Por Juan Antonio Mateo Ciprian
Abogado – Catedrático Universitario
l crimen transnacional organizado es una amenaza que traspasa fronteras y desafía la soberanía nacional. En República Dominicana, el impacto del crimen organizado transnacional se ha potenciado a través de la posición geográfica del país, como punto de transbordo para que estas redes criminales pueden operar como sistemas empresariales corporativos y transnacionales que diversifican sus fuentes de ingresos ilícitos a través del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el lavado de activos. En el caso dominicano, la posición geográfica convierte al país en un nodo entre América del Sur y del Norte. En este sentido, se ha propuesto la cooperación internacional como un elemento fundamental en la prevención, castigo y aprehensión de las estructuras criminales transnacionales.
Este artículo analizará el papel de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, poniendo especial énfasis en las herramientas, estrategias y programas patrocinados por agencias como el proyecto de INL (International Narcotics Law Enforcement – Departamento de Estado de EEUU) implementado por PADF (Fundación Panamericana para el Desarrollo) por sus siglas en inglés, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, así como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y el Drug Enforcement Administration (DEA).
Asimismo, el crimen organizado transnacional representa uno de los retos más complejos de la seguridad internacional y el desarrollo humano en la actualidad. A lo largo de las últimas décadas, las organizaciones criminales han evolucionado de forma paralela a los procesos de la globalización, aprovechándose de los avances tecnológicos, las rutas comerciales y las brechas institucionales para aumentar su influencia. (UNODC, 2023).
Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha fortalecido su relación con agencias multilaterales y bilaterales, incluida la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, la INTERPOL, la EUROPOL y la DEA, lo que ha contribuido sustantivamente con las capacidades institucionales, la profesionalización de los cuerpos de seguridad y el intercambio de información de inteligencia. En particular, se pueden describir elementos fundamentales como: a) la cooperación internacional como herramienta estratégica; b) la cooperación internacional como el mecanismo fundamental para fortalecer las capacidades de los Estados para combatir el crimen organizado.
En este contexto, la Convención de Palermo 2000 estableció la cooperación de los países a través del intercambio de información, asistencia legal mutua, extradición y capacitación técnica. En el caso de la República Dominicana, estos supuestos se han concretado en una serie de convenios bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y otras naciones del Caribe y América Latina. Además, el país es miembro activo de organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que fomentan la cooperación técnica, legal e institucional. Estas alianzas han permitido al Estado capacitarse para combatir delitos complejos, como el lavado de activos, la corrupción y el narcotráfico (UNODC, 2023).
Igualmente, el proyecto de INL (International Narcotics Law Enforcement – Departamento de Estado de EEUU) implementado por PADF (Fundación Panamericana para el Desarrollo) brinda apoyo constante en el desarrollo de la capacidad institucional y asesoría de la República Dominicana. Este apoyo abarca desde el suministro de equipos de alta tecnología hasta la capacitación de fiscales, jueces, militares y agentes policiales involucrados en la investigación del crimen organizado, frente a tipologías como tráfico nacional e internacional de drogas, lavado de activos y extinción de dominio, el análisis financiero y las técnicas avanzadas de entrevista, entre otras técnicas especializadas.
Por ello, cabe destacar que entre los programas más destacados se encuentra la reforma del sistema de justicia penal para introducir unidades especializadas encargadas de los delitos financieros, el cibercrimen, implementación y desarrollo de la fuerza de tarea conjunta, extinción de dominio y el tráfico de drogas. Además, estos aportes han servido para fortalecer laboratorios forenses especializados e instalación de sistemas biométricos para la identificación de sospechosos, implementando programas de integridad institucional y rendición de cuentas.
Si bien estos esfuerzos han permitido al Estado Dominicano fortalecer su marco legal y operativo, fomentando al mismo tiempo la especialización profesional dentro del aparato de seguridad. No obstante, persisten los desafíos relacionados con la sostenibilidad del programa, ya que la dependencia de fondos externos plantea problemas de continuidad a largo plazo. Además, la DEA ya trabaja en operaciones conjuntas con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República. Particularmente, la DEA ha logrado desmantelar las redes de estos vividores relacionadas con los carteles suramericanos en 2024.
A pesar de los logros alcanzados, la cooperación internacional enfrenta limitaciones estructurales. En primer lugar, la coordinación interinstitucional dentro del país sigue siendo débil, con duplicidades en funciones y falta de comunicación efectiva entre organismos. En segundo lugar, la corrupción sigue minando la efectividad de los esfuerzos internacionales, afectando la credibilidad y transparencia de las instituciones (Transparencia Internacional, 2023).
Igualmente, la sustentabilidad financiera y las garantías que financian los programas representan perspectivas y desafíos futuros; sin embargo, a pesar de limitaciones y desafíos, la cooperación internacional sigue siendo fundamental para el combate del crimen organizado. También, el Estado debe considerar la continuidad de la armonización del marco jurídico, la unión de las tecnologías de inteligencia artificial para el análisis y la difusión de datos delictivos.En conclusión, en la República Dominicana, la cooperación internacional ha sido una parte clave del fortalecimiento institucional frente a las amenazas del crimen organizado transnacional. Con la colaboración de la INL, INTERPOL, EUROPOL, DEA y más, el país ha fortalecido su trabajo en el ámbito interinstitucional, entrenamiento técnico, inteligencia compartida y la modernización de sus aparatos de seguridad y justicia. Como resultado, varias redes criminales que trafican narcóticos, lavan sus ganancias, migrantes y trata de seres humanos se han desmantelado, creando un sistema de respuesta más ágil, informada y profesional.
En definitiva, varios desafíos subyacentes han prevenido que dicha cooperación sea más eficaz en el tiempo.
Estas barreras incluyen la corrupción, la coordinación insuficiente entre instituciones nacionales y la dependencia de fondos extranjeros. Para asegurar la sostenibilidad de programas y políticas de seguridad, el Estado debe asumir a largo plazo la inversión, rendición de cuentas y formulación de estrategias. Además, la cooperación debe ampliarse a la prevención social y la educación ciudadana, integrando inclusión, desarrollo y políticas comunitarias. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el profundo análisis de datos, por último, requieren un uso estratégico para anticipar y desarticular amenazas, pues su continuación girará en torno a concreta voluntad política, la transparencia y la sostenibilidad institucional.
