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Fijan fechas incidente Fiscalía y juicio de fondo en asesinatos Natasha Sing Y Suleika Flores

Desde octubre del 2017, el juicio de fondo ha tenido múltiples intentos por ser conocido en el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

Por Julio Benzant / **Video
Santo Domingo Este. La jueza presidenta en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, fijó fechas para el conocimiento del incidente incoado por la Fiscalía y el inicio del juicio de fondo en las muertes de Natasha Sing Germán y Zuleika Flores Guzmán, asesinadas presuntamente por encargo, en hechos por separados ocurridos en abril del 2014, en este municipio.

La magistrada Elizabeth E. Rodríguez Espinal, fijo para las diez de la mañana del martes 17 de marzo el conocimiento del incidente del Ministerio Público y para el día 23 del mismos mes, el inicio del juicio de fondo.

La acciones que reactivan el proceso judicial, se producen luego que la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, rechazara la recusación del pleno del Segundo Tribunal Colegiado, mediante la Resolución Penal número 1419-2019-SREC-00130, emitida el primero de noviembre del 2019, pero que fue conocida por las partes en febrero de este año.

La Segunda Sala de la Corte, compuesta por los jueces Manuel A. Hernández Victoria (presidente), Sarah Altagracia Veras Almanzar y Marcia R. Polanco de Sena (miembros), rechazó la recusación de fecha O4 de octubre del 2019, argumentando falta de fundamentos.

Los recusados por el abogado Rigoberto Rosario Guerrero, defensa técnica de la encartada Sanhy Dotel Ramírez (a) Sandra, fueron los magistrados Josefina Ubiera Guerrero (presidente), Kelvys José Henríquez Rodríguez y Nelson Romero (miembros).

El letrado Rosario Guerrero, argumentó que los jueces con su accionar cometían violaciones a los derechos de la defensa, luego de oponerse a que la Fiscalía tratara de iniciar la interpelación y escucha de sus testigos, sin revelar el orden de los mismos.

Ahora, el Ministerio Público, amparado en los Artículos 303 y 305 del Código Procesal Penal (CPP), ha incoado un recurso de reconsideración con relación a la exclusión de pruebas que fueron presentadas y producidas en el Auto de Apertura a Juicio, el cual fue dictado el ocho de mayo del 2017 por el Primer Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, y el cual fue impugnado parcialmente por la Fiscalía.

El Ministerio Público argumenta, que en la etapa preliminar, la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, cometió “errores sustanciales”, que a su juicio, afectan el interés de la parte acusadora y que estos vicios son corregibles, en virtud de lo establecido en los Artículos 139, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172 del CPP.

En su planteamiento de fondo señala, que presentó como elementos probatorios  la Certificación de Entrega Voluntaria de Objeto de fecha 10/5/2014, el Certificado de Análisis Forense de fecha 10/5/2014, el arma de fuego como elemento material y el testimonio del oficial Randy Alexander Flores, que realizó la experticia a dicha arma.

Estos elementos fueron excluidos por la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, del Primero de la Instrucción, porque existía una contradicción en la fecha del Acta de Entrega Voluntaria del arma de fuego y  la experticia realizada por la Policía Científica.

Parte de los imputados, juntos a sus abogados.
Parte de los imputados, juntos a sus abogados.

En el Auto de Apertura a juicio, la jueza de la instrucción,  Ramírez Cabrera, indicó que la Entrega Voluntaria tenía fecha de 10 de mayo del 2014 y el análisis forense de la misma, un día antes, lo que establecía que la prueba material fue analizada primero que la obtención por las autoridades.

Es así que establecía, que todos los elementos que desprendían de la misma son la “teoría del árbol envenenado” y debieron ser rechazados, por ser contradictorios.

La Fiscalía argumenta que lo ocurrido fue un “error material”, y que puede ser subsanado en base a lo establecido en el Artículo 139 del CPP, que establece: “Toda diligencia que se asiente en  forma escrita contiene  indicación del  lugar, fecha y hora de su redacción, las personas que intervienen y una relación suscita de los actos realizados.  El acta es suscrita por los funcionarios y demás intervinientes.  Si alguno no puede o no quiere firmar, se deja constancia de ese hecho.  La omisión de estas formalidades acarrea nulidad sólo cuando ellas no puedan suplirse con certeza, sobre la base de su contenido o de otros elementos de prueba”.

Asegura la parte acusadora, que el error quedaría subsanado en el juicio, con la comparecencia del oficial Daurin Terrero Márquez, quien estuvo a cargo la investigación y participo el 08 de mayo del 2104, en el allanamiento a la casa del empresario Julio Cepeda Ureña, recibió el arma de fuego y la entregó al fiscal investigador Gilberto Castillo, quien alegadamente, la envió a la Policía Científica.

En la conclusión del escrito de incidente, la Fiscalía solicita admitir la prueba presentada a la juez de la instrucción, consistente en el testimonio del oficial Randy Alexander Flores, el revólver marca Smith and Wesson, calibre 38 mm, serie 606300, el Certificado de Análisis Forense número 2142-2014, expedido por la Policía Científica en fecha 09/05/2014 y el Acta de Entrega Voluntaria de Objeto de fecha 10/05/2014, que a juicio del ministerio público, quedarían subsanadas con los testimonios de los oficiales actuantes.

El revólver Smith and Wesson, calibre 38 mm, fue dejado como prueba a ser valorada por los jueces del Fondo, por la sentencia 1419-2018-SSEN-00080 revocó el auto de no ha lugar que  había favorecido a los imputados Catherine Berioska Medina, Abraham Tavarez Dotel y Fraisy Novas Ramírez (estos dos últimos sobrinos de la encartada Sanhy Dotel Ramírez), enviándolo con un nuevo Auto de Apertura a Juicio.

De acuerdo a la Policía Científica en el Certificado de Análisis Forense número 2142-2014, expedido en fecha 09/05/2014, los proyectiles encontrados en la escena del crimen de la joven Sing Germán, correspondía con las características del revólver Smith and Wesson, calibre 38 milímetros, serie 606300.

La Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación, con la sentencia número 1419-2018-SSEN-00080 revocó el auto de no ha lugar que favoreció a los imputados Catherine Berioska Medina, Abraham Tavarez Dotel y Fraisy Novas Ramírez (estos dos últimos sobrinos de la encartada Sanhy Dotel Ramírez), enviándolo con nuevo Auto de Apertura a Juicio.

En esa sentencia, también se confirmó el auto de no ha lugar que favoreció al empresario Julio Cepeda Ureña, a la ex jueza Cibelis Martínez Alcántara y Ela Ramírez, por entender que tal decisión fue justa y fundamentada en derecho.

Se recuerda que Cepeda Ureña, fue excluido de proceso, junto con los presuntos elementos que los vinculaban al mismo, exceptuando el Acta de Allanamiento a su nombre, por compartir residencia con la imputada Sandy Dotel Ramírez (a) Sandra, esposa del empresario.

El juez Eduardo De los Santos, presenta el revólver para su acreditación.
El juez Eduardo De los Santos, presenta el revólver para su acreditación.

De ser acogido el incidente de la Fiscalía para incorporar el revólver calibre 38 (la prueba material excluida), deberá ser levantado la exclusión del empresario Cepeda Ureña, que fue emanada por un tribunal de alzada, como es la Corte de Apelación.

La sentencia número 1419-2018-SSEN-00080, del 21 de marzo del 2018, de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domino, lo establece en la Deliberación del caso en su número 9:

“Que en cuanto a los ciudadanos Julio Cepeda Ureña, Cibelis Martínez Alcántara y Ela Ramírez, esta Alzada entiende pertinente examinar exhaustivamente lo invocado por el Ministerio Público en relación a los mismo, en el sentido de que el tribunal a quo en el considerando numero 41 de la resolución recurrida y contrario a lo alegado por los recurrentes, establece de manera clara y objetiva lo siguiente: “….no ha sido posible con lo aportado y analizado conforme a los motivos expuestos respecto a los referidos  …. Imputados, por lo que tomando en cuenta que al juez instructor le corresponde verificar la suficiencia de la acusación mediante pruebas viables, legales, suficientes y vinculantes, procede a dictar auto de no a lugar a favor de la parte imputada Julio Cepeda Ureña, Cibelis Martínez Alcántara…, al tenor del artículo 304 numeral 1 del Código Procesal Penal, que dispone que el juez dicta auto de no a lugar  cuando el hecho no se realizó o no fue cometido por el imputado, en consecuencia procede dictar el cese de la medida de coerción que pesa contra Julio Cepeda Ureña y Cibelis Martínez; procediendo la exclusión de las pruebas relativas a los mismo que son las ya excluidas con relación al revolver y todos los actos del mismo, así como la autorización de arresto, actas de registro de personas y arresto que corresponda a estos imputados, la certificación de entrega voluntaria de Cibelis Martínez, de igual manera la conversaciones y extracciones respecto a los mismos, sin excluir el acto de allanamiento que está a nombre de Julio Cepeda ya que se realiza en la residencia que comparte con la procesada Sanhy  Dotel y existen elementos que fueron analizados a partir del mismo, tampoco excluimos lo referente a las llamadas entrantes y salientes que figura en la pagina 39 número 38 conforme a lo expuesto por dicha imputada.”.  Por lo cual esta Corte de Apelación entiende que el tribunal a quo, al fallar como lo hizo, actuó apegado a las normas y a la Constitución, dictando auto de no a lugar a favor de los ciudadanos Julio Cepeda Ureña, Cibelis Martínez Alcántara y Ela Ramírez”.

En lo que refiere al Párrafo 4 del RESUELVE, en la sentencia número 1419-2018-SSEN-00080, del 21 de marzo del 2018, de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, las pruebas a ser acreditadas son de los encartados Jhonny Sención Gómez (a) El Pai,  Abraham Tavarez Dotel, Fraisy Novas Ramírez y Catherine Berioska Medina, que fueron los imputados que no fueron favorecidos en la sentencia, y por lo cual, debían ser valoradas sus pruebas a cargo.

“CUARTO: ACREDITA como medios de pruebas de la acusación y dispuestas en otra parte de esta resolución para que sean debatidas en el juicio, los indicados por el Ministerio Público en su recurso de apelación de fecha dos (02) de junio del año dos mil diecisiete (2017)”.

El juicio de fondo en los asesinatos Natasha Sing Germán y Suleika Flores Guzmán, en el expediente 223-020-01-2014-02659, ha tenido múltiples intentos de ser conocido en el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, desde su primera audiencia en octubre del 2017.

Sanhy Dotel Ramírez (La Patrona), en custodia.
Sanhy Dotel Ramírez (La Patrona), en custodia.

Los incidentes procesales han obligado a iniciar desde cero el proceso, por los plazos establecidos en el Artículo 315 del Código Procesal Penal.

La primera suspensión del juicio de fondo, se produjo en octubre del 2017, por solicitudes de los abogados de la defensas y por la espera del fallo al recurso de apelación de los seis imputados que fueron excluidos del expediente en la fase de la instrucción.

Ese día, el tribunal, entonces presidido por el juez Eduardo De los Santos, suspendió para el 24 de noviembre de ese año, la nueva fecha.

El primero de marzo del 2019, el tribunal falló en su nuevo intento por iniciar el juicio de fondo, luego que las defensas de los imputados Luis Abel Mariano Pérez (Luisito) y Amauris Soriano García (Nevado), solicitaran la extinción de la acción penal, por presuntamente haber vencidos los plazos y superado el tiempo máximo del proceso.

A la petición de los defensores públicos, Alberth Delgados y Sandy W. Abreu, los demás abogados se adhirieron al pedimento, por considerar que también sus defendidos llevan más de 4 años presos.

Ese día primero de marzo, los incidentes procesales de los abogados de la defensa de los 11 imputados, obligó a fijar la nueva fecha para vienes 26 de abril .

La primera audiencia en el fracasado juicio de fondo, fue el 11 de octubre del año 2018, luego que el tribunal acogiera la petición formulada por el Ministerio Público, que solicitó la fusión de los expedientes del Primer Juzgado de la Instrucción y el generado por Segunda Sala de la Corte de Apelación.

las imputadas en custodia
las imputadas en custodia

Los expedientes fusionados en aquella ocasión, fueron el Auto de Apertura a juicio de fondo contra ocho de los 14 imputados emitido por el Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo y la revocación del auto de no ha lugar que favoreció a tres de los imputados en el expediente, dictado por la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación.

El primera sentencia que envió a juicio de fondo a ocho de los encartados fue dictado por la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, mientras los de la Corte de Apelación fueron los magistrados Manuel A. Hernández Victoria (presidente), José Aníbal Madera Francisco y Pilar Antonia Rufino Díaz (miembros).

La Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación, con la sentencia número 1419-2018-SSEN-00080 revocó el auto de no ha lugar que favoreció a los imputados Catherine Berioska Medina, Abraham Tavarez Dotel y Fraisy Novas Ramírez (estos dos últimos sobrinos de la encartada Sanhy Dotel Ramírez), enviándolo con nuevo Auto de Apertura a Juicio.

Esa decisión de la Corte de Apelación declaró a lugar parcialmente, el recurso de apelación incoado por el Ministerio Público, en contra de la resolución número 578-2017-SACC-00184, emitida por del Primer Juzgado de la Instrucción, en fecha ocho de mayo del 2017.

La fiscalía está representada por los fiscales Pedro Medina Quezada, Santo Escolástico, Juan Miguel Vásquez Minaya, Jonathan Elías Pérez Furcal y Ivette Mateo, todos de la Unidad de Litigación Definitiva de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este.

Los imputados en los asesinatos son Sanhy Dotel Ramírez (Sandra), Dionary Elizabeth Trinidad Ramírez, Amauris Soriano García (Nevado), Luis Abel Mariano Pérez (Luisito), Francis Alexander Fermín González,  Jesús Manuel Mendoza Benítez (El Patrón),  Johnny Sencion Gómez , Juan José Dotel Ramírez (oficial de la Armada de República Dominicana y hermano de Sanhy Dotel Ramírez), Catherine Berioska Medina, Abraham Tavarez Dotel y Fraisy Novas Ramírez (estos dos últimos, también, sobrinos de la imputada Sanhy Dotel Ramírez).

En tanto, están excluidos del expediente la ex jueza Cibelis Martínez, el empresario Julio Cepeda Ureña (esposo de Dotel Ramírez) y Ela Ramírez, favorecidos con un Auto de No a lugar, el cual fue confirmado por Segunda Sala de Corte de Apelación, por entender que tal decisión fue justa y fundamentada en derecho.

Los imputados que estan en prisión, al momento de se movilizados.
Los imputados que estan en prisión, al momento de se movilizados.

A los 11 justiciables, el Ministerio Público imputa la acusación y  la presunta responsabilidad penal de Complicidad, Asociación de Malhechores, Asesinato y Porte Ilegal de Armas de Fuego, en perjuicio de las jóvenes Sing Germán y Flores Guzmán, hoy occisas, y sus familiares, constituidos en actores civiles.

Estos ilícitos penales son sancionados por los Artículos 59, 60,265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 39 y 40 de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego.

Los constantes incidentes procesales, principalmente de los abogados de la defensa de los 11 encartados, ha obligado en múltiples ocasiones fijar nuevas fecha para iniciar el proceso, que tiene más de dos años tratando de conocer el juicio de fondo.

Se recuerda que las jóvenes Sing Germán y Flores Guzmán, fueron asesinadas presuntamente por encargo de la imputada Dotel Ramírez (Sandra-La Patrona), en hechos por separados ocurridos el siete y 28 de abril del 2014 en este municipio.

De acuerdo al expediente acusatorio, la abogada Dotel Ramírez, presuntamente contactó al imputado Fermín González, que a su vez solicitó los servicios de sicariato a Mendoza Benítez (El Patrón), pagándoles a los dos hombres la suma de 800 mil pesos.

“El Patrón” hizo contacto con la persona que ubicó a los presuntos gatilleros de los dos asesinatos antes señalados, quienes cobraron 400 mil pesos por cada caso.

Se trata de Amauris Soriano García (Nevado) y Luis Abel Mariano Pérez (Luisito), quienes son señalados como los autores materiales de los asesinatos.

La joven Sing Germán fue asesinada la mañana del lunes 07 abril cuando salió para su trabajo desde su residencia.

Se trasladada en su vehículo marca Daihatsu, modelo Sirio, Color Gris, el cual coincidía en color y marca con el de Flores Guzmán, quien era el objetivo a eliminar.

Al salir por la Calle Privada que da acceso a la salida del residencial Vereda Tropical, en la autopista de San Isidro, lugar donde también vivía la joven Flores Guzmán.

Allí fue seguida por los imputados Nevado y Luisito, a bordo de una motocicleta Yamaha, RX-115, color negro y que al detenerse la joven Sing German en un tapón, se desmotaron, realizándole varios disparos con un revólver.

Al enterarse la imputada Dotel Ramírez del error cometido, contrató nueva vez a los castilleros, y 21 días después dieron seguimiento a la joven Flores Guzmán, alcanzándola en la avenida Ecológica, próximo a la marginal con autopista de San Isidro, donde la asesinaron.

Las dos mujeres tenían en común que vivían en el mismo residencial y tenían el mismo tipo de vehículo, de color gris y con placas parecidas, según los informes.

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