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(Video)¿Porque fracasan intentos para elegir sustituto del contralor Pascual Disla en el ASDE?

Por Cinthia Polanco
Lo que está pasando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) en torno a la escogencia de un nuevo Contralor Municipal no parece ser tan simple y sencillo como se ve desde afuera.

Ya se sabe que la Sala Capitular ha fracasado en tres intentos seguidos por elegir al sustituto del actual contralor Pascual Disla.

¿por qué no se ha podido poner de acuerdo el Consejo de Regidores?.

Fuentes de entero crédito en esa corporación edilicia aseguran que existe la intención de imponer un contralor o una contralora «hecho a la medida» del alcalde Manuel Jiménez.

Se asegura que hay un acuerdo entre el alcalde y parte de los regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a los fines de imponer al o la aspirante del «agrado» del alcalde.

El acuerdo consistiría en que la administración le otorgaría a ese sector del PRM la potestad de designar toda la empleomanía, más de 20 puestos, de la Contraloría Municipal, a cambio de aprobar la designación del alto funcionario que por cualquier vía presente la administración.

La Contraloría es la dependencia edilicia de contra peso, llamada a fiscalizar el patrimonio del Ayuntamiento para preservar el cumplimiento e integridad del presupuesto, principalmente.

En esos afanes de imponer al candidato o la candidata de la administración, se menciona el nombre del influyente regidor del PRM Robert Arias, que, a su vez, habría encontrado una decidida resistencia de varios de sus colegas regidores dentro de su propio partido.

Esa resistencia es la que explica por qué no se ha podido llegar a un acuerdo en tres intentos seguidos por imponer el jurado que habrá de evaluar al sustituto del actual Contralor Municipal.

El «tranque» se ha producido, según se pudo comprobar en la última sesión del consejo de regidores, porque la administración insiste en imponer que la evaluación para escoger al importante cargo, la haga, no un jurado independiente y calificado, sino un «equipo» orientado por la encargada de recursos humanos de la Alcaldía, que obviamente responde a las directrices de su jefe, que es el alcalde.

Esas intenciones del Alcalde y los regidores del sector del PRM que se beneficiarían con el nombramiento de todas las designaciones de la Contraloría, incluyendo a los auditores, es lo que ha generado, inicialmente, el cuello de botella que ha impedido la designación del o la sustituta del contralor, según se ha explicado.

Ha salido a relucir que la candidata del alcalde para ocupar el cargo de quien está llamado a vigilar las acciones de la Alcaldía, es precisamente otra empleada del ayuntamiento, que también responde a las directrices del Alcalde.

Eso, por un lado.

Por el otro lado están las bancadas de los partidos de oposición que exigen una representación equitativa en la conformación de la comisión evaluadora de los aspirantes al cargo.

La escogencia del Contralor Municipal está legalmente llamada a ser realizada mediante concurso público.

La oposición y un sector de los regidores del propio partido oficial se oponen a lo que algunos han calificado como una «componenda» alegando que ese cargo debe desempeñarlo una persona no vinculada a los intereses del alcalde.

Por lo bajo se comenta que los vicios que presentan los contratos con las compañías recolectoras de la basura y otros aspectos del manejo presupuestal, serían parte de las razones de los escarceos por apoderarse de la Contraloría Municipal con el fin de evitar disidencias como las que supuestamente se habrían presentado con algunos de los actuales auditores del órgano asesor.

También se habla de «transferencias presupuestarias» que podrían haber cogido un rumbo hasta ahora desconocido y que la administración estaría tratando de manejar con un contralor «más amigable».

Las reacciones en los entornos del ayuntamiento son diversas.

» Ellos tienen todo negociado», se ha escuchado decir.

«Por la salvaguarda del correcto desempeño de la función municipal, el contralor no debe responder a la administración, no pueden ser juez y parte», ha señalado el regidor Luis Flores del Partido Fuerza del Pueblo (FP) en medio del «tranque».

«Ellos quieren un contralor de ellos, porque tienen muchas cosas sin explicar» se oyó decir en plena Sala Capitular en la última sesión en la que los regidores no pudieron ponerse de acuerdo por tercera vez consecutiva.
También se habló de «macos y cacatas».

Esas son parte de las impresiones que Ciudad Oriental ha podido recoger en la propia sede del Ayuntamiento.
Sin embargo, el tranque se produce por la objeción de una parte de los regidores que se oponen a que la comisión evaluadora esté compuesta por cuatro representantes del PRM y sin una participación equilibrada de la representación de todos los partidos.

Se refieren a la Comisión que estaría compuesta por los regidores Robert Arias y Mario Villa, ambos del PRM y dos secretarias, también del PRM.

Desde afuera aparentaría como si el «tranque» se debiera a pura politiquería de los partidos, pero desde adentro se ve otra cosa.

Parece que el asunto es más serio de lo que aparenta.

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