Por Robert Vargas Dicen por ahí que «la ignorancia es atrevida» y, quizá es por esto que un grupo de regidores del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), se han tomado a chiste o en tono desafiante, el segundo paso que ha dado el letrado Miguel Surun Hernández que podría conducir a varios de esos funcionarios, al alcalde Manuel Jiménez y a otros más condenados a prisión.
Ayer, Surun Hernández, en representación de la Fundación Primero Justicia, que él preside, y de la munícipe de SDE y abogada Catherine Castellanos, sometieron por ante el presidente del Concejo de Regidores del ASDE, Franklin Marte, un recurso de reconsideración a la resolución de ese ente mediante la cual fue aprobada una transferencia presupuestaria de 300 millones de pesos que le solicitó el alcalde Jiménez.
Sin embargo, varios concejales, entre ellos algunos que son licenciados en Derecho pero sin ninguna o escasa experiencia como litigantes en casos municipales y/o penales, reaccionaron desafiantes y en tono burlón y han expresado su rechazo a que la solicitud de Hernández y Castellanos sea colocada en la agenda por el presidente Marte.
Grave error, puesto que, es evidente, todos desconocen que el próximo paso de los recurrentes será el sometimiento penal contra todos quienes ellos consideren que incurrieron violaciones a la Ley 176-07 en relación al presupuesto municipal del año 2021 en el ASDE.
Ahora podrán reír de buena gana; pero ese estado de alegría y autosatisfacción podría variar cuando el Ministerio Público comience a citarle para interrogarlos sobre lo que hicieron en colaboración con Jiménez, el Contralor Municipal y el Tesorero Municipal.
Los procesos judiciales muchas veces inician su movimiento como si se trataran de una pequeña piedra que se desliza hacia abajo arrastrando consigo cada vez y más y más nieve hasta convertirse en una avalancha que arrasa con todo.
Pero eso, parece que algunos en el Concejo de Regidores lo desconocen y, en el caso del alcalde Jiménez, no tendría mayor importancia puesto que él da la impresión de que interpreta la aplicación de las leyes a su mejor conveniencia. Y eso no es bueno, y puede ser peligroso.
¿Cuáles son los fundamentos de Hernández y Castellanos?
En principio, los dos han sentado las bases jurídicas con las que pretenden demostrar que tienen calidades para actuar como requirientes.
Él como representante de la Fundación Primero Justicia, y ella como munícipe que siente afectada sus intereses.
El objeto de la Fundación Primero Justicia es, según sus estatutos, es la prevención de la corrupción administrativa, cese de la impunidad y la fiscalización de la legalidad de las actuaciones públicas.
De su lado, Castellanos recurre a su condición de munícipe de Santo Domingo Este que ha podido ser afectada por las actuaciones del Ayuntamiento.
Miguel Surun Hernández
¿Qué le preocupa a los requirientes?
Ocurre que recientemente, el alcalde Manuel Jiménez se percató de que se quedó sin dinero suficiente con el que pagar los sueldos de octubre, noviembre y diciembre de los empleados del ASDE.
También que le faltaba dinero para pagar el sueldo 13 a los servidores públicos y una partida adicional para comprar combustible, entre otras cosas.
El Contralor Municipal, Pascual Disla, le dijo a los regidores que la carencia de recursos económicos ocurrió porque el alcalde Jiménez disparó hacia arriba los gastos en nómina.
La Ley 176-07 establece con precisión que el tope máximo para gastos en nómina por parte de los ayuntamientos no debe superar el 25% del presupuesto.
Sin embargo, Jiménez, según la explicación de Disla, llevó los gastos en nómina hasta un poco más de 42%.
Así, debido a una deficiente gestión de los fondos puestos bajo su administración, el alcalde se quedó sin dinero para cumplir con los compromisos del ASDE y solicitó a los regidores que le aprobaran una transferencia presupuestaria de 300 millones de pesos, la que fue aprobada por el Concejo, a pesar de que fueron advertidos de la presunta ilegalidad de esa transferencia.
Incluso, el Contralor Municipal le dijo a los regidores que la transferencia solicitada por Jiménez estaba dentro de la norma y animó a los concejales a aprobarla.
Así, tras ser aprobada la transferencia, Jiménez comenzó a gastar los 300 millones de pesos, sólo él sabe como.
Ahora bien, de acuerdo con la pieza aprobada, Jiménez habría despojado de fondos al Presupuesto Participativo y otras partidas relacionadas con las inversiones municipales y algo del 4% de Género y Salud.
Esto está demostrado en el hecho de que al menos 23 de los 33 regidores aprobaron la transferencia, a pesar de que previamente fueron advertidos mediante acto notarial de que no lo hicieran.
También en el desafío abierto tanto del alcalde Jiménez y del Contralor Municipal al planteamiento del jurista.
Todos ellos creen y aseguran que están en lo correcto y actúan en consecuencia, sin esperar a que sea un tercero imparcial, (un tribunal) quien decida quien tiene o no la razón.
El problema es…
El problema para los regidores, el alcalde, el Contralor Municipal y el Contador es que, si el tercero imparcial decidiera que ellos pisotearon la ley al despedazar el presupuesto municipal, entonces podrían ser condenados a pagar fuertes suma de dinero de sus bolsillos particulares y/o ser condenados a penas de prisión de entre dos y cinco años y al impedimento para ocupar cargos públicos durante una buena cantidad de años.
