Por Rony Velásquez/Ciudadoriental
La instalación de una parada de autobuses en la intersección de las avenidas Las Américas y Charles de Gaulle ha generado preocupación entre los munícipes de Santo Domingo Este. Residentes y conductores sostienen que la ubicación escogida aumenta el riesgo de accidentes de tránsito debido a las maniobras bruscas de los vehículos que entran y salen de la parada en una zona de alto flujo vehicular.
Según denuncias de ciudadanos de la zona, desde que la parada comenzó a operar se han registrado varios incidentes y choques en las inmediaciones. La combinación de autobuses deteniéndose, vehículos cambiando de carril y peatones intentando cruzar la vía crea un escenario que muchos consideran peligroso para conductores y transeúntes.
A esta preocupación se suma la construcción de puentes peatonales en el área, obras que, de acuerdo con las críticas de algunos residentes, estarían orientadas principalmente a facilitar el acceso al complejo comercial City Center. Los comunitarios cuestionan si dichas estructuras responden realmente a un plan integral de movilidad y seguridad vial para todo el municipio.
Las dudas aumentaron luego de que el secretario general del alcalde, Jesús Colón, fuera consultado sobre los puentes peatonales. Según las declaraciones atribuidas al funcionario, la obra corresponde al Gobierno central y el Ayuntamiento no tendría información detallada sobre el proyecto ni sobre su ejecución.
La respuesta ha dejado interrogantes entre los ciudadanos, quienes entienden que, independientemente de la entidad ejecutora, las autoridades municipales deberían conocer y supervisar cualquier intervención que impacte la movilidad urbana, el tránsito y la seguridad de los habitantes del municipio.
En ese contexto, vecinos y usuarios de la vía reclaman mayor transparencia sobre el diseño, el financiamiento y los estudios técnicos que respaldan tanto la parada de autobuses como los puentes peatonales. También solicitan medidas inmediatas de señalización, control de tráfico y evaluación de riesgos para evitar nuevos accidentes.
La preocupación central de la comunidad es clara: si el Ayuntamiento sostiene que la obra es responsabilidad del Gobierno central y no dispone de información sobre ella, ¿Quién asumirá la defensa de los munícipes y la garantía de su seguridad vial? Los ciudadanos demandan una coordinación efectiva entre las distintas autoridades para que las decisiones de infraestructura prioricen la vida y el bienestar de la población.
