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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció este jueves un paro de los docentes y movilizaciones en todas las provincias del país para este lunes, 26 de febrero. El sindicato ha convocado la huelga para exigir una discusión paritaria nacional para fijar los salarios y repudiar las desmejoras en sus ingresos decretada por el Gobierno del presidente Javier Milei.
«Lo que va a suceder con la docencia argentina es que va a cobrar menos, no que no va a tener aumento. Hasta ahora, lo que está pasando es que no se enviaron los fondos a las provincias del fondo compensador, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), de los fondos para los programas educativos», explicó a CN5 la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso.
La agencia Télam recoge que el sindicato acordó el llamado a la huelga general tras la celebración de un congreso extraordinario y una vez que el Ejecutivo accedió a discutir las paritarias el próximo martes 27 de febrero, pese a que el calendario escolar inicia el lunes en 10 jurisdicciones del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Inédito» y «sin antecedentes»
La dirigente gremial llamó a recordar que en el transcurso de la semana se comunicó que «los fondos que dependen de leyes (…) sancionadas en el Parlamento nacional, no se van a enviar a las jurisdicciones», y esto afecta a materias que incluyen salarios, infraestructura, comedores escolares y pago de horas extras, lo que se conoce en el país como «quinta hora».
«Como se plantea, realmente va a afectar a las familias argentinas y va a afectar a los docentes. Muchos docentes ayer tomaron conocimiento de que además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora; con lo cual, lo que vamos a tener como resultado es que no solo los docentes no van cobrar más, sino que van cobrar menos. Ese es el escenario», recalcó.
Alesso consideró como «inédito» y «sin antecedentes» el ajuste impuesto por la Administración mileísta sobre el sector educativo. «Creo que, verdaderamente, es un ajuste más brutal que el de los años 90 y va a afectar a toda la educación, no solamente nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras», completó.
En la víspera, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno tomó «la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación servicio esencial». De concretarse la iniciativa, esto impediría la convocatoria a huelgas masivas, pues por ley los empleados de sectores prioritarios deben garantizar una prestación del servicio no inferior al 75 %.
