Por Julio Cesar Terrero Carvajal
o que presencié ayer en las instalaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este no puede llamarse de otra manera: vivimos un estado de sitio municipal.
El cabildo, que debería ser la casa del pueblo, parece hoy un cuartel militar. La entrada está bloqueada, la Policía Nacional y la Policía Municipal actúan como fuerzas de represión, y los munícipes que acuden a realizar gestiones deben someterse a humillaciones impropias, anotándose en listas como si fueran sospechosos en vez de ciudadanos con derechos.
El alcalde Dioris Anselmo Astacio Pacheco ha convertido el ayuntamiento en un espacio hostil, cerrado y antidemocrático. En lugar de ser un servidor público, se comporta como un caudillo municipal que cree que puede imponer su voluntad por encima de la Constitución.
Lo más indignante es el cobro de 1,500 pesos disfrazados de “multas administrativas” que afectan directamente a los más humildes: motoconchistas, choferes y ciudadanos trabajadores que apenas sobreviven con lo poco que ganan. No existe ninguna base legal para esta medida, y sin embargo, el cabildo la aplica con mano dura, como si se tratara de un tributo de vasallaje medieval.
¿En qué parte de la Constitución se autoriza a un alcalde a pisotear los derechos de su pueblo? Los artículos 39, 40 y 46 son claros: la dignidad, la libertad y la igualdad de los dominicanos son inviolables. Militarizar el cabildo, impedir el libre acceso y aplicar cobros arbitrarios son violaciones directas a esos principios.
Mientras tanto, los problemas reales del municipio siguen sin respuesta: apagones constantes, escasez de agua, basura en las calles y un descontento generalizado que crece día tras día. En lugar de enfrentar esos males, el alcalde Astacio se dedica a montar un circo de poder y represión.
El pueblo de Santo Domingo Este no eligió un dictador municipal ni un improvisador con uniforme invisible. Eligió a un alcalde para servir, no para reprimir. Hoy más que nunca debemos alzar la voz, porque callar sería aceptar que el Ayuntamiento ya no nos pertenece, sino que ha sido secuestrado por un estilo de gobierno autoritario e inconstitucional.
Llamado a la acción
Es momento de que los regidores del Concejo Municipal, independientemente de su partido, asuman con firmeza el rol de contrapeso que les otorga la ley. Su silencio los hace cómplices de estos atropellos. Y es también el momento de que la sociedad civil organizada, juntas de vecinos, sindicatos, iglesias y asociaciones comunitarias se levanten unidos para exigir transparencia, respeto y dignidad.
El Ayuntamiento no es propiedad privada de un alcalde. Es patrimonio del pueblo, y el pueblo tiene el deber de defenderlo.
