Por Carlos Rodríguez
l actual gobierno del PRM ha lanzado un ataque directo contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, en un intento por limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.
La Ley de Seguridad Ciudadana, que permite multas a manifestantes y opositores políticos, es un claro ejemplo de cómo se busca silenciar las voces disidentes.
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Esta situación no solo es un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos, sino que también atenta contra la división de poderes, al permitir que el Ejecutivo decida sobre cuestiones que deberían estar en manos de los jueces.
Es irónico que quienes se han beneficiado del derecho a libre expresión durante años, en especial cuando se trataba de acusaciones infundadas contra sus oponentes, ahora se sientan ofendidos por la resistencia de aquellos que defienden sus derechos. Esta doble moral, en la que el PRM ignora el impacto de sus decisiones, refleja una falta de entendimiento de la realidad que enfrentan los dominicanos.
La crítica a la situación económica y la conexión con lo que ocurre en países vecinos es válida, pero esto no justifica atropellos a los derechos de los ciudadanos.
La República Dominicana no necesita más leyes que restrinjan la libertad; ya cuenta con suficientes disposiciones en su marco legal para proteger la intimidad, el honor y la propia imagen.
La creación de nuevas legislaciones solo alimenta la represión y la censura. Es momento de que los legisladores comprendan que la moral no se impone mediante leyes, y que la verdadera fortaleza de un país radica en la defensa de la libertad para todos, no en la represión de aquellos que se atreven a alzar la voz.
