Imponen condenas de 10 años de prisión a dos hombres por tráfico de armas de fuego
Al acoger la solicitud de la fiscal Hazel Rosaly Gross Abad, adscripta al Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Santo Domingo Este, un tribunal condenó a dos hombres a 10 años de prisión cada uno, encontrados culpables de traficar armas de fuego y municiones.
Los condenados son Luís Alberto Hilario Almánzar y Eladio Cabada, de 42 y 47 años de edad, respectivamente, ambos residentes en el municipio de Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez.
Ambos encartados fueron encontrados culpables de tráfico de armas de fuego, municiones y materiales relacionados de manera ilegal.
La condena fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, conformado por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidente), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada (miembros).
De acuerdo a la acusación, pasadas las 2:00 p.m. del 28 de enero del 2022, los dos encartados fueron interceptados en el parqueo de un supermercado, en la autopista de San Isidro, por agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DINTEL), en coordinación con la Gerencia de Inteligencia Aduanera de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Los dos hombres iban a bordo de una jeepeta marca Honda, modelo CR-V EX 4X2 (2015), color gris, placa No. G512836, de cuyo interior se ocuparon un fusil AM-15 con su cargador y 13 cápsulas calibre 5.56mm, sin ningún tipo de documentos, al igual que nueve pistolas, marca Glock 17, calibre 9mm.
Asimismo, les ocuparon siete cargadores y un juego de accesorios para pistolas marca Glock; siete candados de seguridad, cinco cargadores de velocidad; la suma de 174,500 pesos en efectivo, tres celulares y un bulto.
La investigación a los dos hombres, determinó que formaban parte de una estructura del crimen organizado dedicada al tráfico de armas de fuego, municiones y materiales relacionados de manera ilegal, la cual ponía en peligro la seguridad ciudadana y afectaba el comercio lícito en el país, de acuerdo a las autoridades.
Con las pruebas materiales y documentales, les fueron presentados ante un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que le impuso medidas de coerción de prisión preventiva, mediante la Resolución Penal número 530-2022-SMEC-00267, de fecha 4 de febrero del 2022.
En el juicio de fondo, realizado cuatro de agosto del 2023, el tribunal colegiado encontró a los dos justiciables culpables en la violación de los Artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16, Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, los Artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como la Ley 168-21 o Ley de Aduanas de la República Dominicana.
Los justiciables deberán pagar las Costas Penales del proceso.
Se ordenó el decomiso de las armas a favor del Estado Dominicano.
El fallo establece que los dos condenados cumplan las penas impuestas en la cárcel de San Francisco de Macorís, y que sea comunicada la decisión al juez de Ejecución de la Pena y al Ministerio de Interior y Policía.
La lectura integra de la sentencia fue fijada para el 24 de agosto del año en curso, fecha en que se abrirán los plazos para recurrir en apelación.
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