La culpa también es tuya, diputado Luís Henríquez

Por William Perdomo/analista político

El diputado Luis Henríquez, voz cantante de la oposición peledeísta y en representación de Santo Domingo Este, debe asumir su cuota de proporción en la creación de la polémica Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Su voto fue determinante. Desde la tribuna de la Cámara Baja que ostenta en nombre de los munícipes de la zona oriental y sus barrios de la Circunscripción #1, el legislador dijo «sí» a la Ley 1-24 perpetrando así un atentado contra los derechos ciudadanos.

Ahora, de forma oportunista, busca desvincularse del engendro legal que ayudó a parir. Pero no puede obviar el rol protagónico que ejecutó en este oscuro episodio, por acción u omisión.

Esa es la gravosa responsabilidad que carga sobre sus hombros el principal congresista representante de los partidos opositores de nuestro municipio.

La infame ley 01-24 del DNI, promulgada el 15 de enero por el presidente Luis Abinader, regula el DNI. El gobierno dice que la ley «representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción», al proporcionar «la herramienta legal necesaria», según la Presidencia de la República.

Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y locales que representan a los medios y a los periodistas, como el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios, además de la iglesia y organizaciones de la sociedad civil critican la ambigüedad de algunos artículos de la ley y advirtieron sobre sus posibles impactos negativos en el ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

El artículo 11 de la nueva legislación, por ejemplo, cita que «todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la DNI todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento, relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia, a los fines de salvaguardar la seguridad nacional».

Si bien reconocemos la importancia de las leyes de seguridad nacional para proteger los intereses y las instituciones del Estado frente a la amenaza del terrorismo, una regulación tan amplia que obligue a instituciones privadas, como los medios de comunicación, a entregar todas las informaciones que se requieran, puede tener implicancias negativas sobre la confidencialidad de las fuentes periodísticas y el derecho a la privacidad».

El artículo 26 de la cuestionada ley establece sanciones penales, como prisión de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes «oculten informaciones» requeridas por la DNI.

El lenguaje amplio y ambiguo de esta ley, sumado a su carácter sancionatorio, puede fomentar la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, con el impacto que ello causaría en el derecho de todos los dominicanos a acceder a información, un derecho consagrado en la Constitución.

El secreto profesional periodístico es una pieza central para que quienes informan a la sociedad ejerzan su labor con plena libertad y es, además. un instrumento clave para que la ciudadanía acceda a datos de interés público.

El país había avanzado en 2023 a la posición número 1 entre 22 países según el Índice Chapultepec de la SIP, un barómetro que mide la situación de la libertad de prensa en las Américas, pero ahora si se mantiene la ley 1-24 va a retroceder.

Solo falta la promulgación del poder ejecutivo para convertirla en ley, pero el Presidente Luis Abinader está atendiendo la preocupación de un amplio sector de la sociedad sobre esa ley y dijo que formará una comisión para estudiar si se puede reformar.

De no ser reformada, por el Poder Ejecutivo. estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales.

A pesar de que la Ley 01-24 fue votada de manera favorable por los dos partidos de oposición con mayor representación en el Congreso, el PLD y la FP, miembros de las referidas organizaciones políticas hoy expresan su rechazo y críticas a la ley por considerarla inconstitucional.

La oposición y el oficialismo se aliaron en el Congreso Nacional para aprobar la ley que crea el DNI.

Es inaceptable que los congresistas de la oposición al oficialismo se escuden dizque en la “línea partidaria” para justificar un respaldo inicial a una propuesta inconsulta y delimitadora de garantías individuales.

Ese argumento resulta aún más débil viniendo de un partido que se jacta de su verticalidad y de no recibir mandatos de nadie.

Es obvio que la principal responsabilidad de esta discutible pieza legal recae sobre el Poder Ejecutivo que la impulsó y la bancada oficialista que la respaldó de forma acrítica.

Pero eso no exime al diputado Luís Henríquez y sus colegas peledeístas y del partido Fuerza del Pueblo, ambos opositores al Gobierno, de rendir cuentas sobre su apoyo inicial a una ley que ahora rechazan y se disponen supuestamente a modificar.

Mediante una revisión de la votación en la Cámara de Diputados se comprobó que, de los 10 representantes del municipio Santo Domingo Este de los partidos mayoritarios de oposición (PLD-FP), 5 votaron a favor de la nueva ley, uno se privó de votar, ninguno estuvo en contra y cuatro no asistieron.

Los diputados de la oposición de la zona oriental que votaron a favor de la funesta ley 1-24 el día 29 de diciembre del pasado mes de diciembre a las 12: 09 del mediodía fueron:

PLD
Luis Henríquez (vocero bloque PLD) Circ. #1
Juan (Joselito) Echavarria (PLD) Circ. #1
Eduardo Hidalgo (PLD) Circ. #3

FP
Rafael Castillo (FP) Circ. #2
Heriberto Aracena (FP) Circ. #3

Solamente Ysabel de la Cruz (PLD) de la Circunscripción #3 de SDE fue la única diputada que se abstuvo de votar por la ley 1-24 entre los seis que asistieron al hemiciclo que representan a los partidos de la oposición de este municipio.

Los congresistas de oposición de la zona oriental que no asistieron ese día a la Cámara de Diputados fueron: Carlos José Gil (PLD) Circ. #3, Franklin Martínez (PLD) Circ. #3, Maria Elisa Suarez (PLD) Circ. #3, Ycelmary Brito O’Neil (FP) Circ.#1,

En sentido general, ese día se registraron en la Cámara de Diputados 136 legisladores, 125 votaron a favor de la ley 1-24, solo 1 voto en contra, 10 se abstuvieron y 54 no asistieron al congreso.

En síntesis, diputado Luís Henríquez, no basta ahora con anunciar cambios a una legislación que usted mismo ayudó a crear.

También debe hacer su autoexamen de conciencia y asumir que la culpa de esta ambigua Ley 1-24 no solo es del Gobierno, sino también de quienes le dieron luz verde desde una oposición distraída.

La historia tomará nota de su responsabilidad.