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Sector Social reclama  retomar el Pacto Eléctrico desde el ejercicio democrático para superar la crisis

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Actualizado el: 15 enero, 2021 - 4:34 PM (-04:00)

Declaración de prensa
Tal y como lo dijo el Sector Social del Pacto Eléctrico el 21 de diciembre de 2017, “imponer como pacto eléctrico un acuerdo tras bastidores arreglado con una parte de la cúpula monopólica del gran empresariado que es beneficiaria de la crisis y el desorden en el sistema eléctrico dominicano”, solo asegurará el aumento de “la tarifa eléctrica,

antendrá las pérdidas de energía eléctrica que es donde está concentrada la corrupción, eliminará de la ley que obliga pago de compensación por los apagones, suprimirá el 10% que deben pagar los usuarios no regulados y no establecerá la veeduría social independiente en todo el sistema eléctrico”.

En esta afirmación coinciden las entidades que conforman el Sector Social y los Consumidores con diversas asociaciones empresariales industriales, de comerciantes y de servicios hoteleros y en general, severamente afectadas en forma múltiple por la manipulación de los cargos y pagos por potencia y múltiples irregularidades de las EDEs.

No existe ningún documento consensuado sobre el Pacto Eléctrico, se violentaron las reglas de discusión, la metodología y el rol de los órganos técnicos creados por la Plenaria del Pacto para facilitar el proceso. En eso coincidieron toda la sociedad civil, una parte de las entidades empresariales no monopólicas y una parte del sector laboral.

El PRM, de forma particular, Antonio Almonte, actual Ministro de Energía y Minas, estableció, al momento de denunciar el último intento de forzar la firma de un documento como si fuese el pacto, en febrero del 2019, que “se esperaba que el Pacto Eléctrico propondría cambios radicales en la manera de designar el personal gerencial de las empresas públicas y otras medidas para acabar con el despilfarro y agregar eficiencia empresarial. Pero no lo hizo.”

Expresó también que “En el documento oficial el Palacio (Nacional) propone mantener los tres consejos y no sugiere ningún cambio en el mecanismo de escogencia de gerentes y en la dinámica de administración y controles que obligue competir y garantice eficiencia y despolitización” y “no está de acuerdo con un pacto que deje exactamente igual las fuentes de politización e ineficiencia de las empresas distribuidoras”.

El PRM y el Ministro Almonte valoraron que el documento que ahora presentan el Ministro Macarrulla y la Comisión del Sector Eléctrico, como un documento prácticamente listo para ser firmado, constituye “un esquema inexplicable y que contradice la ley, el fundamento de cualquier mercado y también todos los estudios sobre tarifas contratados por la propia Superintendencia y el Gobierno en pasado reciente.”

¿Qué cambió entonces para que ahora en nombre de gobierno y en voz del nuevo Presidente del CES se diga que todo está listo para la firma del pacto?

Si se apuesta a la transparencia y la verdad, el Pacto Eléctrico debe ser retomado desde un CES verdaderamente renovado conforme la ley, en el marco de la transparencia, sin manipulación de los grupos empresariales poderosos y del funcionariado responsable del desastre del sector, siguiendo la metodología aprobada del consenso y restableciendo todos los órganos creados por la plenaria del pacto.

Todo esto es posible hacerlo en un tiempo relativamente corto, pero sin festinar el proceso tecno-científico que se requiere para asegurar que el país supere el desastre que significa la crisis del sector eléctrico, el régimen de impunidad existente en el mismo y la ausencia de un régimen de consecuencia a las violaciones de la ley.

Quienes gobiernan, en coherencia con su palabra y propuestas programáticas, no tienen otra alternativa que reiterarse en sus planteamientos de fondo cuando decían que “la reticencia del sector privado en la inversión en proyectos de generación al ritmo y escala necesarios se debió, principalmente, a la profunda crisis financiera de las distribuidoras, la incertidumbre en la regulación y, también, a las propias lógicas y legítimas estrategias de optimización de utilidades de sus empresas” y que “el PRM esperaba que en la propuesta de Pacto Eléctrico ese tema fuera abordado directa y profundamente y que se propusieran iniciativas innovadoras para corregir tan grave falla en el mercado mayorista palmariamente revelada por la dura experiencia de casi 20 años.”, para terminar preguntándose que cómo podía pedírsele firma “un pacto que ni menciona, ni propone nada sobre tan crucial aspecto estructural del sector para atraer de manera automática y eficiente inversiones privadas [¡no estatales!] continuas en nuevas plantas de generación?”

De igual forma abordaron la cuestión de la regulación del sistema y “la violación frecuente de la Ley de Electricidad y otras normativas”, sin que ello implique ningún régimen de consecuencias.

El Sector Social, quiere apoyarse y repetir lo planteado por el PRM y Antonio Almonte sobre ese documento:

“Todo mundo sabe que en un mercado con participación de poderosas empresas privadas locales y extranjeras, y también de empresas estatales directamente articuladas con el poder político, la regulación efectiva requiere fortaleza técnica, independencia política e independencia económica. La independencia del regulador es la primera garantía de su eficiencia operativa… (como igualmente se propuso) una modificación al mecanismo de designación del cuerpo regulador de la Superintendencia de Electricidad, y otras para eliminar o reducir su actual dependencia económica tan directa respecto a los aportes de las empresas públicas y privadas bajo su regulación y supervisión… (lo que fue rechazado en el documento que ahora se reclama válido, cuando) se consignó en el documento oficial dejar igual la discrecionalidad absoluta del presidente de la Republica para la designación de los reguladores y también que la SIE tenga que seguir haciendo gestiones directas con las empresas privadas que regula para que le paguen la cuota mensual y lo mismo con las empresas estatales. Según el Pacto propuesto la regulación del sector anda muy bien, la ley se cumple y nada hay que mejorar”.

A todo esto, quienes nos piden que se firme ese documento irregular y no consensuado, le consideran como un documento de “distorsiones”.

Creemos en lo que coincidíamos antes. Creemos en un Pacto Eléctrico para relanzar el sector, conjurar las distorsiones, asegurar la transparencia, la eficiencia, la sustentabilidad ambiental, técnica y financiera. Jamás, como dijo Antonio Almonte y el PRM, “no para un movimiento cosmético, politiquero, que al final, terminaría como ocurrió en el 1999 con la malhadada capitalización de la CDE realizada por la famosa CREP bajo orientación del PLD y Leonel Fernández”.

El Pacto Eléctrico es una oportunidad histórica para garantizar a la ciudadanía y a los sectores productivos un servicio eléctrico verdaderamente universal, de calidad, eficiente, confiable, resiliente, ambiental y financieramente sostenible.

Por esto, las organizaciones de la Sociedad Civil participantes del proceso del Pacto Eléctrico, llamamos al CES y todos sus actores integrantes y a la Plenaria del Pacto, a que SE RETOMEN LOS TRABAJOS PARTIENDO DE UNA AUDITORIA DE LAS PROPUESTAS (CONSENSOS Y DISENSOS), DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE TRABAJO, LA FLEXIBILIDAD DE LOS ACTORES PARTICIPANTES PARA MEJOR EJERCICIO DEMOCRÁTICO Y EL RESPETO ABSOLUTO DE LA METODOLOGIA ASUMIDA BASADA EN EL CONSENSO.

Por la Sociedad Civil del Pacto Eléctrico:

• Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD
Maritza Ruiz
Fernando A. Peña S.
• Instituto de Energía de la Facultad de Ingeniera de la UASD
José Luis Moreno San Juan
• Ciudad Alternativa
Ricardo González
• Foro Ciudadano
Carmen Elizabeth Tejeda
• Asociación de Comités de Amas de Casa (ASCADINA)
Ana Bertilia Cabrera
• Articulación Nacional Campesina (ANC)
Ynés Rossó
• Confederación de Técnicos de la Educación (CONDETRE)
Juan Ramón Santana Pérez
• Instituto de Educación y Acción Cooperativa (IDEAC)
Nicolás Cruz
• Federación de Cooperativas Eléctricas (FEDOCOPE)
Héctor Custodio
Fernando Castro
• Federación de Comerciantes “La Unión”
Julio César López Fajardo
• Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCCC)
Enrique de León
• Hermandad de Pensionados y Jubilados de la CDEEE)
Héctor Gonzales
Balerio Castillo

Santo Domingo, D.N
27 de octubre de 2020

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