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Ley de extinción de dominios y mi abuelo el ladrón

Por Valentín Medrano Peña

Si levantáramos el velo de la historia y hurgáramos en cada riqueza. Si pudiéramos ir al principio de los tiempos, hasta ese primer delito que produjo esa riqueza que se traspasó de generación en generación y hoy nos la echan en cara, se mofan de ella y muestran las diferencias entre ellos y nosotros. ¡Si pudiéramos!, ¡Si pudiéramos!

En nuestro país no hay muchas patentes científicas o industriales exitosas, pero si muchas patentes de corsos bendecidas. Llegaron los colonialistas españoles y nos robaron, nos saquearon todo, algunos no solo buscaban oro, también territorios como si les sirviera de bebidas, y los tomaron para si. Nos robaron.

Nos invadieron los haitianos, nos robaron y se llevaron lo que quisieron menos nuestra dignidad. Los americanos nos invadieron físicamente dos veces y a su manera el resto de la historia, tomaron lo que les dio la gana, dejaron hijos huérfanos de padres vivos, e idos a su tierra de origen, los olvidaron, sin reconocimientos y sin derechos de paternidad.

Las transnacionales, las megacorporaciones, los grandes capitales e híper bancos, los Francis Drakes actuales, han puesto e impuesto sus reglas de juego y nos han exprimido siempre, con el concierto en contrapartida de unos criollos que se creen oligarquía, poseedores de títulos nobiliarios que obliga a que las riquezas les sean dables a expensas de todos. Nacieron nobles, con actas de nacimientos que representan certificados de valores.

Muchos empresarios han hecho ventajosos negocios con el Estado, contrataron desde los días del grado a grado y desde antes, tomaron ventajas y se enriquecieron enormemente, obtuvieron licencias para abrir escuelas, bancos, empresas, tomaron tierras del CEA, u obsequiadas por el jefe, las certificaron con la dirección de Bienes Nacionales y otras instituciones del estado y las hicieron suyas, pagaron como quisieron y lo que quisieron. Se adueñaron de todo, incluidos sectores, que hoy poblados, no pueden ser adquiridos por los detentadores porque ya otros la tomaron de nombre y sin un centavo, y con y por la connivencia estatal, las legalizaron a su favor.

Vendieron con ventajas, compraron con ventajas, cogieron lo que quisieron y a quienes quisieron. He ahí el crimen detrás de cada fortuna. El crimen impago.

Si buscáramos un instrumento legal que permitiera hurgar en el pasado, que con la simpleza de una sospecha sirva para desapropiar, tendríamos razones para demandar a España, y allí despojar a los herederos de las fortunas saqueadas, quizá nos correspondan algunos que otros suntuosos castillos o ciudades españolas, y así a todos nuestros invasores por el saqueo histórico, a los prestantes hombres de empresas por el robo de sus abuelos, aquel que inició el imperio económico de hoy, podríamos desmeritar a hombres tenidos como probos y honorables, desmontarlos de sus curules históricas y desapropiar a familiares, empresas, empresarios y naciones que nos robaron.

Parece bueno, suena bueno y se siente bueno, pero no lo es, no es posible y no se va a permitir. Además no es propio de regímenes capitalistas. No es siquiera legal ni constitucionalmente posible. Hay tantos principios que echar a un lado (responsabilidad personal, presunción de inocencia, irretroactividad, prescriptibilidad, extinción, juez natural, legalidad, y cientos de etcéteras).

En Venezuela era frecuente, y así lo recibíamos por videos colgados en las redes, en los que se apreciaba al mismísimo Presidente Hugo Chávez, consciente de la necesidad de empobrecer a sus opositores, y abrazado de ideales comunistas, cuando se paseaba por propiedades de contrarios, presuntamente resultantes de delitos de corrupción que ellos mismos etiquetaban, y preguntaba a sus correligionarios que les acompañaban: —“¿De quién es esta propiedad”—, y éstos, correveidiles respondían indistintamente dependiendo del nombre de quien fuera el dueño del inmueble, e inmediatamente el presidente Chaves les ordenaba: —“Expropiése”—, y ello, palabra de Rey, automáticamente representaba el traspaso de dicha propiedad, sin juicio, o bajo una simple sospechas y prejuicios, a propiedad del Estado-Chaves y usufructo y goce de unos cuantos privilegiados del chavismo. Una extinción de dominio práctica, salvaje, arbitraria y político-militar. ¿Tendrá alguna diferencia con lo que se pretende instaurar aquí? Si, se hará lo mismo, pero lo perseguirán los fiscales y lo ordenarán unis jueces, solo esa diferencia.

Increíblemente algo similar, pero con un poco más de rigores procedimentales se pretende instaurar aquí, a través de un sistema legal, jamás legítimo ni legitimable, con la ley de Extinción de Dominio. El perfecto sistema de expropiación que solo necesita de un Chaves para que grite a sus aupadores, alabarderos y cómplices: “Exprópiese” para asesinar la democracia y controlar la resistencia al nuevo caudillo.

Esta ley, que fue necesaria en países que salían de guerras intestinas que dislocaron el sistema registral de propiedades sobre todo inmobiliarias, y en especial en las ampulosas zonas selváticas, boscosas, dominadas por subversivos y narcotraficantes, fue un bálsamo para luchar en contra de las dificultades de expropiaciones propias de esos países para con las propiedades de origen ilícito.

No en un país como el nuestro, que jamás ha tenido problemas con expropiar, y que cuenta con estamentos que definen los ilícitos, los prohíben, los condenan y establecen sanciones expropiatorias patrimoniales.

La ley de Lavado de Activos es basta en tipos penales, análisis financieros, determinación de capitales, bienes de origen ilegales y formas de decomisos de los mismos.

Aquí no hace falta una ley de extinción de dominio a no ser para perseguir desde el gobierno a contrarios y eternizarse como tiranos antidemocraticos.

Los ensayos de ley de extinción de dominio procuran sacar de su ámbito natural a la infracción penal. No hay ilicitud en los bienes procurados que no nazcan de una violación a la ley penal, la que, en nuestro ordenamiento posee un juez natural y su jurisdicción, límites territoriales, principios y garantías de derechos para su determinación, y aquí, y en los Estados Unidos o cualquier nación que se respete y respete los derechos humanos, se debe determinar culpabilidad “más allá de todas duda razonable”.

Pues en la ley de extinción de dominio basta con una duda, que citen aunque no comparezca o comparezca a través de un abogado que los mismos persecutores le provean, a alguien sobre quien recaiga una simple sospecha de ilicitud en la adquisición y uso de bienes en actividades ilícitas, para que se ordene el decomiso de los bienes, mediante un procedimiento civil, como forma de evadir las garantías constitucionales del debido proceso, en demandas llevadas por un Ministerio Público, también sacado de su ámbito de acción natural y llevado a lidiar con asuntos civiles, por ante un juez penal presuntamente de corte, o sea que se crearía también una jurisdicción privilegiada sin lógica aparente, y así y de esa forma, zassss, una persona, culpable o no, acusada o no, que se le demuestre responsabilidad o no en lo que se piensa es o fue un ilícito, es desapropiada de sus bienes.

Es una ley peligrosista, que ahora sus propulsores, agentes de intereses, defienden, sin obviamente saber un carajo al respecto, aduciendo intereses políticos que la contrastan, lo que es extraño pues es una ley de elaboración peledeísta e impulsada por lo más rancio y retrograda de los partidos políticos mayoritarios, por sectores foráneos, e increíblemente por los viejos vestigios de la izquierda dominicana que se maleó, entremezcló y trocó sus principios por nuevas cuentas de vidrios.

La ley de extinción de dominio es una ley de control de riquezas que procura mantener a los pobres más pobres y excluidos, y a los ricos más ricos y con poder de veto, pues a ellos nadie les cuestionará el abolengo de sus fortunas provenientes del olvidado pecado del abuelo transgresor. De su abuelo landrón.

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