibir privilegios penales por el cargo que ocupa y que el ejercicio de funciones públicas debe implicar una mayor responsabilidad, nunca una protección privilegiada frente al escrutinio ciudadano.
El Partido Esperanza Democrática concluye su comunicación reiterando su disposición de comparecer ante las comisiones legislativas correspondientes para explicar técnicamente cada una de sus propuestas y colaborar con cualquier proceso de consulta que contribuya al perfeccionamiento del nuevo Código Penal.
