Raquel Cruz Díaz

Tensión entre el derecho colectivo al espacio público y el derecho al trabajo

Por Raquel Cruz
El espacio público tiene un valor social que genera familiaridad, confianza, respeto y paz en las comunidades, indiscutiblemente mejora las condiciones de vida de los ciudadanos en las grandes urbes, espacios públicos seguros hacen la ciudad más segura.

Proteger el espacio público permite concretar la igualdad y así debe ser abordado por los gobiernos locales, el espacio público donde la gente se reúne y se expresa libremente, donde la gente camina con libertad y tranquilidad, un espacio público para todos es un signo de equidad.

Lamentablemente esta armonía se ve afectada con la ocupación de estos espacios, y es que la ocupación del espacio público no se limita a la colocación  indiscriminada  de vendedores sobre las aceras, sino que además se construyen casetas de venta fijas sobre la misma, los ciudadanos comunes las utilizan como estacionamientos, y los comercios las usan como grandes parqueos, los separadores de tráfico o “conos mamey” reservan con toda propiedad parte de las calles frontales de los comercios para que se parquee su dueño o sus clientes preferenciales, las constructoras realizan sus grandes edificios y utilizan los espacios públicos como depósitos de materiales de construcción.

Toda esta ocupación del espacio público se genera de forma desorganizada y sin ningún tipo de autorización de autoridad competente.

El Tribunal Constitucional de Colombia ha establecido que “La calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad”

Ante todo el trauma que genera la ocupación del espacio público, en los casos que sea posible el otorgamiento de licencias de comercio informal, el gobierno local deberá conceder las mismas con mesura y prudencia, puesto que una vez otorgadas por la autoridad municipal, se generarán derechos sobre los concesionarios, y esto abrirá el espacio para invocar violación del principio de confianza legítima de los ocupantes ante cualquier desalojo, ya que ocuparían el espacio público de manera prolongada, continua, permanente y legal en virtud de una licencia.

No podemos dejar de lado el debido proceso administrativo en cada actuación municipal, la administración local está atada al principio de legalidad. La Administración tiene la disponibilidad de la potestad que al efecto le otorga el ordenamiento jurídico, en modo alguno puede renunciar al control que por ley le es conferido, por el contrario, el ejercicio  de la potestad administrativa es funcional, y está encaminada a preservar la tranquilidad, salud, y medio ambiente de los munícipes.

En sentido general la jurisprudencia constitucional de Colombia ha analizado que en los procedimientos de desalojo de terceros que ocupan los bienes de dominio público, la regla es que el espacio ocupado por vendedores ambulantes que ya han sido favorecidos con licencias, deben entrar en un diseño y ejecución adecuado y razonable, es decir, en planes de reubicación a los mismos puesto que las actividades que se consideran jurídicamente aprobadas y permitidas, en las que de alguna forma la autoridad municipal ha consentido la ocupación del vendedor  mbulante o haya otorgado licencias o autorizaciones.

El ayuntamiento deberá evitar consentir la ocupación del espacio público, ya que si en algún momento de la ocupación ha sido tolerada por la administración municipal al punto de ofrecer servicios básicos tales como limpieza, alumbrado, vigilancia, entre otros, o el cobro de arbitrios, estos podrán ser consideradas expresiones implícitas y tacitas de que la autorización ha sido otorgada por la autoridad municipal, ha consentido su aprobación para la ocupación del vendedor. 

El derecho administrativo ha colocado a la administración municipal una regulación jurídica que tiene como fin limitar el ejercicio del poder, de modo que las actuaciones de la referida autoridad no debe depender de su propio arbitrio, sino que se encuentran amparadas en lo que previamente ha estipulado la ley y que le habilita a actuar.

Es por ello que amparado en el principio de legalidad la autoridad municipal debe tener en cuenta que existe tensión entre el derecho colectivo al espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes, si estos cuentan con licencia para operar por parte de la autoridad local, y que ya ha sido una reiteración jurisprudencial de los tribunales constitucionales de  atinoamérica que el espacio público es un área de especial interés ambiental, que dichos bienes pertenecen a la nación y que es un deber de la autoridad municipal velar por la protección de la integridad del espacio público, debe tener en cuenta el ayuntamiento su protección y su destinación al uso común y que habrá una prevalencia del interés general ante el particular.

Sin embargo cuando los ocupantes del espacio público cuentan con un permiso o licencia, o en su defecto se registra una tolerancia acompañada de cobros de arbitrios y prestación de servicios a vendedores informales, se presume que ellos se encuentran protegidos del principio de confianza legítima, lo que a pesar de ser el derecho al espacio público de interés colectivo pone al  cupante en una situación ventajosa al momento de demandar su desocupación del espacio de dominio público, que trae consigo la posibilidad de tutelar sus derechos por ante la jurisdicción de lo  pontencioso administrativo y presentar al juzgador la posibilidad de imponer a la administración local la obligación de reubicación de ese vendedor y en algunos casos según se trate en particular, la posibilidad de indemnización por daños toda vez que el mismo se encuentra amparado en una promesa de la administración de desarrollar su derecho fundamental al trabajo en un espacio y la referida interrupción le ocasiona un daño.

Como ha destacado la Sentencia no. 607/15 de la Corte Constitucional de Colombia, de fecha 21 de Septiembre de 2015, “Cabe recordar, además, que el Alcalde, como autoridad de policía del municipio, tiene la responsabilidad de hacer cumplir por todos los ciudadanos las normas relativas a la protección y acceso al espacio público, con sujeción a las normas constitucionales, legales y las provenientes de los acuerdos municipales, debido a que el espacio público es un elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, las autoridades municipales de conformidad con la ley deben reglamentar su administración y conservación en los Planes de Ordenamiento Territorial

Es el espacio público un factor que representa el equilibrio en una ciudad, que se traduce en mejoramiento de la calidad de vida de las personas, el espacio público se convierte en un referente de seguridad de las ciudades, la transformación urbana de la ciudad es necesaria porque el espacio público es más de lo que representa visualmente, es convivencia, es paz y tranquilidad, representa equidad e igualdad para la gente, pues sin importar la condición social hacer el uso del espacio público correcto significa hacerlo en igualdad de condiciones.

Hoy más que nunca se hace necesario transformar culturalmente la idea de los ciudadanos, la apropiación debe ser colectiva y debe hacerla la ciudadanía, el espacio público es de todos, debemos pasar un balance pedagógico de la recuperación de los espacios comunes.

Tal y como expresó Jane Jacobs, aquella influyente urbanista opuesta a la planificación urbana moderna, que antepone y encumbra el automóvil por encima de las personas: “La ciudad es de todos, y tiene la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo; sus calles y sus aceras, son sus principales lugares públicos, son sus órganos más vitales”

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