Por William Perdomo
La solicitud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para que se aparte a la jueza Grecia Báez de la Junta Electoral Municipal de Santo Domingo Este resulta completamente procedente a la luz de los preocupantes hechos revelados.
Que el jefe de campaña del candidato oficialista (PRM) a la Alcaldía de SDE, Dío Astacio, sea precisamente el esposo de la máxima autoridad judicial que debe velar por la pureza de las elecciones en ese municipio, no solo es un insulto a la inteligencia colectiva sino una afrenta sin precedentes a la institucionalidad democrática dominicana.
Semejante vínculo conyugal convierte a la jueza Báez en juez y parte de un proceso donde se elegirán las nuevas autoridades municipales el próximo 18 de febrero en todo el país.
Su probada parcialidad como funcionaria electoral, al tener en casa al director de campaña de uno de los candidatos en pugna, es obvia.
Por tanto, procedería de forma inmediata su aparte del cargo para que la Junta Electoral de Santo Domingo Este pueda recuperar, así sea a última hora, la credibilidad y legitimidad que se le presume a todo árbitro electoral en una contienda democrática entre distintas opciones políticas.
Lo contrario, es permitir que se consume una estocada mortal a la jáquea institucionalidad electoral dominicana.
Y lo que estaría en juego, ni más ni menos, es la confianza ciudadana en que su voto valdrá y será contado con transparencia el día de los comicios.
No se equivoquen las autoridades del momento.
Lo que ha detonado crisis postelectorales hasta desembocar en revueltas sociales y derrocamientos de gobiernos en otras latitudes del continente, comienza justamente por permitir la más mínima sospecha de fraude o parcialidad en los árbitros llamados a administrar imparcialmente las contiendas en las urnas.
La polémica se desata a 41 días de las votaciones, en las que Santo Domingo Este figura como una plaza clave en la férrea puja electoral entre el candidato oficialista Dío Astacio (PRM) y el aspirante opositor, Luis Alberto Tejada (PLD).
Ojalá el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, actúe con la diligencia y altura de miras que amerita este escándalo sin antecedentes, apartando de inmediato a la jueza Báez para enmendar a tiempo el daño a la imagen de transparencia que deben tener elecciones tan trascendentales como las municipales de 2024.
