Propone declarar incompatibilidad del visado USA con función jurisdiccional en materia penal
Por Robert Vargas
El regidor y abogado Manuel Soto Lara ha hecho una «osado recomendación» al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial para que sea declarada la «incompatibilidad del visado norteamericano con la función jurisdiccional en materia penal».
Su propuesta está contenida en una carta dirigida a Mariano Germán Mejía, copia de la cual fue entregada a Ciudad Oriental.
Soto Lara, quien es además regidor por el BIS en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, denuncia «la amenazante inseguridad jurídica, principalmente en materia penal causada, entre otras rozanes, por las indelicadezas de actores del sistema de justicia, y, consecuencialmente, la sutil injerencia con que al menos una nación extranjera viene ofendiendo con su intromisión la dignidad nacional, por ella misma otras tantas veces mancillada».
Aunque no los menciona textualmente, se refiera a casos judiciales en los que el obierno de los Estados Unidos han retirado la visa norteamericana a jueces que dictaron sentencias favorables a imputados objetados por las autoridades norteamericanas.
Agrega que «hoy, los amos de nuestra Nación, con la evidente anuencia de serviles autoridades, tienen intervenido nuestro sistema de justicia. Ya los jueces de los tribunales penales fueron privados del discernimiento y de su soberanía. Ya nos habían despojado de la presunción de inocencia y relevado a los persecutores de la obligación de probar. Ahora, en los casos en que interesa al amo imperial, los jueces están obligados a emitir, siempre y en todos los casos, sentencias para complacerlos. Aunque tengan que condenar a inocentes o descargar a culpables».
Concluye que «estoy proponiendo, para reivindicar nuestra soberanía y autodeterminación, así como nuestra dignidad patria, seriamente ofendidas, que esa Honorable Suprema Corte de Justicia, en uso de sus facultades reglamentarias, declare la incompatibilidad del visado norteamericano con la función jurisdiccional en materia penal, principalmente en los asuntos que interesan al amo imperial interventor; a los fines de que en nuestros tribunales solo sean condenados los culpables y que en ningún caso los jueces, al momento de emitir sentencias tengan que decidir entre su visado norteamericano y el deber sacrosanto de hacerle justicia a la víctimas y a los inocentes».
A continuación el texto completo de la carta de Soto Lara a Germán Mejía.
Santo Domingo, D. N.,
04 de mayo del 2017.-
Doctor,
Mariano Germán Mejía,
Presidente de la Suprema Corte
de Justicia y del Consejo del Poder Judicial,
Su Despacho,
Ciudad.-
Honorable magistrado presidente:
El suscrito, Licenciado Manuel de Regla Soto Lara, dominicano de origen y sentimientos, titular de la cédula de identidad y electoral No. 003-0025856-3, abogado de los tribunales de la República, con estudio profesional en la calle Costa Rica No. 94, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este. En su doble condición de Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, ocupo su tiempo para hacerle extensiva, muy cortés y respetuosamente, la agobiante inquietud que me lacera, respecto del derrotero del sistema de justicia, especialmente en los tribunales penales, sobre lo cual al final de este documento le formulo una osada recomendación.
La preocupación que me atormenta, causa única de mis noches insomnes, es la amenazante inseguridad jurídica, principalmente en materia penal causada, entre otras rozanes, por las indelicadezas de actores del sistema de justicia, y, consecuencialmente, la sutil injerencia con que al menos una nación extranjera viene ofendiendo con su intromisión la dignidad nacional, por ella misma otras tantas veces mancillada. Más doloroso y entristecedor aún me resulta la convalidación de ese injerencismo por parte del Estado. Esto ocurre en los desafortunados momentos en que nuestro sistema de justicia se encuentra estremecido por el develamiento de espeluznantes actos de corrupción. La complaciente convalidación a la intromisión foránea se avizora como una vergonzante transacción ante la indiscutible responsabilidad de la dirección del sistema de justicia en hechos emblemáticos de corrupción e impunidad.
Hoy, los amos de nuestra Nación, con la evidente anuencia de serviles autoridades, tienen intervenido nuestro sistema de justicia. Ya los jueces de los tribunales penales fueron privados del discernimiento y de su soberanía. Ya nos habían despojado de la presunción de inocencia y relevado a los persecutores de la obligación de probar. Ahora, en los casos en que interesa al amo imperial, los jueces están obligados a emitir, siempre y en todos los casos, sentencias para complacerlos. Aunque tengan que condenar a inocentes o descargar a culpables. Eso ocurre en el actual estado del derecho penal en nuestro país, donde los procesos son instrumentados por miembros de agencias de persecución estatal mal formados, peor equipados y con insalvables debilidades axiológicas. Esto explica nuestra sobrepoblación carcelaria y la creciente amenaza para los hombres de trabajo. Ahora no basta la inocencia ni la falta de pruebas, con la acusación alcanza!
El entreguismo reniega de nuestra historia de luchas libertarias y ofende la inmaculada memoria de nuestros héroes y mártires, aquellos hombres y mujeres valerosos que generosamente derramaron su sangre para con ella hacer fecunda la simiente de nuestra soberanía y autodeterminación como pueblo digno en el concierto de las naciones libres del mundo.
Sobre el entendido de que por razones de principios condeno toda forma de prevaricación y no perdono ninguna de impunidad, por lo que llevo dicho y por tantas otras obvias razones; estoy proponiendo, para reivindicar nuestra soberanía y autodeterminación, así como nuestra dignidad patria, seriamente ofendidas, que esa Honorable Suprema Corte de Justicia, en uso de sus facultades reglamentarias, declare la incompatibilidad del visado norteamericano con la función jurisdiccional en materia penal, principalmente en los asuntos que interesan al amo imperial interventor; a los fines de que en nuestros tribunales solo sean condenados los culpables y que en ningún caso los jueces, al momento de emitir sentencias tengan que decidir entre su visado norteamericano y el deber sacrosanto de hacerle justicia a la víctimas y a los inocentes.
Adelantando nuestras humildes excusas, y desde ya agradeciendo su acogida a la presente;
Atentamente,
Lic. Manuel de Regla Soto Lara,
Abogado.-