Por Rhodes Espinal | Columna: Lo Global con Rhodes Espinal
n la evolución democrática de las naciones, la verdadera transparencia no se mide por la retórica de los discursos, sino por la firmeza y valentía de las acciones institucionales. El pasado 3 de septiembre de 2026, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, tomó una decisión que merece ser calificada, en su justa dimensión de nobleza, como histórica y trascendental: autorizar a la Contraloría General de la Republica Dominicana a publicar de manera progresiva los informes de las auditorías realizadas a las instituciones públicas. Lo verdaderamente inédito de este paso es que las fiscalizaciones corresponden al período de gobierno 2020-2024 y a parte de la gestión actual; es decir, períodos encabezados por el propio mandatario, sometiendo su propia administración al ojo avizor de la ciudadanía.
Esta determinación refleja un compromiso inquebrantable del presidente con el escrutinio de la cosa pública y el libre acceso a la información. El pueblo dominicano, que con justa razón exige saber cómo se administran sus recursos y en qué se invierte el dinero público, encuentra hoy una vía institucional y transparente. Amparado en las facultades y atribuciones que le otorga la Constitución de la República, el jefe de Estado ha decidido romper con el viejo paradigma del secretismo de Estado para dar paso a una era de rendición de cuentas sin matices ni favoritismos.
El impacto práctico de esta disposición comenzó a materializarse con contundencia el 2 de octubre de 2026, fecha en la que la Contraloría General de la Republica inició formalmente la liberación de los documentos. En esta primera fase, el órgano de control interno puso a disposición de la opinión pública un robusto paquete de 28 nuevos informes de auditoría (que integran 25 evaluaciones de enfoque integral y 3 informes de seguimiento estrictos), abarcando una exhaustiva línea de tiempo que va desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2025.
Lejos de ser un ejercicio meramente cosmético, la publicación de estos informes constituye una herramienta de supervisión estatal. Su análisis minucioso contribuirá de manera directa a identificar las áreas críticas que requieren correctivos urgentes y a perfeccionar las prácticas administrativas de los ministerios y direcciones evaluados. Entre las entidades sujetas a este riguroso examen destacan ministerios neurálgicos como el de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Energía y Minas, la Juventud y la Mujer, así como dependencias operativas del calibre de la Dirección General de Migración (DGM), la Dirección de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), la Dirección de Embellecimiento (DIGECAC), la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CONAPE), el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) y la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Asimismo, la lupa de la fiscalización alcanzó la estructura de seguridad y salud institucional, abarcando a la Fuerza Aérea (FARD), el Ejército de la República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), junto al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA) y el Hospital General Docente de la Policía Nacional (HOSGEDOPOL).
Desde nuestra tribuna en Lo Global con Rhodes Espinal, valoramos esta iniciativa como un punto de inflexión. Integrar los ministerios y estamentos militares propios al escrutinio público no es una tarea sencilla en la cultura política dominicana e incluso latinoamericana. Con esta acción, el presidente Abinader eleva la vara de la institucionalidad dominicana, demostrando que el control interno no debe ser un mecanismo de ocultamiento, sino un espejo transparente donde el Estado identifique posibles fallas para servir con mayor eficiencia, pulcritud y dignidad a los ciudadanos. Al final del día, gobernar democráticamente es recordar que el poder emana del pueblo y que el dinero público es sagrado.
