Por Elso Milciades Segura Martinez.
Secretario de Relaciones Laborales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifiesta su firme respaldo a los trabajadores dominicanos en su lucha por la defensa de los derechos laborales en la República Dominicana. La CNUS ha denunciado que el Senado de la República, con el apoyo de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP), pretende aprovechar su mayoría legislativa para impulsar una reforma al Código Laboral que eliminaría la cesantía, afectando a miles de trabajadores en el país.
Para el PLD, la cesantía no es solo un derecho adquirido, sino un pilar fundamental de protección social que garantiza estabilidad económica a los trabajadores en caso de despido. La posible eliminación de este beneficio representaría un retroceso en las conquistas laborales alcanzadas tras años de lucha y negociación entre los sectores productivos y sindicales.
El PLD advierte que cualquier modificación al Código Laboral debe realizarse con un consenso amplio que incluya a los trabajadores, los empleadores y el Estado. Intentar imponer cambios de manera unilateral atenta contra la paz social y pone en riesgo la estabilidad laboral en el país. En ese sentido, el partido hace un llamado al Senado para que priorice el bienestar de los trabajadores y respete los derechos adquiridos que han sido clave en la regulación de las relaciones laborales.
El partido morado reafirma su compromiso con la clase trabajadora y urge a las autoridades legislativas a escuchar las voces de los gremios sindicales antes de aprobar reformas que perjudiquen a la mayoría de la población laboral. En este contexto, el PLD respalda los esfuerzos de diálogo impulsados por la CNUS y otros sectores que buscan preservar la justicia y equidad en el ámbito laboral.
Finalmente, el PLD asegura que se mantendrá vigilante ante el desarrollo de la reforma al Código Laboral y continuará defendiendo los derechos de los trabajadores dominicanos. Su compromiso es con una legislación equilibrada que garantice la estabilidad de las empresas sin sacrificar la protección de quienes constituyen la fuerza productiva del país.
