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Por Eddy Olivares Ortega
Desde las elecciones del 20 de diciembre de 1962, en las que fue elegido como presidente de la República el profesor Juan Bosch, hasta las frustradas elecciones municipales del pasado domingo 16, se habían celebrado, ininterrumpidamente, 20 elecciones generales ordinarias.

Es decir, después de cincuenta y ocho años de las primeras elecciones democráticas celebradas a partir de la caída de la dictadura trujillista, acaba de romperse el orden de los plazos constitucionales de las asambleas electorales.

Ni siquiera los fenómenos destructivos de la naturaleza, tan frecuentes en nuestro país, ni el régimen autoritario de Los 12 Años de Balaguer impidieron la celebración de las elecciones en las fechas establecidas en la Constitución Política.

La suspensión por primera vez de unas elecciones generales es un infame golpe a la democracia que quedará marcado para siempre, como una mancha indeleble, en el cuerpo del gobierno de Danilo Medina y en la historia del Partido de la Liberación Dominicana.

Para nuestra nación debe resultar altamente preocupante este precedente, lo mismo que para los demás países de la región, debido a que algunos dirigentes podrían verse tentados a imitar esta mala práctica, con el fin de permanecer en el poder más allá de los límites de sus mandatos.

La consecuencia de este infausto acontecimiento no han sido más graves, porque se trató de la suspensión de unas elecciones municipales, que no reviste tanto interés para la ciudadanía como las presidenciales y congresuales.

El artículo 209 de la Carta Sustantiva establece que las elecciones se celebran de modo separado e independiente, por lo que las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, están establecidas para celebrarse el tercer domingo del mes de mayo, separadas de las municipales que se celebran el tercer domingo del mes de febrero, por un corto e injustificado espacio de tiempo de tres meses.

Sin lugar a dudas, el principal sospechoso de haber cometido este deplorable crimen contra el orden constitucional es el partido oficial.

Todas las encuestas que se hicieron la semana anterior al día de las elecciones reflejaban que el Partido Revolucionario Moderno ganaría la mayoría de las alcaldías, incluidas las del Distrito Nacional, la capital de la República, y el municipio de Santo Domingo Este, el más poblado del país.

Meses antes, algunos de los principales dirigentes del PLD apostaron al triunfo en las elecciones municipales, sosteniendo que el mismo serviría para apuntalar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, que innegablemente no ha logrado conquistar el favor de los electores.

Contrario a lo que aconteció en las elecciones del 2016, en las que el Partido de la Liberación Dominicana, unido entonces y utilizando los recursos públicos sin ningún control, se alzó con 111 alcaldes de 158 y 649 regidores de 1,164, en las del pasado domingo el Partido Revolucionario Moderno se encaminaba hacía la obtención de un triunfo aplastante contra el hegemónico partido morado, el cual después de haber gobernado consecutivamente los últimos 16 años, no estaba preparado para asimilar la humillante derrota a que se exponía.

Finalmente, la investigación del grave atentado del pasado domingo contra la democracia debe ser realizada por expertos independientes, para que sea transparente y, producto de ello, aceptada por los partidos políticos y la sociedad.

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