lunes, 7 de septiembre de 2026
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Ramfis rechaza enseñanza obligatoria del creole

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez-Trujillo, pidió a la Cámara de Diputados rechazar de manera tajante el proyecto de ley que propone establecer la enseñanza obligatoria del creole en el currículo educativo dominicano.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, y a los demás legisladores, Domínguez-Trujillo calificó la iniciativa, presentada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Julio César Beltré, como una propuesta que va más allá de una modificación curricular, porque, según afirmó, toca aspectos relacionados con la educación, la identidad nacional, la política migratoria y la soberanía.

El dirigente político sostuvo que cualquier ciudadano que quiera aprender creole tiene libertad para hacerlo, pero rechazó que el Estado convierta su enseñanza en una obligación para los estudiantes dominicanos.

Afirmó que las escuelas deben concentrarse en fortalecer el dominio del español, el inglés, las matemáticas, las ciencias, la tecnología y las competencias digitales, áreas que considera fundamentales para preparar a los jóvenes para competir internacionalmente.

Domínguez-Trujillo también apeló al artículo 29 de la Constitución dominicana, que establece el español como idioma oficial de la República Dominicana.

En ese sentido, cuestionó que los estudiantes dominicanos sean obligados a aprender el idioma de una población extranjera y planteó una interrogante que, según dijo, está en el centro de la discusión: “¿vamos a integrar al inmigrante a la República Dominicana o vamos a comenzar a adaptar la República Dominicana al inmigrante?”

El presidente del PED vinculó directamente el proyecto con la crisis migratoria haitiana y acusó al Estado dominicano de no haber logrado controlar de manera efectiva la migración irregular.

También reclamó mayor control de la frontera y la repatriación, conforme a las leyes y al debido proceso, de quienes ingresen ilegalmente al territorio dominicano.

En su comunicación, cuestionó además al Gobierno de Luis Abinader y al PRM, al considerar preocupante que la propuesta haya sido presentada por un diputado oficialista.

Preguntó si se trata de una iniciativa individual del legislador o si existen otros sectores dentro del partido de Gobierno que respaldan ese criterio.

Domínguez-Trujillo también criticó las políticas migratorias oficiales y afirmó que las deportaciones anunciadas por el Gobierno no siempre pueden ser verificadas, mientras aseguró que la presión migratoria continúa afectando servicios como educación, salud, seguridad pública y el presupuesto nacional.

El dirigente recordó además que su organización había planteado anteriormente la construcción de un muro fronterizo para reforzar el control de la frontera con Haití. Sin embargo, consideró que la actual verja perimetral construida por el Gobierno resulta insuficiente y permeable.

La carta también recurre a la historia de las relaciones entre República Dominicana y Haití para defender la separación entre ambas naciones. Domínguez-Trujillo sostuvo que los dos pueblos comparten una isla, pero poseen procesos históricos, idiomas, culturas, instituciones y tradiciones diferentes.

Asimismo, denunció la existencia de presiones internacionales sobre República Dominicana para asumir mayores consecuencias derivadas de la crisis haitiana.

“Haití necesita soluciones, pero la solución de Haití no puede ser la República Dominicana”, afirmó.

Finalmente, Domínguez-Trujillo advirtió que el Partido Esperanza Democrática enfrentará el proyecto en los escenarios democráticos, políticos, legislativos, institucionales y constitucionales que considere necesarios.

Pidió directamente a los diputados que “rechácenlo” y no permitan que la iniciativa avance.

“No estamos defendiendo la intolerancia hacia ningún pueblo, estamos amparando el derecho de la República Dominicana a seguir siendo la República Dominicana”, sostuvo.

La comunicación fue fechada el 6 de septiembre de 2026 y dirigida formalmente al presidente de la Cámara de Diputados y a los miembros del Congreso Nacional.