Por Jose Nuñez
as sociedades no suelen producir sus grandes contradicciones de un día para otro. La pérdida de confianza en las instituciones, la corrupción, la impunidad y la percepción de injusticia crean las condiciones para que surjan figuras que desafían el orden establecido y son vistas por amplios sectores como instrumentos de reivindicación social.
A ese fenómeno puede denominarse el vengador social.
No se trata de un personaje que aparece de manera espontánea, sino del resultado de un profundo deterioro de la credibilidad institucional. Cuando una parte importante de la ciudadanía deja de creer en la justicia, en los partidos políticos y en la capacidad del Estado para garantizar el bien común, comienza a depositar sus esperanzas en individuos que prometen hacer, al margen de la ley, aquello que las instituciones no han podido o no han querido hacer.
La paradoja es que estos personajes suelen ser percibidos no como delincuentes, sino como defensores de los intereses populares. En ese contexto, la legalidad pierde terreno frente a una noción de legitimidad construida sobre el respaldo social. Lo que es ilegal deja de ser condenado si una parte significativa de la población lo considera moralmente justificable.
Este proceso favorece la aparición de formas de bandidaje social, en las que determinados grupos encuentran respaldo y protección en comunidades que los consideran aliados frente a un sistema que juzgan incapaz de responder a sus necesidades.
La historia ofrece numerosos ejemplos de sociedades que, decepcionadas de sus instituciones, terminaron idealizando a líderes con pretensiones redentoras. Sin embargo, cuando la figura del salvador sustituye la fortaleza de las instituciones, el Estado de derecho comienza a debilitarse y la convivencia democrática entra en una zona de riesgo.
La respuesta a la frustración colectiva no puede ser la exaltación del vengador social, sino el fortalecimiento de las instituciones, la aplicación imparcial de la ley y la recuperación de la confianza ciudadana. Solo así la legitimidad y la legalidad dejarán de verse como conceptos enfrentados y volverán a complementarse como pilares de una sociedad libre, justa y democrática.
