Apagones, sobrefacturación y aumentos de la tarifa, golpean a hogares, comercios y MIPYMES, mientras crece la percepción de que la población está pagando una Reforma Fiscal Disfrazada.
al parece que no fue necesario que la reforma fiscal fuera aprobada por el congreso nacional, además que de esta forma se visibilizaba mucho más el impacto negativo en el bolsillo de los dominicanos. Entonces fue cuando algún genio del gobierno descubrió que si la intención era que el gobierno recaudara mucho más recursos la reforma fiscal tenía que impactarnos a todos, la Factura Eléctrica era el medio ideal puesto que nos toca a todos en los campos y ciudades, de múltiples manera residencial, comercial, o empresarial, de manera directa y silenciosa.
Mientras miles de hogares y pequeños emprendimientos reciben cada mes facturas que consideran desproporcionadas con relación a su consumo, los pequeños y medianos negocios soportan una presión todavía mayor.
Para una MIPYME, la electricidad no es simplemente un servicio, es un costo de producción que determina sus precios, su rentabilidad, y en muchos casos hasta su permanencia en el mercado.
El problema adquiere una dimensión preocupante cuando el aumento de las facturas coincide con las bajas ventas por el constreñimiento de la economía y escasez del circulante, frecuencia en las interrupciones del servicio, variaciones y fluctuaciones en el suministro provocando daños en los equipos eléctricos, generando el cuestionamientos colectivo de la población sobre el mal servicio y la abusiva facturación.
El golpe demoledor a las MIPYMES
Las micro, pequeñas y medianas empresas radica en que estas tienen menos capacidad para absorber aumentos de costos como los tienen las grandes empresas a través de irritantes subsidios y concepciones. Cuando le sube la factura eléctrica, el pequeño empresario tiene pocas alternativas, está obligado a subir los precios, reducir gastos, disminuir personal, limitar sus operaciones o cerrar el negocio.
El impacto se multiplica porque el aumento de la electricidad no termina en la factura. Se traslada al precio de los alimentos, en los restaurantes, talleres, salones de belleza, colmados, pequeñas industrias, panaderías, comercios y prácticamente todas las actividades que dependen de la energía para producir o prestar servicios.
Por eso, cualquier incremento injustificado de la factura eléctrica puede terminar funcionando como un impuesto indirecto sobre la producción nacional.
Existe evidencia real de la Sobrefacturacion puesto que el señor Celso Marranzini, pasado director del organismo que rige el sistema eléctrico afirmó que ciertamente existió una mafia que triplicaba el consumo de la factura eléctrica para aparentar una disminución en las perdidas y presentar un aumento en las recaudaciones. Sabiendo que al llegar este gobierno en el 2020, el subsidio del gobierno a las EDES no llegaban a 500 de dólares, y 6 años después este monto ha sido triplicado más de 3 veces. El señor Marranzini fue tan específico que descaradamente informó en televisión nacional que más de 42 mil clientes en Santo Domingo Este fueron estafados por uno de los 6️⃣ administradores que ha tenido EDEESTE en estos 6 años de administración de este gobierno…
Lo inmoral y vergonzoso de esta denuncia fue que el como jefe y administrador del sistema tampoco hizo nada por resarcir a las usuarios, y sancionar ejemplarmente la falta haciéndose cómplice de la situación…
Reforma fiscal por la vía eléctrica
Si el Estado necesita aumentar sus ingresos, corresponde que las medidas sean discutidas públicamente y aprobadas en el congreso nacional, de manera que el ciudadano conozca con claridad cuánto pagará y por qué.
Lo que no puede ocurrir es que una mayor carga económica termine llegando por mecanismos indirectos que el consumidor no puede identificar ni controlar.
Las EDE, por su naturaleza, tienen una responsabilidad especial. Cada factura por sí sola debe poder ser explicada con transparencia, consumo real, tarifa sin un chantaje de subsidio ficticio, cargos adicionales ilegales por cortes cuando una factura está sometida a un proceso de reclamo en la inservible entidad que llaman PROTECON, y cualquier otro concepto que determine el monto final.
La población tiene derecho a saber si está pagando exclusivamente por la electricidad consumida o si está absorbiendo mediante la factura eléctrica, los costos de las ineficiencias del sistema.
Para las MIPYMES, la pregunta es todavía más urgente, dado que en el año 2025 más de 5 mil empresas cerraron sus puertas. ¿ Cuántos negocios pueden seguir soportando aumentos de costos sin perder empleos, competitividad y rentabilidad??
La electricidad debe ser un servicio que contribuya al desarrollo económico del país, no una carga que termine estrangulando a quienes producen bienes y servicios, generando empleos, y pagando múltiples impuestos para el desarrollo del país.
Si la reforma fiscal está teniendo efectos sobre los ciudadanos y las empresas a través del costo de la electricidad, el Gobierno tiene la obligación de explicarlo con números, transparencia y responsabilidad.
Porque al final, la factura no solo llega a la casa, también llega al colmado, al taller, al restaurante, a la pequeña fábrica y a cada MIPYME que lucha diariamente por sobrevivir….#DVERAS.
