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Silencio Administrativo en la justicia dominicana

Por Hilda Nieves Sánchez Luna
Jueza Presidenta Tribunal Colegiado
Distrito Judicial de Monte Plata.

El Silencio Administrativo ha sido definido por el Diccionario Jurídico Español de la RAE y del CGPJ como la estimación o desestimación tacita respecto a la solicitud que hiciere el ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido.

En nuestro país el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0564/18 define el Silencio Administrativo como una ficción jurídica que permite a las personas considerar acogida o desestimada una solicitud presentada a la Administración cuando esta última no responde expresamente a ella dentro del plazo legal o razonable.

Existen dos tipos de silencio administrativo donde se ubica el positivo y el negativo; en ese sentido igualmente se refiere el Tribunal Constitucional en su decisión TC/0420/2016, señalando que se conoce como silencio administrativo negativo a la omisión de respuesta de una solicitud realizada a una autoridad administrativa; y es positivo cuando a falta de respuesta se considera que la administración ha dado una respuesta afirmativa a las pretensiones del administrado.

Luego de recoger lo que se ha indicado en nuestro ordenamiento jurídico respecto al silencio administrativo y sus derivados, tengo a bien establecer que ambos tipos de silencio según nuestro Tribunal Constitucional recaen sobre la falta de respuesta de la administración pública hacia con los ciudadanos, que acuden en busca de una solicitud y que cada Ministerio o dependencia del Estado disponen de un tiempo reglamentario para dar respuesta a lo que allí le es requerido, omitiendo referirse sobre lo peticionado.

A nuestra consideración no debe la Administración Pública y sus dependencias indicar cuando es el momento procesal en que un ciudadano estuviere frente a un silencio positivo o negativo, sino más bien que es atribución del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo señalar en qué tipo de silencio administrativo encaja lo que en algún momento fue solicitado y no se tuvo respuesta, por tratarse este ultimo de un tercero imparcial. Todo esto debido a que la administración publica no puede fungir como juez y parte en un proceso, sino que para ello ha sido creado el Tribunal Superior Administrativo.

La Ley 13-07 sobre el Tribunal Superior Administrativo en su artículo 5 dispone que habrá un plazo de 30 días para interponer recurso por ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo a partir de la notificación del acto administrativo; pero en caso de no darse respuesta en el plazo anteriormente establecido, nos encontraríamos frente a un silencio administrativo en donde el plazo iniciaría a computarse al término en el cual debió darse respuesta por escrito.

Por tanto, a modo de conclusión, cuando se acuda a una institución o dependencia del Estado en busca de una respuesta para consecuentemente calar a otras instancias y en el plazo de 30 días no se haya notificado respuesta por escrito, debemos considerar que estamos frente a un silencio administrativo, por tanto dependiendo si la respuesta hubiese sido afirmativa o negativa, habría que valorar el silencio positivo o negativo, siendo esta facultad aclararla no por la propia Administración Pública, sino por el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

 

 

Publicado por Julio Benzant

Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com
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