Por la Redaccion
SANTO DOMINGO. El abogado Roberto Rosario Márquez aseguró que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre las restricciones al expendio de bebidas alcohólicas no elimina las limitaciones que actualmente afectan a colmados y otros establecimientos comerciales.
Rosario explicó que el fallo del alto tribunal declaró inconstitucional un decreto emitido en 2006 durante el gobierno de Leonel Fernández, el cual establecía horarios para la venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, sostuvo que esa disposición dejó de aplicarse en abril de 2022, cuando fue sustituida por una resolución conjunta emitida por los entonces ministros de Turismo, David Collado, y de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez.
Según indicó, la Resolución RES. ESP/001-2022 mantiene restricciones para colmados, colmadones, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos y tiendas de licores desde la medianoche todos los días de la semana. Asimismo, establece horarios diferenciados para discotecas, bares, restaurantes, casinos y otros centros de diversión, además de prohibir el despacho a domicilio de bebidas alcohólicas en los horarios restringidos.
El jurista recordó que en 2022 interpuso, en representación de cientos de propietarios de colmados, una acción ante el Tribunal Superior Administrativo para solicitar la nulidad de esa resolución. Explicó que la demanda fue rechazada en primera instancia, pero posteriormente la Suprema Corte de Justicia anuló esa decisión en agosto de 2025 y ordenó un nuevo conocimiento del caso, proceso que, afirmó, aún no ha concluido.
Rosario sostuvo que, mientras la resolución de 2022 permanezca vigente, las restricciones que afectan a los comerciantes seguirán aplicándose, pese a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el decreto de 2006.
Finalmente, hizo un llamado al ministro de Turismo, David Collado, y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que deroguen la resolución, al considerar que vulnera derechos constitucionales relacionados con la libertad de empresa y otras garantías consagradas en la Constitución.
