A estos imputa de esparcir «sus miserias humanas sin ningún pudor»
Por Felipe Castro
La vuelta a la legalidad salarial de los jueces del Tribunal Superior Electoral ausculta la doble moral de un tipo de funcionariado existente en los estamentos del poder cuya filosofía debería ser el respecto radical a la ética y la moral.
Ese hecho fatídico y otros no menos relevantes desvelados recientemente demuestra que en este país hay una casta de individuos que ocultan sus miserias en el amplio manto de la sociedad civil, las iglesias y los partidos políticos, a fín de insertarse en el vasto espectro de la función publica y una vez allí, esparcen sus miserias humanas sin ningún pudor convencidos de que por aquello de no tirar piedras hacia atrás, no estarían expuestos a sanciones algunas.
Toda apropiación de recursos públicos o privados que no estén avalados por preceptos legales, se tipifica como robo. Mariano Rodríguez, Marino Mendoza, Mabel Feliz, John Guilianny, y Jose Manuel Peguero Hernandez, anteriores miembros del Tribunal Superior Electoral, sustraían del erario público prevaleciéndose de sus funciones tres millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos anuales que multiplicado por los seis años que estuvieron en los puestos equivalen a veinte millones quinientos diez mil novecientos veinte y ocho pesos, solo por concepto de aumento ilegal de sus salarios.
El robo se define como; el acto de sustraer lo ajeno; se tipifica en robo simple y robo agravado, en el caso que nos ocupa, si es comprobable la ilegalidad de tal acto seria robo agravado o delito de cuello blanco por el concierto de varias voluntades en el ejercicio de la función publica.
Constituye un acto burdo de inequidad, observar esporádicamente, el sometimiento a la justicia de individuos sin ninguna formación y de bajo estrato social, por el robo de cantidades mínimas de chinolas, una mata de yuca, un pollo una lata de leche etcétera, que no es mas que robo famélico, y ser condenados a las medidas drásticas de coerción.
Solo en un país desinstitucionalizado como el nuestro, no son sometidos a la justicia los anteriormente mal llamados jueces del Tribunal Superior Electoral, por violar el articulo 138 de la Constitución, la Ley 41-08 de Función Publica y por el delito de prevaricación.
Luego que la resolución No. 001-2017, emitida por el TSE., desvelo el antifaz de los ex miembro del Tribunal Superior Electoral.