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Fiscales depositan recurso de amparo reclamando cumplimiento Ley Ministerio Público

Por Julio Benzant / **Video
Santo Domingo. Un grupo de fiscales de carrera depositaron un Recurso de Amparo en el Tribunal Superior Administrativo, en reclamo que el Consejo Superior del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica, cumplan con la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento depositada por los fiscales, busca que se cumpla la Leyes 78-03 y 133-11, de Estatuto del Ministerio Público y Orgánica del Ministerio Público, respectivamente.

“No se han cumplido, en cuanto a los derechos, beneficios y prerrogativas que buscan fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad interna, la calidad de vida de sus miembros, su desarrollo social y  económico, cuyo incumplimiento produce un grave perjuicio a todos los miembros del Ministerio Público”, señala la instancia.

El fiscal Denny Frey Silvestre Zorilla, vocero de los accionantes, explicó que hay aspectos fundamentales de la legislación del Ministerio Público que no se están cumpliendo, como las evaluaciones y categorizaciones para que se produzcan los ascensos.

“Los ascensos deben ser producidos por medio de evaluaciones de desempeño, así lo establece la Ley, pero esto no se está cumpliendo”, indicó el fiscal Silvestre Zorilla.

El fiscal Francisco Rodríguez Camilo, coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), explicó que los fiscales están llamados a hacer cumplir con la Ley, y a su entender es lamentable, que no se cumpla la Ley del Ministerio Público.

“Tenemos más de una década de violación constante y permanente de las normas que rigen el Ministerio Público”, expresó.

Rodríguez Camilo, quien es interviniente voluntario en el proceso, lamentó que haya fiscales que deban movilizarse sin seguridad y en vehículos públicos, luego de lograr sentencias ejemplares en los tribunales.

Este miércoles 26 de mayo, fue la primera audiencia del Recurso de Amparo incoado por los fiscales, pero el juez José Augusto Grullón Paulino, presidente del Tribunal Superior Administrativo, se inhibió del proceso.

El magistrado Grullón Paulino, argumentó tener vínculos familiares y personales que lo obligaban a la declinación del proceso, al tiempo que fijo para el 28 de julio la nueva fecha de conocimiento del recurso.

 

A continuación el documento integro depositado por los fiscales.

 

Al                                Honorable Magistrado Juez Presidente del Tribunal Superior Administrativo. –

Vía                              Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo

Asunto                        Presentación de Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento en contra del Consejo Superior del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera Del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica

Accionantes            Denny F. Silvestre, Julio Saba Encarnación Medina, Catalina Bueno Patiño, Guillermo Osvaldo Peña de la Cruz, Luis Augusto Arias Encarnación, Bernardo de Jesús Rodríguez, José Manuel Polanco Gutiérrez y Gerinaldo Contreras.

 

Anexos                       1) Acto No. 191/2020, de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020), instrumentado por Pavel E. Montes de Oca, Alguacil de Estrados de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN; 2) Acto No. 170/2020, de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil veinte (2020), instrumentado por ministerial Liro B. Carbajal, Alguacil de Estrados del Tercer Tribunal Colegiado de Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN; 3) Ley No. 133-11, Orgánica del Ministerio Publico; 4) El Reglamento de Carrera del Ministerio Publico.

HONORABLE MAGISTRADO:

Quienes suscriben, señores Denny F. Silvestre, Julio Saba Encarnación Medina, Catalina Bueno Patiño, Guillermo Osvaldo Peña de la Cruz, Luis Augusto Arias Encarnación, Bernardo de Jesús Rodríguez, José Manuel Polanco Gutiérrez, Gerinaldo Contreras, , dominicanos, mayores de edad, portadores de las Cédulas de Identidad y Electorales Nos. 025-0026311-2, 001-1256496-8, 001-0291954-5, 001-1381915-5, 001-0198785-7, 001-0253426-0, 001-0449312-7 y 001-0099075-3 domiciliados y residentes en esta ciudad, quienes tienen ostentan su propia representación, estableciendo como domicilio procesal para los actos de la presenta instancia en la Fiscalía del Distrito Nacional, en la calle Fabio Fiallo esquina Beller, Edificio del Ministerio Público, 4to piso, Ciudad Nueva, Distrito Nacional, tiene a bien exponer lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES
  2. Descripción del Conflicto

En la especie se contrae a la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 78-03, Estatuto del Ministerio Público, en fecha quince (15) de abril de dos mil tres (2003), mediante la cual le fueron reconocidos a los miembros del Ministerio Publico los siguientes derechos:

  1. 1: (…) “Garantizar idoneidad, estabilidad e independencia de sus miembros, en el ejercicio de sus respectivas funciones, y constituyen, junto a la Ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento de aplicación No. 81-94, las normas regulatorias de las relaciones de trabajo entre estos y el Estado”.
  2. “Art. 3:  A partir de la publicación de la presente ley, los miembros del Ministerio Publico quedan incorporados a la carrera Especial del Ministerio Publico y, como tales, sus respectivos cargos son instituidos como de carrera. (…)”

A tales fines, se creó y puso en funcionamiento la Escuela Nacional del Ministerio Público, entidad que desde sus primeros pasos ha venido realizando su labor de evaluación, capacitación y profesionalización de los miembros del Ministerio Público, para lo cual el día diez (10) de mes de abril del año dos mil cinco (2005), la Escuela Nacional del Ministerio Publico con el auspicio de la USAID, realizó una evaluación a todos los miembros del Ministerio Público, que se encontraban en el ejercicio de sus funciones, y como consecuencia de la referida evaluación quienes no superaron la misma, fueron desvinculados y se iniciaron los Programas Especiales de Perfeccionamiento (PEP), mediante los cuales aquellos MP., que superaron la evaluación, fueron formados para el mejor desempeño de sus funciones.

Al final del mismo año dos mil cinco (2005) fue ejecutado el Programa Inicial de Formación (PIF), mediante el cual fueron evaluados, seleccionados y formados cien (100) profesionales del derecho interesados en ingresar al Ministerio Publico, con lo que se demostró que, para el ingreso y permanencia en la institución, no dependía de vinculación partidaria, sino de la idoneidad, formación y capacidad de las personas, marcando un antes y un después en el ingreso al Ministerio Público.

Nuestra sociedad, no ajena de los avances y la modernización propios del mundo actual, el veintiséis (26) del mes de enero de dos mil diez (2010), produce y promulga una moderna Constitución en la que por primera vez en la historia republicana se insertó el Ministerio Publico, como un Órgano con Autonomía Funcional, Administrativa y Presupuestaria, constituyendo esto un gran avance en la independencia de investigación de carácter penal y de la justicia dominicana.

En cumplimiento del artículo 174 de la Constitución de la Republica, el veinte (20) de enero del año dos mil once (2011), fue promulgada la Ley No. 30-11, sobre el funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público, sirviendo de instrumento legal para el desarrollo de las responsabilidades propias de ese órgano de gobierno del Ministerio Publico, con lo que se continuó el fortalecimiento y ampliación de las funciones de contraloría interna del Ministerio Público a los fines de garantizar mayores niveles de fiscalización interna, tanto en el ámbito de la administración de los recursos públicos en el ejercicio de su autonomía presupuestaria y financiera, así como la gestión ética de los representantes, funcionarios y empleados de este órgano del Sistema de Justicia.

La constitución, establece un sistema de carrera para garantizar la permanencia de sus integrantes hasta los 75 años de edad y proscribe que éstos participen en actividades político partidarias; y a tales fines fue promulgada el siete (07) del mes de junio del año dos mil once (2011), la Ley No. 133-11, Orgánica del Ministerio Público, la cual, en adición a la constitución, se encarga del régimen legal del Ministerio Público.

Mediante la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Superior del Ministerio Público, mediante el Acta No. 11, en su 1ra. Resolución, de fecha 21 de junio de 2014, se dictó el Reglamentó de Carrera del Ministerio Público, como forma de garantizar a sus miembros, de forma objetiva y en base a los principios que rigen la función pública, y muy específicamente los de la función de Ministerio Público, el correcto desarrollo de los mismos, con la pretensión de establecer no solamente cuestiones normativas sino extenderlo a la instauración de una mística capaz de generar en la institución un sentido de pertenencia propio de las grandes organizaciones.

A la fecha del depósito de la presente instancia, hoy 09/03/2021, hacen ya nueve (09) años, nueve (09) meses y dos (02) días de la entrada en vigencia de la Ley No. 133-11, Orgánica del Ministerio Publico y seis (6) años, once (11) meses y veintiocho (28) días, de la entrada en vigencia del “Reglamento de Carrera”, y las disipaciones de ambas normas jurídicas no se han cumplido, en cuanto a los derechos, beneficios y prerrogativas que buscan fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad interna, la calidad de vida de sus miembros, su desarrollo social y  económico, cuyo incumplimiento produce un grave perjuicio a todos los miembros del Ministerio Público, toda vez que los derechos adquiridos al amparo de la Ley No.78-03 y la reglamentación respectiva, no han sido puestos al alcance de sus beneficiarios, lo cual constituye una violación a derechos fundamentales como: igual posibilidad de ascensos, remuneración económica, evaluación de desempeño, oportunidades de crecimiento interno, desarrollo social y económico, calidad de vida, capacitación, esparcimiento y recreación.

 

II ADMISIBILIDAD

 

Temporalidad  

  1. Conforme al Acto No. 191/2020, de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020), instrumentado por el ministerial Pavel E. Montes de Oca, Alguacil de Estrados de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN., los ahora demandados, Consejo Superior del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera Del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica, fueron intimados a fin de dar cumplimiento a la ley No. 133-11 y al Reglamento de Carrera del Ministerio Público, para lo cual conforme el artículo 107 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, disponían de un plazo de quince (15) días laborables para dar cumplimiento a las disposiciones legales exigidas mediante el referido requerimiento, cuyo plazo se venció el día once (11) del mes de enero de dos mil veintiuno (2021), fecha en que inició el plazo de sesenta (60) establecido por el párrafo I del artículo 107 y el ordinal 2 del artículo 70 de la referida norma legal para la interposición de la acción de amparo, por lo que nuestra demanda ha sido ejercida en tiempo hábil y cumple con la exigencia legal en cuanto al plazo para accionar.

 

Fecha 16/12/2020 11/01/2021 09/03/2021
Evento Intimación Vencimiento del plazo de 15 días para el cumplimiento por parte de los hoy accionados Día 57 del plazo para accionar en amparo

 

III NORMATIVA APLICABLE

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO

  1. El fundamento Constitucional que le atribuye competencia a ese Honorable Tribunal Constitucional, se encuentra contenido en el artículo 72 de nuestra Constitución el cual establece que “Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.”
  2. La Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, establece en su artículo 2.- Competencia. Sera competente para conocer de la ~ acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado e1 acto u omisión cuestionado.

Párrafo I. – En aquellos lugares en que el tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o salas, se apoderara de la acci6n de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado.

  1. El artículo 104 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, establece que “Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectiva el cumplimiento de una ley o acto administrativo, esta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente de cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales Ie ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamenta.

IV DE LAS GARANTÍAS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

  1. Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.

 

  1. Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:
  • El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
  • El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;
  • El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;
  • El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;
  • Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;
  • Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
  • Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
  • Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
  • Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia;
  • Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

 

  1. ART. 1. PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no -puede ser invocada en su perjuicio.

 

  1. Reclamo del Cumplimiento de la ley 133-11 y del Reglamento de Carrera del Ministerio Público.

 

Mediante el Acto No. 191/2020, de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020), instrumentado por Pavel E. Montes de Oca, Alguacil de Estrados de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN., se presentó formal INTIMACIÓN Y EXIGENCIA al Consejo Superior del Ministerio Publico, a la Dirección General de Carrera del Ministerio Publico y la Procuraduría General de la Republica, para que previo a adoptar cualquier decisión que involucre traslado o reasignación de funciones o ascenso de algún miembro del Ministerio Publico, “LE DEN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA LEY NO. 133-11, ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y AL REGLAMENTO DE CARRERA DEL MINISTERIO PÚBLICO, en lo concerniente:

  1. El Artículo 21 de la Ley 133-11 en lo relativo al principio de exclusividad. Los miembros del Ministerio Público no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica. Cuando sea factible, el Ministerio Público establecerá el régimen salarial u otros incentivos laborales que compensen esa dedicación exclusiva de los funcionarios, así como los riesgos que entraña su función.
  2. El Artículo 30, inciso 22 de la Ley 133-11 en cuanto a: Presentar a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público las propuestas de reglamentos o directrices y los proyectos que fueren necesarios para implementar esta ley, y vigilar su correcta aplicación;
  3. El Artículo 47 de la Ley 133-11, en cuanto a que el Consejo Superior del Ministerio Publico cumpla sus funciones de:

 

  1. Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran;
  2. Adoptar un escalafón que asegure los movimientos y ascensos internos de los miembros del Ministerio Público en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio;
  • Supervisar el sistema de carrera del personal técnico y administrativo del Ministerio Público;
  1. Disponer el ascenso de los miembros de la carrera del Ministerio Público conforme al escalafón y los concursos internos cuando corresponda;
  2. Aprobar la creación, traslado o reorganización de procuradurías regionales y fiscalías en cualquier parte del país, atendiendo especialmente a criterios de carga de trabajo, complejidad o especialidad de los casos, extensión territorial, facilidad de comunicaciones y eficiencia en el uso de los recursos;
  3. Aprobar los reglamentos y directrices que permitan implementar la presente ley.
  4. El Artículo 57 de la Ley 133-11, a fin de que La Dirección General de Carrera del Ministerio Publico cumpla con:
  5. Gestionar y mantener actualizado el escalafón de los miembros del Ministerio Público y su personal técnico y administrativo para la toma de decisiones sobre los ascensos y, movimientos internos en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio;
  6. Diseñar y someter a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, los instrumentos de evaluación de desempeño de los miembros de la carrera del Ministerio Público para su aplicación periódica y sistemática;
  • Formular propuestas de políticas de gestión de la carrera o reformas al escalafón y someterlas a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público por intermedio del Procurador General de la República;
  1. Propiciar la realización de estudios estadísticos y analíticos que alimenten el proceso de toma de decisiones para la planificación del ingreso, movimiento y ascenso de los integrantes de la carrera del Ministerio Público;
  2. Diseñar y someter a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, los instrumentos de evaluación de desempeño de los miembros de la carrera del Ministerio Público para su aplicación periódica y sistemática;
  3. Gestionar el sistema de evaluación de desempeño de los miembros de carrera del Ministerio Público;
  • Formular las escalas salariales y los programas de compensación de los miembros del Ministerio Público de acuerdo con los presupuestos aprobados y la normativa vigente en la materia y someterlas a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público por intermedio del Procurador General de la República;

 

  1. El Artículo 74 de la Ley 133-11, en cuanta a que los miembros del MP., puedan:
  2. Participar en los concursos internos para obtener promociones en un plano de igualdad y conforme al escalafón;
  3. Ser promovidos en la carrera en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio, en función de las necesidades institucionales;
  • Recibir una remuneración adecuada a sus funciones y competitiva dentro del sistema de justicia nacional;

 

  1. El Artículo 110 de la Ley 133-11en lo relativo a los derechos adquiridos. En la implementación de la presente ley se asegurarán los derechos adquiridos de los funcionarios del Ministerio Público que fueron incorporados como miembros de carrera al amparo de la Ley No.78-03 y la reglamentación respectiva.

 

EN LO QUE RESPECTA AL REGLAMENTO DE CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO

 

  1. El Artículo 3 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, a fin de que se cumpla con:
  2. Mérito personal: Tanto el ingreso a la carrera como el ascenso dentro del Ministerio Público deben basarse en el mérito personal, demostrado en los correspondientes concursos externos e internos, la evaluación de su desempeño y otros instrumentos de calificación que a tales efectos se determinen;
  3. Equidad retributiva: En el ejercicio de las funciones de Ministerio Público, a trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, desempeño o antigüedad, corresponde siempre igual remuneración, de acuerdo al escalafón establecido. Esto sin perjuicio de los posibles beneficios e incentivos establecidos de manera accesoria;

 

  1. El Artículo 5 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, a fin de que el Consejo Superior del Ministerio Público, cumpla con:
  2. Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público;
  3. Adoptar un escalafón que asegure los movimientos y ascensos internos de los miembros del Ministerio Público en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio;
  • Disponer el ascenso de los miembros de la carrera del Ministerio Público conforme al escalafón y los concursos internos cuando corresponda;

 

  1. El artículo 20 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, para que los Procuradores Adjuntos del Procurador General de la República, designados por éste, deberán pertenecer a la carrera del Ministerio Público y ocupar el cargo de Procurador General de Corte de Apelación en el nivel superior del escalafón.

 

  1. El Artículo 52, del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, para que se cumpla con el Escalafón de los miembros de carrera del Ministerio Público, y en consecuencias:
  2. Se adopte el sistema de escalafón tomando en cuenta el nivel jerárquico, los méritos, capacitación, evaluación de desempeño, tiempo en el servicio y ubicación territorial de los miembros del Ministerio Público, y
  3. La Dirección General de Carrera, en coordinación con la Dirección General de Persecución, procedan a elaborar y someter al Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, la propuesta de escalafón general de los miembros del Ministerio Público, así como crear el manual de funciones dentro de cada uno de los niveles de cargos del escalafón.
  4. El Artículo 53 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, y se proceda a la asignación de los cargos y niveles jerárquicos, a fin de determinar el escalafón de los miembros del Ministerio Público, según los resultados de las evaluaciones correspondientes de modo que se garantice que:
  5. El Cargo 1: Fiscalizador. Se requerirá de cuatro (4) años mínimo en este cargo para ser promovido a un cargo superior. Tendrá tres (3) niveles jerárquicos: Fiscalizador I, Fiscalizador II y Fiscalizador III.
  6. El Cargo 2: Procurador Fiscal. Se requerirá de cuatro (4) años mínimo en este cargo para ser promovido a un cargo superior. Tendrá tres (3) niveles jerárquicos: Procurador Fiscal I, Procurador Fiscal II y Procurador Fiscal III.
  • El Cargo 3: Procurador General de Corte de Apelación. Tendrá tres (3) niveles jerárquicos: Procurador General de Corte I, Procurador General de Corte II y Procurador General de Corte III.

 

  1. El artículo 54 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico a fin de que la Dirección General de Carrera cumpla con su obligación de elaborar y someter al Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, la herramienta o normativa que entienda necesaria para la aplicación del escalafón, así como desarrollar y administrar un sistema uniforme y equitativo de clasificación de cargos, y proponer la escala salarial, compensaciones e incentivos aplicables a cada uno de los niveles del escalafón de Carrera.

 

  1. El artículo 56 del Reglamento de carrera del Ministerio Publico, a fin de que la Dirección General de Carrera, elabore la base de datos para la ejecución del escalafón en donde conste sin desmedro de otras la siguiente información de cada miembro del MP:
  2. Número del expediente;
  3. Apellidos y nombres;
  • Fecha de nacimiento;
  1. Tiempo de servicio en el Ministerio Público;
  2. Suplencias o Interinatos; 6. Datos académicos y profesionales;
  3. Especialidad; 8. Resultado de la evaluación del desempeño;
  • Participación en actividades de capacitación relativas al puesto;
  • Servicios docentes en la Escuela Nacional del Ministerio o en otras instituciones de educación; y
  1. Publicaciones sobre temas jurídicos”

 

LEY 133-11 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

Artículo 74. Derechos especiales. Una vez que ingresan a la carrera, los integrantes del Ministerio Público tendrán los siguientes derechos especiales:

  1. Recibir capacitación periódica y especializada en condiciones de igualdad para mejorar el desempeño de sus funciones;
  2. Participar en los concursos internos para obtener promociones en un plano de igualdad y conforme al escalafón;
  3. Gozar de la garantía de inamovilidad en el cargo, salvo que incurran en una causal de destitución prevista en la presente ley;
  4. Accionar en justicia ante la jurisdicción contencioso administrativa para la tutela de sus derechos;
  5. Ser restituido en su cargo cuando su destitución haya sido en violación a las causas dispuestas en la presente ley y recibir los salarios dejados de percibir entre la fecha de la desvinculación y su reposición, sin perjuicio de las indemnizaciones que la jurisdicción contencioso administrativa pueda considerar;
  6. Ser promovidos en la carrera en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio, en función de las necesidades institucionales;
  7. Recibir una remuneración adecuada a sus funciones y competitiva dentro del sistema de justicia nacional;
  8. Importar libre de gravamen un vehículo de motor no suntuario cada cinco años para el desempeño de sus funciones. Este derecho se adquiere a partir de los dos años de su designación y es intransferible. Cualquier acto violatorio a esta disposición será nulo de pleno derecho y se sancionará con las penas que la ley determina;
  9. A que el Estado les suministre un arma de fuego corta de cualquier calibre para su defensa personal y el personal correspondiente para su seguridad acorde con su función;
  10. Usar en los vehículos de motor a su servicio las placas oficiales rotuladas correspondientes de conformidad con las normas que rigen la materia. Para tales fines, la Dirección General de Impuestos Internos, previa solicitud del Procurador General de la República, expedirá las placas correspondientes;
  11. Disfrutar de las vacaciones previstas por la presente ley;
  12. Obtener y utilizar los permisos y licencias que en su favor consagra esta ley;
  13. Al retiro voluntario de conformidad con el reglamento del Fondo de Retiro del Ministerio Público;
  14. Recibir, al momento de su retiro, el monto del fondo correspondiente.

 

Artículo 83. Cesación en funciones. Todos los miembros del Ministerio Público cesarán en sus funciones por una de las causas siguientes:

  1. Por cumplir 75 años de edad o acogerse al retiro voluntario cuando corresponda;
  2. Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable;
  3. Muerte;
  4. Evaluación deficiente en el desempeño de sus funciones;
  5. Incapacidad o incompatibilidad que sobrevenga dentro del desempeño de sus funciones;
  6. Renuncia;
  7. Abandono del cargo;
  8. Destitución;
  9. Cualesquiera otras contempladas por la ley

Artículo 106. Fondo de Retiro. Se crea el Fondo de Retiro de los miembros del Ministerio Público, como incentivo para promover la permanencia en el cargo y el retiro en condiciones de dignidad. La administración del fondo, así como las condiciones y el procedimiento para otorgar este beneficio serán regulados en el reglamento que al efecto adopte el Consejo Superior del Ministerio Público.

 

Artículo 107. Recursos. Los recursos del Fondo de Retiro se constituirán con:

 

  1. Las aportaciones directas de los beneficiarios del Fondo;
  2. Las aportaciones que ordene realizar el Consejo Superior del Ministerio Público con cargo al Presupuesto institucional;
  • Otras aportaciones establecidas por vía del Presupuesto General del Estado

 

EN LO QUE RESPECTA AL REGLAMENTO DE CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 144. Pensión. Mientras se constituye el fondo de retiro del Ministerio Público y su reglamento de aplicación, los miembros del Ministerio Público se regirán por lo que establecen las leyes que en esta materia estén vigentes.

 

Artículo 145. Retiro. El retiro de los miembros del Ministerio Público podrá ser obligatorio o voluntario.

 

Artículo 146. Retiro obligatorio. Todo miembro del Ministerio Público que cumpla setenta y cinco (75) años de edad deberá pasar obligatoriamente a retiro.

Párrafo I. Se exceptúa de esta disposición al Procurador General de la República y los Procuradores Adjuntos designados por el Presidente de la República que no pertenezcan a la carrera del Ministerio Público.

 

  1. Retiro Voluntario. El retiro voluntario de los miembros del Ministerio Público se regirá por los siguientes criterios:
  1. Los Fiscalizadores podrán ejercer el retiro voluntario cuando tengan más de veinte (20) años de servicio y hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.
  2. Los Procuradores Fiscales podrán ejercer el retiro voluntario cuando tengan más de veinte (20) años de servicio y hayan cumplido sesenta (60) años de edad.
  • Los Procuradores Generales de Corte podrán ejercer el retiro voluntario cuando tengan más de veinte (20) años de servicio y hayan cumplido sesenta y cinco (65) años de edad.
  1. Los Procuradores Adjuntos que, designados por el Procurador General de la República, una vez sean sustituidos de sus puestos, podrán ejercer el retiro voluntario.

Artículo 148. Seguro de vida. El Consejo Superior del Ministerio Público dispondrá la contratación de un plan de seguro de vida para los miembros del Ministerio Público. Cada colaborador será responsable de actualizar periódicamente los beneficiarios de su seguro de vida.

 

Artículo 126. Bono vacacional. El Ministerio Público otorgará un bono vacacional a aquellos miembros que tengan por lo menos un año en la institución. Este bono será otorgado en el mes que el miembro inicio en la institución.

 

Artículo 164. Entrada en vigencia del bono vacacional. El bono vacacional establecido en el artículo 126 del presente Reglamento entrará en vigencia al año siguiente de adoptarse este reglamento.”

 

 

Sin que a la fecha hayamos recibido respuesta.

El comportamiento descrito anteriormente adoptado por el Consejo Superior del Ministerio Publico, la Dirección General de Carrera del Ministerio Publico y la Procuraduría General de la Republica, evidencian y demuestran la falta de cumplimiento y violación flagrante de la ley No. 133-11 y del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, por lo que encuentra justificación nuestra demanda.

 

V JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA

 

  1. La presente instancia, constituye el fin de la espera paciente, sumisa y tolerante, para no decir irresponsable, por parte de los firmantes, de que El Consejo Superior del Ministerio Público, La Dirección General de Carrera y La Procuraduría General de la Republica, quienes aun conociendo el contenido y el alcance de la Ley 133-11 y del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, apliquen y ejecuten plenamente dichas disposiciones, esperando que nuestro reclamo no sea mal interpretado, en tal sentido debemos señalar:
  2. Que el derecho fundamental a la buena administración, quizás el término que mejor lo caracteriza en el contexto actual es revolucionario, de hecho, la demanda por su concretización ha obligado a líderes mundiales a replantearse la política mundial. Los indignados de la llamada Primavera Árabe les mostraron al mundo lo que es capaz de hacer la demanda ciudadana cuando la administración no responde a sus necesidades elementales.(Recurso Contencioso Administrativo, 2020)
  3. La relación administración-administrado ya no es tan jerárquica o vertical en cuanto a los derechos ciudadanos en su relación con la administración, demandar derecho, no es una afrenta, rebeldía, mezquindad, perversidad, acción destructiva, politiquera, envidia, falacia, mentiras, acciones que tienen intereses ocultos; demandar la tutela efectiva de un derecho es solo una acción propia de un Estado Social Democrático y de Derecho, como el que somos.(Recurso Contencioso Administrativo, 2020)
  4. ¿Con moral vamos los fiscales a los tribunales a reclamar justicia a nombre de la sociedad, si nos importa más la zona de confort y la seguridad que es el saberse a salvo de una persecución, castigo o represalia de nuestros superiores, que nuestros derechos? Quien no reclama para sí mismo dignidad no puede tener el honor de postular ante un tribunal como representante de la sociedad, no merece la distinción que implica ser un fiscal.(Recurso Contencioso Administrativo, 2020)
  5. Es de todos conocido que la mayoría de los compañeros MP., temen expresar sus opiniones o reunirse para tratar temas relacionados con sus derechos, por temor a castigos o represalias, y que lamentablemente, solo ascienden a aquellos que cuentan con “padrinos” que le procuran dichos ascensos con las altas instancias, en detrimento de la institucionalidad, con cuyo accionar se eliminan toda posibilidad de respeto a la ley y la Constitución.

 

 

 

 

 

VI NECESIDAD Y PERTINENCIA DE LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ESCALAFÓN

 

 

  1. Lamentablemente, a casi diez (10) años de vigencia de la Ley 133-11, a ninguna gestión del MP., le ha interesado elaborar y ejecutar el escalafón, en ese sentido se hace obligatoria la siguiente pregunta, ¿A caso le benéfica al Consejo Superior del Ministerio Público, a La Dirección General de Carrera o a La Procuraduría General de la Republica, inexistencia del mismo? Definitivamente que la respuesta es afirmativa; pues de esa forma históricamente han desconocido y violado los derechos de los miembros del MP., y ascienden a su discreción a aquellos que como ya dijimos cuentan con “tráfico de influencia” no solo para los ascensos, sino también al momento de realizar “concursos” para titularidades.

 

  1. Sin escalafón, no existe garantía del respeto a la igualdad, a la institucionalidad, al principio de buena administración, ni a la meritocracia, y por tanto sí existe la posibilidad de irrespetar la Constitución, la Ley 133-11 y el Reglamento de Carrera del Ministerio Publico.

 

  1. La falta de escalafón, perjudica a los miembros del MP., en tanto que crea desagradables privilegios, elimina la meritocracia, da paso a la grosera discrecionalidad, y limita el desarrollo de los MP., y estanca la carrera.

 

  1. No contar con un escalafón, ha permitido que históricamente, que el Consejo Superior del Ministerio Público, La Dirección General de Carrera y La Procuraduría General de la Republica, realicen ascensos discrecionales de personas, para inmediatamente concursar a titularidades, en detrimento de la meritocracia, y en violación de la Constitución, la Ley 133-11 y el Reglamento de Carrera del Ministerio Publico.

 

  1. Actualmente, el Consejo Superior del Ministerio Público, La Dirección General de Carrera y La Procuraduría General de la Republica, no nos pueden decir que se encuentran en la imposibilidad de elaborar y ejecutar el escalafón, dado que dichas autoridades, han tomado decisiones de idéntica trascendencia que la de elaborar el ESCALAFÓN, tal es el caso de la reestructuración de La Dirección de Persecución y la Procuraduría Especializada para la Persecución Administrativa, lo que nos permite pensar que las actuales autoridades, al igual que las anteriores no tiene la voluntad de cumplir la Constitución , la Ley 133-11 y el Reglamento de Carrera del Ministerio Publico.

 

  1. La elaboración y ejecución del escalafón, es el único mecanismo con que contamos para evitar la discrecionalidad con que se ha manejado el Consejo Superior del Ministerio Público, La Dirección General de Carrera y La Procuraduría General de la Republica, o al menos reducir a su mínima expresión, la realización de ascensos sin justificación y que personas aunque con méritos y perfiles adecuados, escalen por encima otros cuyos méritos y perfiles son superiores y deben ser tomados en cuenta previamente, por lo que es indispensable realizar las evaluaciones correspondientes.

 

  1. Una forma de garantizar inamovilidad e independencia del MP., lo constituye la elaboración y ejecución del escalafón, pues los ascensos discrecionales como ocurre en la actualidad, afectan la inamovilidad, dedo que dicho principio, no solo constituye una garantía en favor de los miembros del MP., sino que reviste una garantía plural que busca garantizar la independencia de actuación y calidad del servicio que prestan.

 

  1. La falta de cumplimiento por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, La Dirección General de Carrera y La Procuraduría General de la Republica, irrespeta la carrera del MP., pues violan el derecho fundamental a la buena administración de la que son garantes y están en la obligación de cumplir, y no pueden alegar justificación válida, razonable y sostenible, para no cumplir con la Constitución, la Ley 133-11 y el Reglamento de Carrera del Ministerio Publico.

 

Artículo 173 de la Constitución, establece un Sistema de carrera del Ministerio Público, la cual se organiza conforme a la ley, que regula su inamovilidad, régimen disciplinario y los demás preceptos que rigen su actuación, su escuela de formación y sus órganos de gobierno, garantizando la permanencia de sus miembros de carrera hasta los setenta y cinco años.

 

Conforme al artículo 3 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, “El ejercicio de la función de Ministerio Público, en adición a las disposiciones establecidas en la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, estará regido por los siguientes principios:

  • Tutela judicial: Se reconoce la facultad a los miembros del Ministerio Público que se consideren lesionados de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa en demanda de protección, como parte de los derechos consagrados por la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el presente Reglamento.
  • Mérito personal: Tanto el ingreso a la carrera como el ascenso dentro del Ministerio Público deben basarse en el mérito personal, demostrado en los correspondientes concursos externos e internos, la evaluación de su desempeño y otros instrumentos de calificación que a tales efectos se determinen.”

POR TALES MOTIVOS, VISTOS Y EXAMINADOS los artículos 9, 65, 70, 104, 105, 106, y 107 de la Ley 137-2011 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Artículos 1, 6, 7, 8, 39, 51, 68, 69, 74 y 173 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero, Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010, los artículos 21, 30, 47, 57, 74, 83, 106, 107 y 110 de la Ley 133-11, artículos 3, 5, 20, 52, 54, 56, 144, 145, 146, 147, 148, 126 y 164 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico,  ASI COMO LOS ARTICULOS 1.1, 1.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.2B, 8.2H, 8.4, 9, 11, 24, 25, 33 y 62, DE LA CONVENCION  AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, O PACTO DE SAN JOSE, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 1969, DEBIDAMENTE APROBADA POR EL  CONGRESO NACIONAL, MEDIANTE RESOLUCION No. 739 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 1977, Y PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL  No. 9460, DEL 11 DE FEBRERO DE 1978; ASI COMO  LOS ARTICULOS 8, 9, 10, 14, 14.1, 14.2, 14.3A, 14.3C, 14.5, 14.7, Y 15, DEL PACTO INTERNACIONAL DE  DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1966, DEBIDAMENTE APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL, MEDIANTE RESOLUCION No. 684, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1977, Y PUBLICADO EN LA  GACETA OFICIAL No. 9451  DEL 12 DE  NOVIEMBRE DE 1977, quienes suscriben señores Denny F. Silvestre, Julio Saba Encarnación Medina, Catalina Bueno Patiño, Guillermo Osvaldo Peña de la Cruz, Luis Augusto Arias Encarnación, Bernardo de Jesús Rodríguez, José Manuel Polanco Gutiérrez, Gerinaldo Contreras, Ministerios Público tienen a bien concluir de la manera siguiente:

 

PRIMERO: En cuanto a la FORMA, admitir en todas sus partes, la presente Acción Constitucional de Amparo, por ser conforme a la norma en la forma y ajustada al derecho, y apoderar una de las Sala de ese honorable Tribunal para que conozca y decida la misma.

 

SEGUNDO: Fijar el día y la hora en que haya de celebrarse la audiencia de forma PRESENCIAL, para conocer de los méritos de la presente Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento.

 

TERCERO: Declarar con lugar la presenta Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento, y en consecuencias ordenar mediante sentencia al Consejo Superior del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera Del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica dar estricto cumplimiento de los:

El Artículo 21 de la Ley 133-11 en lo relativo al principio de exclusividad. Los miembros del Ministerio Público no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica. Cuando sea factible, el Ministerio Público establecerá el régimen salarial u otros incentivos laborales que compensen esa dedicación exclusiva de los funcionarios, así como los riesgos que entraña su función.

El Artículo 30, inciso 22 de la Ley 133-11 en cuanto a: Presentar a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público las propuestas de reglamentos o directrices y los proyectos que fueren necesarios para implementar esta ley, y vigilar su correcta aplicación;

 

 

El Artículo 47 de la Ley 133-11, en cuanto a que el Consejo Superior del Ministerio Publico cumpla sus funciones de:

 

 

  1. Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran;
  2. Adoptar un escalafón que asegure los movimientos y ascensos internos de los miembros del Ministerio Público en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio;
  3. Supervisar el sistema de carrera del personal técnico y administrativo del Ministerio Público;
  4. Disponer el ascenso de los miembros de la carrera del Ministerio Público conforme al escalafón y los concursos internos cuando corresponda;
  5. Aprobar la creación, traslado o reorganización de procuradurías regionales y fiscalías en cualquier parte del país, atendiendo especialmente a criterios de carga de trabajo, complejidad o especialidad de los casos, extensión territorial, facilidad de comunicaciones y eficiencia en el uso de los recursos;
  6. Aprobar los reglamentos y directrices que permitan implementar la presente ley.

 

 

El Artículo 57 de la Ley 133-11, a fin de que La Dirección General de Carrera del Ministerio Publico cumpla con:

 

  1. Gestionar y mantener actualizado el escalafón de los miembros del Ministerio Público y su personal técnico y administrativo para la toma de decisiones sobre los ascensos y, movimientos internos en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio;
  2. Diseñar y someter a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, los instrumentos de evaluación de desempeño de los miembros de la carrera del Ministerio Público para su aplicación periódica y sistemática;
  3. Formular propuestas de políticas de gestión de la carrera o reformas al escalafón y someterlas a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público por intermedio del Procurador General de la República;
  4. Propiciar la realización de estudios estadísticos y analíticos que alimenten el proceso de toma de decisiones para la planificación del ingreso, movimiento y ascenso de los integrantes de la carrera del Ministerio Público;
  5. Diseñar y someter a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, los instrumentos de evaluación de desempeño de los miembros de la carrera del Ministerio Público para su aplicación periódica y sistemática;
  6. Gestionar el sistema de evaluación de desempeño de los miembros de carrera del Ministerio Público;
  7. Formular las escalas salariales y los programas de compensación de los miembros del Ministerio Público de acuerdo con los presupuestos aprobados y la normativa vigente en la materia y someterlas a la aprobación del Consejo Superior del Ministerio Público por intermedio del Procurador General de la República;

 

El Artículo 74 de la Ley 133-11, en cuanta a que los miembros del MP., puedan:

  1. Participar en los concursos internos para obtener promociones en un plano de igualdad y conforme al escalafón;
  2. Ser promovidos en la carrera en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio, en función de las necesidades institucionales;
  3. Recibir una remuneración adecuada a sus funciones y competitiva dentro del sistema de justicia nacional;

 

El Artículo 110 de la Ley 133-11en lo relativo a los derechos adquiridos. En la implementación de la presente ley se asegurarán los derechos adquiridos de los funcionarios del Ministerio Público que fueron incorporados como miembros de carrera al amparo de la Ley No.78-03 y la reglamentación respectiva.

 

 

EN LO QUE RESPECTA AL REGLAMENTO DE CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO

 

 

El Artículo 3 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, a fin de que se cumpla con:

  1. Mérito personal: Tanto el ingreso a la carrera como el ascenso dentro del Ministerio Público deben basarse en el mérito personal, demostrado en los correspondientes concursos externos e internos, la evaluación de su desempeño y otros instrumentos de calificación que a tales efectos se determinen;
  2. Equidad retributiva: En el ejercicio de las funciones de Ministerio Público, a trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, desempeño o antigüedad, corresponde siempre igual remuneración, de acuerdo al escalafón establecido. Esto sin perjuicio de los posibles beneficios e incentivos establecidos de manera accesoria;

 

El Artículo 5 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, a fin de que el Consejo Superior del Ministerio Público, cumpla con:

  • Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público;
  • Adoptar un escalafón que asegure los movimientos y ascensos internos de los miembros del Ministerio Público en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio;
  • Disponer el ascenso de los miembros de la carrera del Ministerio Público conforme al escalafón y los concursos internos cuando corresponda;

 

El artículo 20 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, para que los Procuradores Adjuntos del Procurador General de la República, designados por éste, deberán pertenecer a la carrera del Ministerio Público y ocupar el cargo de Procurador General de Corte de Apelación en el nivel superior del escalafón.

 

El Artículo 52, del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, para que se cumpla con el Escalafón de los miembros de carrera del Ministerio Público, y en consecuencias:

  • Se adopte el sistema de escalafón tomando en cuenta el nivel jerárquico, los méritos, capacitación, evaluación de desempeño, tiempo en el servicio y ubicación territorial de los miembros del Ministerio Público, y
  • La Dirección General de Carrera, en coordinación con la Dirección General de Persecución, procedan a elaborar y someter al Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, la propuesta de escalafón general de los miembros del Ministerio Público, así como crear el manual de funciones dentro de cada uno de los niveles de cargos del escalafón.

El Artículo 53 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, y se proceda a la asignación de los cargos y niveles jerárquicos, a fin de determinar el escalafón de los miembros del Ministerio Público, según los resultados de las evaluaciones correspondientes de modo que se garantice que:

  1. El Cargo 1: Fiscalizador. Se requerirá de cuatro (4) años mínimo en este cargo para ser promovido a un cargo superior. Tendrá tres (3) niveles jerárquicos: Fiscalizador I, Fiscalizador II y Fiscalizador III.
  2. El Cargo 2: Procurador Fiscal. Se requerirá de cuatro (4) años mínimo en este cargo para ser promovido a un cargo superior. Tendrá tres (3) niveles jerárquicos: Procurador Fiscal I, Procurador Fiscal II y Procurador Fiscal III.
  3. El Cargo 3: Procurador General de Corte de Apelación. Tendrá tres (3) niveles jerárquicos: Procurador General de Corte I, Procurador General de Corte II y Procurador General de Corte

 

El artículo 54 del Reglamento de Carrera del Ministerio Publico a fin de que la Dirección General de Carrera cumpla con su obligación de elaborar y someter al Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la República, la herramienta o normativa que entienda necesaria para la aplicación del escalafón, así como desarrollar y administrar un sistema uniforme y equitativo de clasificación de cargos, y proponer la escala salarial, compensaciones e incentivos aplicables a cada uno de los niveles del escalafón de Carrera.

 

El artículo 56 del Reglamento de carrera del Ministerio Publico, a fin de que la Dirección General de Carrera, elabore la base de datos para la ejecución del escalafón en donde conste sin desmedro de otras la siguiente información de cada miembro del MP:

  1. Número del expediente;
  2. Apellidos y nombres;
  3. Fecha de nacimiento;
  4. Tiempo de servicio en el Ministerio Público;
  5. Suplencias o Interinatos; 6. Datos académicos y profesionales;
  6. Especialidad; 8. Resultado de la evaluación del desempeño;
  7. Participación en actividades de capacitación relativas al puesto;
  8. Servicios docentes en la Escuela Nacional del Ministerio o en otras instituciones de educación; y
  9. Publicaciones sobre temas jurídicos”

 

 

 

 

LEY 133-11 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

Artículo 74. Derechos especiales. Una vez que ingresan a la carrera, los integrantes del Ministerio Público tendrán los siguientes derechos especiales:

  • Recibir capacitación periódica y especializada en condiciones de igualdad para mejorar el desempeño de sus funciones;
  • Participar en los concursos internos para obtener promociones en un plano de igualdad y conforme al escalafón;
  • Gozar de la garantía de inamovilidad en el cargo, salvo que incurran en una causal de destitución prevista en la presente ley;
  • Accionar en justicia ante la jurisdicción contencioso administrativa para la tutela de sus derechos;
  • Ser restituido en su cargo cuando su destitución haya sido en violación a las causas dispuestas en la presente ley y recibir los salarios dejados de percibir entre la fecha de la desvinculación y su reposición, sin perjuicio de las indemnizaciones que la jurisdicción contencioso administrativa pueda considerar;
  • Ser promovidos en la carrera en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio, en función de las necesidades institucionales;
  • Recibir una remuneración adecuada a sus funciones y competitiva dentro del sistema de justicia nacional;
  • Importar libre de gravamen un vehículo de motor no suntuario cada cinco años para el desempeño de sus funciones. Este derecho se adquiere a partir de los dos años de su designación y es intransferible. Cualquier acto violatorio a esta disposición será nulo de pleno derecho y se sancionará con las penas que la ley determina;
  • A que el Estado les suministre un arma de fuego corta de cualquier calibre para su defensa personal y el personal correspondiente para su seguridad acorde con su función;
  • Usar en los vehículos de motor a su servicio las placas oficiales rotuladas correspondientes de conformidad con las normas que rigen la materia. Para tales fines, la Dirección General de Impuestos Internos, previa solicitud del Procurador General de la República, expedirá las placas correspondientes;
  • Disfrutar de las vacaciones previstas por la presente ley;
  • Obtener y utilizar los permisos y licencias que en su favor consagra esta ley;
  • Al retiro voluntario de conformidad con el reglamento del Fondo de Retiro del Ministerio Público;
  • Recibir, al momento de su retiro, el monto del fondo correspondiente.

 

Artículo 83. Cesación en funciones. Todos los miembros del Ministerio Público cesarán en sus funciones por una de las causas siguientes:

  1. Por cumplir 75 años de edad o acogerse al retiro voluntario cuando corresponda;
  2. Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable;
  3. Muerte;
  4. Evaluación deficiente en el desempeño de sus funciones;
  5. Incapacidad o incompatibilidad que sobrevenga dentro del desempeño de sus funciones;
  6. Renuncia;
  7. Abandono del cargo;
  8. Destitución;
  9. Cualesquiera otras contempladas por la ley

 

Artículo 106. Fondo de Retiro. Se crea el Fondo de Retiro de los miembros del Ministerio Público, como incentivo para promover la permanencia en el cargo y el retiro en condiciones de dignidad. La administración del fondo, así como las condiciones y el procedimiento para otorgar este beneficio serán regulados en el reglamento que al efecto adopte el Consejo Superior del Ministerio Público.

 

Artículo 107. Recursos. Los recursos del Fondo de Retiro se constituirán con:

 

  1. Las aportaciones directas de los beneficiarios del Fondo;
  2. Las aportaciones que ordene realizar el Consejo Superior del Ministerio Público con cargo al Presupuesto institucional;
  • Otras aportaciones establecidas por vía del Presupuesto General del Estado

 

EN LO QUE RESPECTA AL REGLAMENTO DE CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 144. Pensión. Mientras se constituye el fondo de retiro del Ministerio Público y su reglamento de aplicación, los miembros del Ministerio Público se regirán por lo que establecen las leyes que en esta materia estén vigentes.

 

Artículo 145. Retiro. El retiro de los miembros del Ministerio Público podrá ser obligatorio o voluntario.

Artículo 146. Retiro obligatorio. Todo miembro del Ministerio Público que cumpla setenta y cinco (75) años de edad deberá pasar obligatoriamente a retiro.

 

Párrafo I. Se exceptúa de esta disposición al Procurador General de la República y los Procuradores Adjuntos designados por el Presidente de la República que no pertenezcan a la carrera del Ministerio Público.

 

  1. Retiro Voluntario. El retiro voluntario de los miembros del Ministerio Público se regirá por los siguientes criterios:
  1. Los Fiscalizadores podrán ejercer el retiro voluntario cuando tengan más de veinte (20) años de servicio y hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.
  2. Los Procuradores Fiscales podrán ejercer el retiro voluntario cuando tengan más de veinte (20) años de servicio y hayan cumplido sesenta (60) años de edad.
  • Los Procuradores Generales de Corte podrán ejercer el retiro voluntario cuando tengan más de veinte (20) años de servicio y hayan cumplido sesenta y cinco (65) años de edad.
  1. Los Procuradores Adjuntos que, designados por el Procurador General de la República, una vez sean sustituidos de sus puestos, podrán ejercer el retiro voluntario.

Artículo 148. Seguro de vida. El Consejo Superior del Ministerio Público dispondrá la contratación de un plan de seguro de vida para los miembros del Ministerio Público. Cada colaborador será responsable de actualizar periódicamente los beneficiarios de su seguro de vida.

 

Artículo 126. Bono vacacional. El Ministerio Público otorgará un bono vacacional a aquellos miembros que tengan por lo menos un año en la institución. Este bono será otorgado en el mes que el miembro inicio en la institución.

 

Artículo 164. Entrada en vigencia del bono vacacional. El bono vacacional establecido en el artículo 126 del presente Reglamento entrará en vigencia al año siguiente de adoptarse este reglamento.”

 

CUARTO: Que se condene a los accionados Consejo Superior del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera Del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica, al pago de un astreinte de Cien Mil Pesos ($RD50,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia a intervenir.

 

QUINTO: Que las costas sean compensadas.

BAJO LAS MAS AMPLIAS Y EXPRESAS RESERVAS DE DERECHO Y ACCIONES

 

Y HAREIS JUSTICIA.

 

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021)

 

________________________

Denny F. Silvestre

Por si y por

Julio Saba Encarnación Medina, Catalina Bueno Patiño, Guillermo Osvaldo Peña de la Cruz, Luis Augusto Arias Encarnación, Bernardo de Jesús Rodríguez, José Manuel Polanco Gutiérrez, Gerinaldo Contreras,

COVID-19 República Dominicana

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