Un silencio ensordecedor

Por William Perdomo
La tibia o nula reacción de destacadas organizaciones de la sociedad civil dominicana ante sonados escándalos que salpican al gobierno resulta verdaderamente ensordecedora.

Causa estupor e indignación la actitud silente y complaciente que han asumido destacadas expresiones de entidades como Participación Ciudadana, Marcha Verde y la enérgica Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ante turbias situaciones que salpican al gobierno de Luis Abinader y no han levantado su voz.

No se explica cómo organizaciones que en el pasado fungieron de implacables fiscalizadoras frente a actos venales de autoridades, ahora observe con pasividad flagrantes indicios de inmoralidad ética bajo sus narices sin siquiera fruncir el ceño.

Especialmente chirriante ha sido la laxitud de la sociedad civil dominicana ante el aluvión de bochornosas denuncias de corrupción que han detonado este año y provocado crisis ministeriales sin consecuencias jurídicas.

Los ominosos de supuestos casos de malversación destapados en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), donde se forzó la salida con una licencia de su director Hugo Beras, o en la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (OGTIC), cuyo titular Bartolomé Pujals permanece en el cargo imperturbable, no suscitaron de estas organizaciones civilistas algo más que un acongojado mutismo o vagas declaraciones exculpatorias hacia el gobierno.

Mientras el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, asegura que el gobierno “no pasará ni una” en materia de corrupción.

Lo cierto es que realmente «no pasa ni una» son los casos de corrupción sin que ruede una sola cabeza relevante ni se refieran los hechos venales a la justicia ordinaria para las debidas sanciones penales.

Bastan unas forzadas “renuncias” sin consecuencias ulteriores. ¿Dónde está el airado clamor de Participación Ciudadana y Finjus contra la creciente sensación de impunidad?, ¿Dónde quedó la beligerancia que sí evidenciaron frente a irregularidades en pasadas gestiones?

Pero las denuncias de malversación no son las únicas situaciones ante las que la cuestionadora sociedad civil luce hoy amordazada e impotente.

También han coexistido con el incremento meteórico de la deuda externa, la cual ha establecido un nuevo récord en este gobierno, que arrastrarán por décadas futuras generaciones.

O con la irregular concesión de siete aeropuertos nacionales por 30 años a la cuestionada firma Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). Negociados lesivos a los intereses patrios que tampoco merecieron más que una ligera conformidad.

Al no ejercer un rol de vigilancia, denuncia y contrapoder real frente a un gobierno al que adulan en sus informes, estas organizaciones se desdibujan como referentes éticos y se hacen cómplices de los abusos que no condenan.

Su escasa presión fiscalizadora y sus complacientes declaraciones sobre la “intolerancia” del presidente Abinader hacia la corrupción dan la impresión que ahora estas organizaciones están aliadas al statu quo o temen enfrentarse al poder.

Sea por cercanía ideológica al oficialismo o por el temor a represalias, lo cierto es que han claudicado en su rol de ser la voz ciudadana vigilante ante autoridades que dicen combatir vicios que toleran en su entorno. Al no alzar la voz frente a los supuestos casos de corrupción, se vuelven sus cómplices.

Urge que grupos como Participación Ciudadana, Finjus y Marcha Verde abandonen su letargo, recuperen el vigor movilizador que los caracterizó, y se erijan en contrapesos éticos a un gobierno que, con su silencio, parece obtener su visto bueno. La credibilidad de la sociedad civil dominicana está en juego.

O hacen ruido o serán corresponsables de lo que ocurra bajo sus narices.